SUTEL ahoga al ICE

Rosita Argüello

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). CP/Archivo
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). CP/Archivo

San José, 2 jul 2012 (CP) – Cuando la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagarle a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) el canon de regulación, no imaginó la serie de contradicciones que venían detrás de esta obligación.

El ICE le debe a la SUTEL más de ¢463,9 millones, que corresponde al atraso de dos trimestres que el Instituto se negó a cancelar dicho canon, pues aduce que con la apertura del mercado de las telecomunicaciones no es la única entidad que debe cancelarlo.

“Debe tenerse presente que en la lectura de las nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, no se observa ninguna forma que haya suprimido, suspendido, ni condonado la obligación del pago del canon que tiene el ICE por concepto de regulación. Cabe destacar a su vez, que la cancelación del canon es de suma importancia debido a que esta fuente de financiamiento del ente regulador es para la prestación eficiente de sus servicios. En este sentido, la Ley prevé el cobro de multas e intereses ante el incumplimiento oportuno de dicha obligación”, señala la CGR.

Lo que estaba tras bambalinas fue el “gran descubrimiento para la opinión pública” de que el canon de regulación es el único mecanismo de financiamiento de la actividad regulatoria, necesaria para su operación y para garantizar su debida funcionalidad. El pago adeudado corresponde al cuarto trimestre del 2008 y al primer trimestre 2009. Este canon fue aprobado a la Autoridad Reguladora por la CGR.

De no pagar ese dinero, la SUTEL estaría al borde de un cierre técnico.

Sin embargo la SUTEL ha realizado un festín con estos fondos, según comunicado llegado a nuestra redacción: “Basta con ceder a los deseos del señor regulador y de los directores de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), para que pasen de no pagar alquiler por el inmueble en que hacen su trabajo, a pagar alquileres de más de ¢1.000 millones al año, en un edificio nuevo. A ello se suma el hecho de que la planilla de las altas autoridades se incrementó fuertemente, llegando a los límites de los ¢5.000.000 mensuales para el señor Regulador y los miembros de la junta directiva de la SUTEL, y la burocracia a contratar se aumentará significativamente. Paralelamente, los nuevos operadores pagarán sumas altas en moneda extranjera, por el uso del espectro radioeléctrico, que luego trasladarán a los precios que eventualmente pagaremos todos. Todo un dechado de destrozo institucional y del bien común (y sin contar con normas regulatorias basadas en el máximo aprovechamiento de la riqueza nacional, que podrán verse en los contratos futuros de interconexión de redes), dice el comunicado

Lo que es más increíble es que por todos estos gastos, el pueblo de Costa Rica no ha recibido ningún beneficio tangible a cambio, ni el ICE. Por las denuncias hechas en diarios nacionales, pareciera que la SUTEL despilfarra el dinero en viajes y asesorías y la ARESEP en pagar un lujoso edificio teniendo ellos un edifico propio.

Además de estos costos que cada año aumentan, el Ministerio de Hacienda le debe la ICE ¢3 500 000 000.00 por indemnización por haberlo obligado al ICE a eliminar la red TDMA y entregar parte de las frecuencias que utilizaba esta red (banda de 850 MHz) para venderles la concesión de esas frecuencias liberadas por el ICE a la competencia, entiéndase Claro y Moviestar.

Además, el ICE cuestionó el monto que pagó este año a la Sutel por concepto del canon de regulación, alegando que debería hacerse un cambio en la metodología de cálculo y que le deberían ajustar sus tarifas.

Cuadro ICE

* Se incluyen datos del 2010 porque del año 2011 solo se han pagado unos meses y si se ponen los datos del 2011 no se visualiza la magnitud del pago.
** Para el año 2012 el monto que estima la SUTEL que el ICE debería pagar por el canon de reserva del espectro, es de 900 millones aprox.

Sutel y las emisoras de radio

La Cámara Nacional de Radio (Canara), quien representa a 22 emisoras en el país, señaló que el cobro contradice la resolución de la Procuraduría y es ilegal.

A los reclamos se unió la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.

La Cámara también objetó ¢650 millones en gastos administrativos, por creerlos “irrazonables y desproporcionados” , además de que tenían contenido presupuestario con el canon de regulación.

Entre los gastos por financiar con el canon, están: ¢980 millones en equipos para monitoreo del espectro. Estos se obtendrán por arrendamiento con un costo anual de ¢1.200 millones. Además, ¢168 millones en salarios y ¢468 millones en servicios.

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