El rechazo de los partidos no refleja inteligencia colectiva

Enrique Gomáriz Moraga

Enrique Gomariz

Con la presentación de resultados de la Encuesta del CIEP de septiembre se resuelven las dudas de varios observadores que pusieron en cuestión los resultados de las encuestas realizadas al cumplirse los primeros cien días de Gobierno de la Presidenta Laura Fernández, que otorgaban un apoyo a su gobierno continuista en torno al 74% de los consultados. Si bien el apoyo neto es menor en esta consulta (64%), el escenario general no cambia: una notable mayoría, entre los dos tercios y los tres cuartos de la población, apoya el proyecto rupturista de Fernández/Chaves, frente a una reducida minoría, entre un quinto y un cuarto de esa ciudadanía, que lo rechaza (el resto no sabe o no contesta).

Cuando la encuesta del CIEP desagrega por instituciones, se reitera la reducida valoración de la población de los partidos políticos, que obtienen la nota más baja de los identificados (4,1). Esta baja calificación es motivo de preocupación o de confirmación, independientemente del apoyo general a la presidencia de Fernández. Incluso algunos observadores muestran satisfacción al respecto. Por ejemplo, un conocido analista que comentó en varios medios los resultados de la encuesta del CIEP, Víctor Ramírez, especialmente crítico con la oposición al gobierno de Fernández, al tratar el tema de la valoración de los partidos políticos, afirma que esta baja valoración “es una muestra de la sabiduría del pueblo costarricense”.

En realidad, este asunto de la consideración de los partidos políticos merece una reflexión detenida, porque constituye una de las claves del funcionamiento de los sistemas democráticos. Y su baja valoración ciudadana tiene una lectura polisémica que es necesario estudiar, también desde la creación de la ciudadanía sustantiva defensora de la democracia. Llegando a los extremos, cabría la pregunta: ¿estamos ante una muestra de sabiduría de la ciudadanía actual o más bien ante una muestra de su baja cultura política? Tal vez una reflexión ponderada permita tomar distancia de esa dicotomía.

En el origen de la democracia representativa, basada en la pluralidad de opciones y el sufragio universal (en torno al cambio de siglo entre el XIX y el XX), los partidos se establecieron como el mecanismo insustituible de la representación de opciones y la intermediación entre la sociedad civil y el sistema político. Cuando Ramírez asegura que en la Asamblea Legislativa están presentes “todas las fuerzas vivas de la nación”, que, desde luego, han llegado a la Asamblea a través de partidos políticos, caben varias opciones: a) que esté mostrando una flagrante contradicción; b) que esté planteando que podría encontrarse una forma distinta (y mejor) de identificar y formalizar la representación de opciones políticas de la ciudadanía en la Asamblea (porque, claro, se excluye la opción de unanimidad, mágica o forzada, que representa el partido único).

Una posibilidad analítica puede consistir en observar si los partidos ya no están cumpliendo (parcial o totalmente) las funciones que tuvieron en su origen. Creo que esa posibilidad podría explicar algunos de los extremos de este asunto (para ello me apoyaré en la investigación “La encrucijada de los partidos en el inicio del siglo XXI”, que realicé por encargo de la Fundación Ebert de Costa Rica).

La principal conclusión que arrojó esa investigación es que, en todo caso, los partidos ya no están solos en las funciones de representación e intermediación. La transmisión de demandas, las funciones de comunicación y formación de opinión han sido progresivamente absorbidas por los medios de comunicación, a fines del pasado siglo, con los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, y en el siglo XXI con la explosión de internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. La ciudadanía ya no depende de los partidos para informarse o para formarse una opinión ponderada de un asunto importante de la vida colectiva. Por esa razón, tienen bastante razón quienes acusan a los partidos de haberse convertido en máquinas electorales y espacios de provisión de personal de la administración de los gobiernos.

Así, la toma de distancia de los partidos puede explicarse por su pérdida de importancia en relación con la comunicación política y la formación de opinión. Pero también puede estar referida a un fenómeno que resulta preocupante: el distanciamiento de la política, la fuga de los “desentendidos” de la necesidad de pensar y procesar las decisiones colectivas. Algo que se ha puesto de manifiesto en los países con constituciones democráticas. La variación actual consiste en tener una baja cultura política, pero manifestarla airadamente a través de las redes sociales (algo que se expresa en la cantidad de basura que se manifiesta en las redes).

Para una democracia pluralista el asunto de configurar corrientes de opinión que se expresen políticamente es simplemente medular. Sin la existencia de mecanismos que garanticen esta posibilidad no puede hablarse de democracia plural. Ello ha estado satisfecho en el pasado siglo mediante los partidos políticos. La pregunta es si podrían configurarse otros mecanismos que cumplan esa función crucial. Se han hecho propuestas sobre la ampliación de la participación en las elecciones de movimientos sociales o de agrupaciones de ciudadanos. Esa es una posibilidad abierta, pero tomando en cuenta algunos parámetros necesarios para el mantenimiento de la democracia ciudadana.

La primera condición para ello refiere al respeto irrestricto del derecho de asociación. Es decir, no puede suprimirse el derecho ciudadano a constituir un partido político de conformidad con los requisitos establecidos en la ley. Prohibir los partidos siempre ha sido muchísimo peor que soportarlos. En realidad, esa ha sido siempre la prueba del algodón de las dictaduras. Otra condición refiere al mantenimiento en el tiempo de la entidad que se presenta a las elecciones. Una ONG, movimiento social o asociación de ciudadanos, debe mantenerse en pie si gana las elecciones mientras dure el periodo de gobierno, porque de lo contrario constituiría una ruptura del contrato alcanzado con la ciudadanía que ha elegido su propuesta de políticas de gobierno. La experiencia de formar agrupaciones políticas que luego se descomponen cuando esa agrupación gobierna, es suficiente amplia de la ingobernabilidad que provoca.

En suma, se trata de saber si, además de los partidos, pueden constituirse mecanismos que garantices el funcionamiento de la democracia pluralista. Puede suceder que se esté en presencia de un proceso de transición en el que los partidos de masas sean sustituidos por partidos de cuadros, más reducidos numéricamente y además sean acompañados por movimientos sociales o agrupaciones ciudadanas que compitan en las elecciones para formar gobierno. Pero ese proceso de transición debe hacerse sin lesionar el derecho a formar diferentes opciones de fuerzas políticas. Porque de lo contrario se avanzaría hacia una democracia plebiscitaria donde la relación entre electorado y líder, característica de los regímenes populistas, sería la predominante.

Para realizar esa transición de forma constructiva parece conveniente evitar el odio a los partidos políticos que se refleja en algunos medios. Y puede que la mejor forma de evitar ese rechazo visceral sea entendiendo los cambios en las funciones de los partidos políticos que se han producido en las pasadas décadas. Los partidos ya no son lo que eran, pero puede que sigan siendo necesarios, al lado de otros instrumentos, para garantizar la configuración de opciones que caracterizan a las democracias pluralistas.

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