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Leonardo Garnier
Nuestra discrepancia es de fondo
A manera de explicación de mi exabrupto, debo decir que, al leer su artículo, me enojé. Me enojé porque sentí que estaban tratando de aprovechar esta tragedia que vivimos para llevar agua a sus molinos ideológicos, que suelen caracterizarse por intentos de atacar, debilitar y hasta desmantelar eso que llamamos “el estado de bienestar” costarricense, justo en un momento en el que tanto depende de esas mismas instituciones.
Por supuesto que podemos discutir qué partes de nuestro estado funcionan mejor y cuáles funcionan peor o hasta cuáles no funcionan del todo y debieran desaparecer, ese es un debate legítimo. Lo que no se vale es aprovechar la tragedia para simplificar ese debate y golpear al Estado y sus funcionarios como un todo.
Los colegas centran su argumento en que, dado que “la mayoría de las empresas privadas del país (…) y sus trabajadores enfrentan crecientes penurias económicas y financieras producto de la pandemia del coronavirus (…), el Estado debe ser solidario y reducir fuertemente sus gastos (cerrar temporalmente instituciones que no satisfagan un fin social, reducir jornadas laborales y sus respectivas remuneraciones, cortar horas extras, eliminar gastos superfluos, etc.)”. O sea: si yo me sacrifico, que se sacrifique el gobierno también. Esto puede sonar atractivo, pues apela al aparente sentido común del título de su artículo – o hay pa´todos o hay patadas – pero es falaz.
Decir, como dicen los colegas, que en esta coyuntura “prácticamente la mitad del Estado puede reducirse sin acrecentar el desempleo” no solo es falso como descripción fáctica de lo que ocurriría si efectivamente el Estado reduce a la mitad su planilla, sino que es aún más equivocado como recomendación política. En lugar de “servir para ayudar al sector privado” como dicen ellos, estos recortes solo vendrían a agravar la de por sí grave situación de las empresas y las familias y a debilitar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a una crisis que demanda otro tipo de respuesta.
Primero lo primero: la emergencia de salud
Como sugiere el economista catalán Xavier Sala-i-Martin[2], lo primero que tenemos que hacer es separar en dos etapas distintas las propuestas para enfrentar esta crisis. Primero, la etapa actual de la emergencia de salud, con todos sus posibles impactos inmediatos. La segunda, será la etapa de la recuperación de la crisis, una vez que la pandemia y sus efectos inmediatos estén controlados y podamos empezar a retornar a la normalidad (que será una nueva normalidad).
En la primera fase, es urgente abastecer y fortalecer todos los servicios de atención a la emergencia médica, brindando las condiciones y recursos para que todas las instituciones que deban apoyar al país en esta emergencia lo puedan hacer. Hay que garantizar, en particular, el suministro de agua en todo el país, identificando y atendiendo con urgencia máxima los casos en que haya desabastecimiento y, como ya ha indicado el gobierno, evitando cortes de agua y otros servicios básicos – como electricidad o telecomunicaciones – por falta de pago. Dependiendo de la gravedad de la situación, puede requerirse incluso el aprovechamiento de recursos (humanos y materiales) del sector privado: hospitales y clínicas, habitaciones de hotel, medicinas, jabón, etc.
Además, se requieren tanto incentivos como mandatos para que todas las personas nos comportemos responsablemente, desde el lavado de manos frecuente y correcto, hasta el distanciamiento social para frenar el ritmo del contagio. Hemos visto la molestia más que justificada del Ministro de Salud cuando algunas personas, instituciones y hasta empresas han sido reacias a cumplir con su responsabilidad, manteniendo actividades colectivas abiertas y poniendo en peligro a la colectividad. Es crucial que el gobierno pueda garantizar la salud de todos, aún si esto exige restringir la mal entendida libertad de algunos.
El impacto inmediato de la pandemia en la economía
El desempleo en el país era ya terriblemente alto antes de la emergencia, y esto solo se agravará con la paralización de la economía, con el cierre de negocios grandes, medianos y pequeños, con la desaparición de la demanda de muchos servicios personales, desde consultorios médicos y bufetes hasta salones de belleza, restaurantes y otros.
En general, no debemos confundir la falta de liquidez que enfrentarán las empresas y las personas durante la emergencia con su falta de viabilidad económica. Se trata de funcionar al mínimo durante la crisis, pero no de quebrar ni, mucho menos, de perder la capacidad para atender las necesidades básicas de las familias. El apoyo financiero por parte del Estado, será indispensable.
