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Abril 12, 2024
Por Corresponsal de IPS
GINEBRA – Hace un año estalló la guerra en Sudán y los llamados para detenerla crecen cuando se avecina el primer año de ese conflicto, que ha cobrados unas 15 000 vidas de civiles y desplazado de sus hogares a más de seis millones de personas.
“Ya es hora de que termine esta guerra devastadora”, afirmó Mohamed Chande Othman, presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, establecida en octubre pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.
Por su parte, las organizaciones Amnistía Internacional (AI), Democracy First Group y NGP International Film Festival dijeron en una declaración que “un año después de empezar el conflicto, la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo totalmente inadecuada” hacia el país africano.
Los llamados se producen en vísperas de la Conferencia Humanitaria Internacional para Sudán y sus Vecinos, prevista para celebrarse en París el 15 de abril.
La misión de la ONU espera que se atienda la enorme brecha en la financiación para ayuda a las urgencias de la enorme población afectada por la guerra, pues hasta ahora solo se ha cubierto seos por ciento de los 2700 millones de dólares que se requieren.
En Sudán, de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y 48 millones de habitantes, en su mayoría de origen árabe, estalló el 15 de abril del año pasado una guerra entre ejércitos rivales, las regulares las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
“El pueblo sudanés ya ha soportado suficiente. Las partes en conflicto deben poner fin de inmediato a toda violencia, incluida la sexual y de género, responsabilizar a los perpetradores de graves violaciones de derechos y encontrar un camino hacia la paz y el respeto de los derechos humanos”: Mohamed Chande Othman.
Sus jefes son dos generales, Abdel Fattah al Burhan (FAS), actual presidente, y Mohamed Hamdan Dagalo (FAR), quienes se aliaron para derrocar al gobierno civil de transición en octubre de 2021 y luego rompieron, en una confrontación que tiene como telón de fondo el control de las riquezas minerales del país.
Esa guerra, junto con miles de muertos y heridos, desplazó de sus hogares a 6,5 millones de personas –sumadas a otros tres millones desplazados antes de la guerra, casi dos millones huyeron del país y otros 18 millones enfrentan una grave inseguridad alimentaria, según agencias de la ONU
“El pueblo sudanés ya ha soportado suficiente. Las partes en conflicto deben poner fin de inmediato a toda violencia, incluida la sexual y de género, responsabilizar a los perpetradores de graves violaciones de derechos y encontrar un camino hacia la paz y el respeto de los derechos humanos”, dijo Othman.
Los analistas de seguridad alimentaria que trabajan para agencias de la ONU han advertido sobre un grave riesgo de hambruna, particularmente en partes de la región de Darfur, el occidente sudanés.
Las cosechas de cereales cayeron casi a la mitad en comparación con el año pasado, el precio de los cereales se ha duplicado o triplicado en las zonas afectadas por la guerra, y “si la población rural no puede permanecer para plantar sus cultivos o cuidar su ganado, veremos una catástrofe”, dijo Joy Ezeilo, miembro de la misión.
Otra integrante de la misión, Mona Rishmawi, dijio que “también estamos investigando el bloqueo deliberado de la asistencia humanitaria destinada a los civiles que viven en zonas controladas por el bando opuesto”, lo que practican ambos bandos en pugna.
La guerra, según análisis de la organización de estudios de conflictos International Crisis Group, basada en Bruselas, parece estancada y sin resolución entre las FAS, con hasta 300 000 efectivos y fuerte en el este sudanés, y las FAR, con hasta 100 000 hombres y adueñada de regiones en el oeste.
El conflicto tiene importantes alcances regionales e internacionales, con los contendientes recibiendo apoyos –algunos evidentes, otros velados-, como los de Egipto, Eritrea e Irán hacia las FAS, y Etiopía y Emiratos Árabes Unidos hacia las FAR, según las observaciones de Crisis Group.
Por ello, AI considera que “la comunidad internacional no ha ejercido suficiente presión sobre las partes enfrentadas para que dejen de violar los derechos humanos de las personas atrapadas en esta guerra”.
“En particular, la Unión Africana (55 Estados el continente) no ha mostrado el nivel requerido de liderazgo ni ha emprendido acciones concretas acordes a la magnitud y la gravedad del conflicto”, deploró AI.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 Estados miembros, y con la sola abstención de Rusia, pidió el pasado 8 de marzo un cese inmediato de las hostilidades y un acceso humanitario sin trabas, para poder llevar auxilios a la población civil entrampada o desplazada por el conflicto.
“Le llevó casi un año adoptar una resolución”, se quejaron AI y las oenegés aliadas. “Sin embargo, pese a la resolución, los combates continúan en todo el país, sin que se hayan tomado medidas para proteger a la población civil”.
A-E/HM
