Cambio Político Opinión y análisis
Ana Virginia Calzada M.
Me preocupa especialmente que ese cuestionamiento provenga de quien, por la naturaleza de su cargo, tiene también la responsabilidad de respetar y fortalecer la institucionalidad del país.
Resulta inadmisible que las actuaciones cuestionables de unas pocas personas se utilicen para desacreditar a todo el Poder Judicial, poniendo bajo sospecha la honestidad y el compromiso de miles de funcionarios que cumplen dignamente sus responsabilidades. Si existen conductas contrarias a la ley, deben investigarse y sancionarse, sin excepciones. Pero de ahí a sembrar la sospecha sobre miles de funcionarios judiciales hay una enorme distancia.
Jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, técnicos y personal administrativo sostienen diariamente el funcionamiento de la justicia, muchas veces en condiciones difíciles y sin reconocimiento alguno. Son miles de personas que cumplen sus responsabilidades con honestidad y que no merecen cargar con el desprestigio provocado por las actuaciones de unos pocos.
La crítica es necesaria. Ninguna institución pública puede estar exenta de ella. Sin embargo, cuando proviene de las más altas autoridades de la República, exige una responsabilidad aún mayor. Las palabras de quienes gobiernan tienen consecuencias, especialmente cuando se difunden ante audiencias internacionales.
Hay, además, una contradicción que no debería pasar inadvertida. Mientras se cuestiona con tanta severidad al Poder Judicial, hemos visto cómo las inmunidades de altos funcionarios han impedido que determinados procedimientos avancen ante las autoridades competentes. En la Asamblea Legislativa se han producido votaciones en las que las solicitudes de levantamiento de inmunidad no alcanzaron la mayoría constitucional requerida.
La inmunidad puede tener una finalidad legítima cuando protege el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a persecuciones indebidas. Pero esa garantía no debería convertirse en un privilegio personal que impida a sus titulares responder ante la justicia. Su mantenimiento no significa que exista culpabilidad ni inocencia; significa que no se ha autorizado continuar el procedimiento en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.
Cuando una decisión política impide que los órganos competentes conozcan acusaciones formuladas contra quienes ejercen el poder, corresponde preguntarse si esa garantía está cumpliendo su verdadera finalidad.
No podemos exigir que la justicia actúe con rigor frente a unos y, al mismo tiempo, ignorar las dificultades que enfrenta para actuar frente a otros. La igualdad ante la ley no admite conveniencias políticas.
También preocupa la contradicción entre las exigencias que se hacen al Poder Judicial y las condiciones en que debe cumplir sus funciones. Se le reclama mayor eficacia, se le atribuye buena parte de la responsabilidad por la inseguridad que vive el país y se cuestionan constantemente sus resultados. Sin embargo, al mismo tiempo, se han planteado reducciones presupuestarias que, según han advertido las autoridades judiciales, comprometerían su capacidad de respuesta.
No pretendo sostener que el Poder Judicial deba recibir todos los recursos que solicita ni que esté exento de rendir cuentas sobre su utilización. Todo presupuesto público debe justificarse con transparencia. Pero tampoco es razonable exigir mejores resultados sin analizar seriamente las necesidades de personal, infraestructura, tecnología y demás recursos que requiere la administración de justicia.
La independencia judicial no consiste únicamente en que los jueces puedan resolver sin recibir órdenes. También requiere condiciones materiales adecuadas para ejercer sus funciones. Así lo comprendió el constituyente de 1949 al establecer una garantía presupuestaria en el artículo 177 de nuestra Constitución. Esa garantía no excluye el control sobre el gasto, pero reconoce la importancia de asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento de este poder de la República.
La inauguración de una cárcel tampoco debería presentarse, por sí sola, como un triunfo en materia de seguridad. Una sociedad no puede medir sus éxitos por la cantidad de personas que necesita encarcelar ni por el número de establecimientos penitenciarios que construye. Las cárceles pueden ser necesarias, pero su expansión también debe llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo para prevenir la delincuencia, ofrecer oportunidades y evitar que nuestros jóvenes terminen atrapados en la criminalidad.
El verdadero éxito de una política de seguridad no consiste en inaugurar más prisiones, sino en construir una sociedad que necesite cada vez menos de ellas.
Pero las consecuencias de estas confrontaciones no se limitan a nuestras fronteras. Durante décadas, Costa Rica ha construido una reputación internacional basada en el respeto a la democracia, los derechos humanos y la independencia de sus instituciones. Ese prestigio no surgió de la noche a la mañana ni es obra de un solo gobierno. Es el resultado del esfuerzo de generaciones y constituye un patrimonio de todos los costarricenses.