En particular, el gobierno deberá aportar – por medio del IMAS, por ejemplo – recursos para garantizar a todas las personas que lo requieran, el ingreso mínimo para cubrir su subsistencia; o brindarles el acceso directo a esos bienes básicos, como está haciendo ya el Ministerio de Educación al diseñar un esquema de distribución de alimentos a partir de su programa de Comedores Escolares. Si la crisis continúa, como todo parece indicar, este esfuerzo requerirá una escala mayor y un plazo más largo del que algunos estaban previendo, con el costo subsecuente.
Mantener la capacidad básica de consumo de cara a la caída de los ingresos también exige una moratoria en el pago de diversos tipos de deudas que ni las familias ni las empresas podrán honrar durante algunos meses. Sería insensato pasar esas deudas e hipotecas a cobro judicial por una caída coyuntural de los ingresos. Ya el país se ha movido en esa dirección, al igual que en la posposicón aprobada en el pago de diversos impuestos y contribuciones sociales. Si la crisis se profundiza o alarga demasiado, estas moratorias o posposiciones no serán suficientes, habrá que condonar muchos de estos pagos y recurrir al financiamiento público para apoyar a las instituciones afectadas. De paso, este sería un momento ideal para aprobar de inmediato el proyecto de ley que busca limitar la usura en las compras a crédito.
La economía a distancia: un reto, una oportunidad
Durante la emergencia, toda la vida social y económica se verá trastocada y se requerirá de herramientas novedosas para las que el país solo estaba parcial y desigualmente preparado.
Si la emergencia nos exige a muchos quedarnos en casa, es necesario que se mantengan, amplíen y profundicen los mecanismos para seguir teniendo acceso a diversos bienes y servicios. La capacidad para comprar en línea o por teléfono exige que sigan funcionando empresas, comercios, restaurantes, supermercados y pulperías junto con cadenas de distribución con capacidad de atender estas órdenes de compra y llevar los productos a su destino.
De cara a estas y otras necesidades, la conectividad a Internet puede constituir una gran oportunidad pero, si no actuamos con visión y premura, puede ser más bien un gran escollo. Hoy, muchos hogares se encuentran con todos sus miembros “en casa”: el padre o la madre teniendo que utilizar Internet para su teletrabajo, los hijos requiriendo acceso a Internet para poder seguir sus estudios en forma virtual, los más pequeños – y todos, la verdad – requiriendo un uso más intensivo de Internet para pasar el tiempo y entretenerse sin salir de la casa. En estas condiciones, es urgente dar acceso y ampliar la capacidad del Internet con que cuenten las personas, tanto en sus hogares como en sus teléfonos celulares.
Durante la emergencia, estos servicios y su ampliación no debieran depender de la capacidad de pago de las familias, sino que tendrían que brindarse en forma subsidada tanto por el gobierno como por las empresas. Si bien esto tiene un costo inmediato, pensemos también en la ganancia secundaria que esto ya empieza a generar. La transición tecnológica hacia una economía y una sociedad digital, que tan lenta ha sido en el caso de nuestro país, podría recibir en esta crisis un poderoso empujón que se convierta en ventaja futura.
Un recurso al que debiera recurrirse con carácter de urgencia, es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) que ha estado subutilizado por más de una década en la SUTEL, en lugar de haber financiado desde hace años el desarrollo de una red nacional de banda ancha, con especial atención a servicios educativos y de salud.
¿Austeridad en tiempos de recesión? no lo sé, Rick
Si dejamos por un momento de lado el efecto de la pandemia y solo pusiéramos atención a la crítica situación fiscal en que se encuentra el país, no hay duda de que lo que correspondería en Costa Rica, como se empezaba a hacer, era enfrentar esa crisis fiscal mediante una combinación de medidas de austeridad que incluían tanto el aumento de los impuestos, como la reducción de los gastos. Pero no podemos diseñar nuestras políticas dejando de lado los efectos de la pandemia cuando sabemos que, hoy, todos los países se enfrentan a la amenaza de una recesión global sin precedentes.
Lamentablemente, el país estaba mal preparado para enfrentar una crisis de esta magnitud: en lugar de ahorros, tenemos un gran déficit y un altísimo endeudamiento. Eso es un hecho, y es con base en ese hecho que muchos – como los colegas de “las patadas” – piensan que el país tendría que aferrarse a las políticas de austeridad y de contracción del gasto público. Yo creo que, ante lo que se nos viene, eso sería un grave error. Frente a una recesión como la que vamos a enfrentar, solo cabe pensar en una política fiscal y monetaria expansivas, que contribuyan a paliar los impactos de la recesión. No es el momento de ahorrar, sino de endeudarse.