Ocupar la Presidencia de la República supone una especial responsabilidad al referirse a las instituciones del país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Cuanto más alta es la investidura, mayor es la obligación de actuar con rigor, prudencia y respeto por los hechos. La autoridad que confiere el cargo no convierte las afirmaciones en verdades ni justifica que las diferencias políticas se trasladen al exterior a costa de la credibilidad y el prestigio de Costa Rica.
Lo preocupante no es que la presidenta exprese sus diferencias con el Poder Judicial, dentro o fuera del país. Tiene pleno derecho a hacerlo. Lo cuestionable es que, desde la más alta investidura de la República, se formulen señalamientos generalizados que puedan desacreditar a uno de los poderes del Estado, sin distinguir entre las actuaciones individuales y la integridad de toda una institución.
Cuando se presenta al Poder Judicial como un obstáculo para gobernar, resulta indispensable explicar cuáles decisiones concretas han producido ese efecto y por qué. Los controles constitucionales no son, por sí mismos, impedimentos para gobernar; son límites legítimos al ejercicio del poder.
El Poder Judicial no gobierna. Su función es administrar justicia y ejercer las competencias que le atribuyen la Constitución y las leyes. No le corresponde ejecutar las políticas públicas ni responder por los resultados de la gestión gubernamental. Por eso, atribuirle la responsabilidad de las deficiencias del Ejecutivo exige demostrar, con hechos concretos, de qué manera sus actuaciones impidieron cumplir determinadas obligaciones. De lo contrario, el señalamiento corre el riesgo de convertirse en una excusa política para eludir responsabilidades que corresponden a quienes gobiernan.
Ningún gobierno está obligado a coincidir con las resoluciones judiciales. Puede cuestionarlas, impugnarlas por las vías legalmente previstas y promover reformas dentro del marco constitucional. Pero las discrepancias entre poderes deben plantearse con seriedad, sin alimentar una desconfianza indiscriminada hacia las instituciones.
Quienes representan al país deben comprender que sus declaraciones no se agotan en una disputa política interna. Costa Rica ha construido, a lo largo de muchas décadas, una reputación internacional de estabilidad democrática, seguridad jurídica y respeto a sus instituciones. Esa credibilidad tiene un valor enorme. De ella depende, en buena medida, la confianza de quienes invierten en nuestro país, de quienes lo eligen destino turístico y de los gobiernos y organismos internacionales con los que mantenemos relaciones. No podemos ignorar que las palabras de quien ocupa la Presidencia de la República pueden fortalecer esa confianza, pero también debilitarla. Y cuando se pone en duda la solidez de nuestras instituciones ante el mundo, las consecuencias pueden alcanzar a todo el país, no solamente al gobierno de turno.
He dedicado buena parte de mi vida al ejercicio del derecho y a la administración de justicia. Conozco sus fortalezas y también sus debilidades. Sé que hay mucho por corregir y que ninguna institución debe resistirse al escrutinio público.
También conozco a muchos hombres y mujeres que han hecho del servicio judicial una verdadera vocación. Personas honestas y responsables que, en muchas ocasiones, cumplen sus deberes a costa de su tranquilidad, de su seguridad personal y hasta de la de sus familias. Quienes hemos dedicado parte de nuestra vida a la administración de justicia sabemos de los sacrificios y las responsabilidades que esa labor implica.
En abril de 1993 viví el secuestro de la Corte Suprema de Justicia. Es un episodio que permanece en mi memoria y que recuerda los riesgos que, en determinadas circunstancias, pueden enfrentar quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia. Por eso me resulta particularmente doloroso que se pretenda desacreditar a toda una institución por las actuaciones de unos pocos.
Defender la independencia judicial no significa defender a una persona, a un magistrado o a una Corte. Significa defender el derecho de todos los ciudadanos a contar con jueces independientes, capaces de resolver conforme a la Constitución y la ley, sin presiones ni interferencias.
La justicia merece una crítica rigurosa, no afirmaciones superficiales ni generalizaciones irresponsables. La investidura de quien las pronuncia no les da fundamento; por el contrario, le impone una mayor obligación de prudencia y responsabilidad.
La crítica responsable fortalece las instituciones cuando va acompañada de propuestas y de una verdadera voluntad de corregir sus deficiencias. No basta con señalar lo que está mal; es necesario contribuir a que funcione mejor. Gobernar también significa colaborar, buscar soluciones y asumir responsabilidades, no limitarse a señalar las fallas de los demás.
Las personas pasan. Las instituciones permanecen. Y quienes ejercen el poder tienen la responsabilidad de preservarlas y fortalecerlas, porque de ellas depende nuestra convivencia democrática.