Y no quiero que se me malentienda. Una política expansiva no significa que el Estado pueda gastar mal, ser ineficiente, o desperdiciar sus recursos. Pero sí significa que, de cara a la recesión, le corresponde al Estado intervenir tanto desde la política social como desde la política fiscal y monetaria, con dos objetivos.
En el plazo inmediato, como hemos hablado hasta aquí, el objetivo debe ser el de garantizar tanto el combate exitoso de la pandemia como el acceso de toda la población a la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular de aquellos que no cuenten con el empleo o los ingresos necesarios para subsistir. Pero en el mediano plazo el objetivo debe apuntar a reactivar social y económicamente al país.
En esto coincido tanto con Sala-i-Martin como con Ottón Solís[3], quien enfatiza que si bien durante la primera fase de la emergencia sería inútil impulsar políticas de reactivación económica, ya que chocan con la lógica misma de la estrategia de salud de minimizar el contacto social, en la segunda fase será más bien urgente impulsar las medidas de reactivación que suponen, necesariamente, de un aumento del gasto público, del déficit, del endeudamiento y de la emisión monetaria – así como revisar la política cambiaria.
Decir hoy que los gobiernos deben gastar más y que los bancos centrales deben imprimir dinero para frenar la recesión causada por la pandemia, puede sonar a blasfemia o a locura en muchos círculos económicos y, sin embargo, es lo que corresponde. Tal vez nos cuesta entenderlo porque desde los años ochenta, cuando enfrentamos el reto de hiperinflaciones brutales, los bancos centrales quedaron lógicamente obsesionados con la inflación. Era entendible, pero lo cierto es que se fueron al otro extremo y convirtieron la lucha contra la inflación en su única meta, en su dogma, en su religión. Hoy, la situación es muy distinta.
Si vamos a los hechos, Costa Rica tiene una década de mantener la inflación en niveles muy bajos. Y eso está muy bien. Al mismo tiempo, sin embargo, el desempleo ha subido a niveles históricos: por encima de un 12%; pero, más grave aún, con casi un 50% de empleo informal. Eso está mal, muy mal. Y es justo en este contexto que nos cae encima esta nueva recesión global provocada por la pandemia. Esto significa que llegó el momento de abandonar las obsesiones de austeridad monetaria y fiscal, es momento de recuperar la sensatez de la política macroeconómica. Enfrentar una recesión con políticas de austeridad – como piden los colegas – sería tan suicida hoy como lo fue en los albores de la crisis de los años 1930s.
Es justamente en ese sentido que, hace pocos días, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, afirmó que “necesitamos liderazgo, conocimiento y un nivel de ambición similar al del Plan Marshall, por el que se creó la OCDE, y una visión como la que inspiró el New Deal, pero a escala planetaria”, recordando los esfuerzos que hicieron falta para superar los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años treinta.
Por supuesto, nada de esto resuelve los problemas fiscales de Costa Rica, que son reales y graves. Pero tengámoslo claro: resolver los problemas fiscales sería absolutamente más difícil y tendría un costo social mucho, pero mucho mayor si, en lugar de promover la reactivación de la economía, agravamos la recesión.
De argumentos y pendejadas
Mis colegas se molestaron conmigo porque les llamé pendejos. Tenían razón. Cuando se discute por el fondo, las críticas no deben dirigirse a las personas, sino a los argumentos. Yo me enojé con sus argumentos y, sobre todo, me enojé con su intento de utilizar esta pandemia como herramienta para aplicar políticas de austeridad en el momento menos adecuado y para debilitar la única institucionalidad capaz de resolver en forma solidaria este tipo de crisis.
Así que me corrijo: predicar austeridad en media recesión y debilitar la institucionalidad pública en medio de una pandemia, eso sí que sería una pendejada.
[1] Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Denis Meléndez, Thelmo Vargas: “Si hay patadas, hay pa´todos” (https://bit.ly/3acYVhden
[2] Xavier Sala-i-Martin: Medidas económicas para gestionar el coronavirus, (https://www.salaimartin.com/randomthoughts/item/780) [3]Ottón Solís: Recesión y déficit fiscal: inevitables https://bit.ly/39e4I4FFuente: https://bit.ly/2WKeZDr
