Los costos del sistema financiero de los que no se habla

Welmer Ramos
Diputado

Welmer Ramos

La mala política la de hacer daño no puede ser la que impere en Costa Rica. No puede ser que en medio de la pandemia aprovechando que el presupuesto de la República está en trámite legislativo, se pretenda desfinanciar compra de vacunas, atención de la pandemia, comedores, becas, programas para niñez, personas adultas mayores, mujeres y la atención de emergencias.

  • En peligro construcción de carreteras y puentes, alquiler de maquinaria, compra de productos a empresas lo que generaría desempleo.
  • Se afectarían recursos para vigilancia en cárceles, dineros que requiere Seguridad Pública para la lucha contra el crimen y el narcotráfico.
  • También se amenaza al Tribunal Supremo de Elecciones en la organización del proceso electoral del 2022 e incluso la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República.

De lo que no se habla es de ciertos gastos:

Por el lado del gasto público los sistemas de vigilancia de costos son deficientes, no hay mecanismos de comparación entre las contrataciones que hace el Estado y los precios que paga el sector privado, existiendo tecnologías como el Big Data y otros mecanismos que permiten eficientizar y transparentar las compras. El Estado Costarricense realiza compras anuales de un orden superior al 15% del PIB, cuyos sobreprecios son superiores al 20%, siendo la erogación en exceso de hasta 3 puntos porcentuales del PIB.

Por otra parte, la formación de los precios en los mercados de bienes y servicios, de manera generalizada, presentan estructuras no competidas (oligopolios, duopolios, u otras manifestaciones del poder del mercado) que les permite elevar los precios de manera significativa. A raíz de esta manera que tienen de ser los mercados el costo de la vida se incrementa al igual que la producción extrayendo rentas a los consumidores, las pymes y demás actores. Esta situación provoca que el poder adquisitivo de los consumidores se vea afectado y con ello el dinamismo de la demanda interna, y la concentración del ingreso.

Hay algunos estudios someros que muestran que en lo que se refiere a costo de alimentación, vestido y cuidado personal, Costa Rica es sensiblemente más caro que muchos países europeos.

Si bien, hay una Comisión de Promoción de la Competencia y una ley recientemente aprobada, la Asamblea Legislativa no le dotó de los recursos necesarios para una correcta implementación de sus obligaciones, por lo que la capacidad de emprender estudios de mercado estratégicos es casi nula. Hay sectores con enormes deficiencias en los mercados como: formación de precios de bienes agrícolas perecederos, medicamentos, mercado de los insumos de la construcción, la comercialización de abarrotes y retails, mercado de los insumos agrícolas, sector transporte público, entre otros.

Por su parte el sistema financiero costarricense es oligopólico y como tal, presenta márgenes de intermediación financiera y cambiarios excesivamente altos, en comparación con países semejantes. Algunas deficiencias se muestran en los siguientes hechos:

  1. Costos de transar elevados. Comisiones de Intercambio y de adquirencia que ronda el 4,5% del monto de las transacciones, con márgenes más altos para las pequeñas y medianas empresas, lo cual les resta competitividad y sustrae rentas excesivas de la ciudadanía que se transfieren a los entes financieros, en lugar de mantenerse en los bolsillos de las empresas y de la ciudadanía para fomentar el consumo y el dinamismo económico.
     
    Con respeto a este tema, quiero señalar la disconformidad con la posición que asumiera la misión del FMI que llegó a Costa Rica, en oposición al trámite de la Ley de Usura, así como el proyecto de costo de datáfonos, lo anterior debido a que esto le va a generar a las familias reducir el margen de endeudamiento por concepto de tarjetas de crédito, y a las pymes en el pago por el uso de los datafonos. Dos proyectos que hoy son ley de la República y vinieron a hacer justicia.
  2. Márgenes de intermediación financiera elevados, esto lleva a tasas de interés reales muy altas en comparación con países de igual desarrollo y se vuelve un lastre para la inversión, el costo de vida de las familias y la carga de la deuda del Estado.
  3. Los entes financieros acumulan el mayor porcentaje de crédito en consumo y con clara tendencia creciente, lo que resulta peligroso desde la perspectiva de creación de una burbuja que ahora sí debe ser vigilada cuando se han sumado miles de personas al paro.
  4. Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, las cuales extraen fuertemente rentas a los clientes; se han detectado cerca de 30 cláusulas no aceptadas en los países de la OCDE.
  5. Leyes que restringen el ámbito en donde el Gobierno Central puede colocar la deuda que lo obligan a financiarse en el mercado interno a tasas abusivamente altas y a plazos muy cortos. Lo que provoca estrujamiento financiero para el resto de los actores económicos y la elevación de las tasas de interés para todos los agentes económicos con lo cual acrecienta hasta en 2 puntos porcentuales el costo para el fisco.
  6. Mecanismos de transmisión de la política monetaria son nulos o muy deficientes, de tal manera, que recientes rebajas de encajes mínimos de 3 puntos porcentuales y una inyección de liquidez del BCCR, prácticamente no han tenido efecto alguno en las tasas de interés activas.
  7. Alto sobre endeudamiento de las familias a tasas de interés elevadas, en muchos casos a tasas de interés elevadas que se capitalizan en medio de la pandemia haciendo que miles de deudas crezcan de manera exponencial, lo que en el corto plazo puede significar ganancias en libros para los entes financieros pero que a mediano plazo se convertirá en un problema de insolvencia de los deudores. Nadie parece percatarse del asunto y la alegría de ganancias fáciles puede tornarse en la tristeza de cobros imposibles.
  8. El 34% de las personas con trabajo están manchadas en el sistema financiero y enfrentan cobros judiciales. Solo el año anterior, los nuevos cobros ingresados al Poder Judicial ascendieron al 10,3 % de las personas con trabajo. (ver documentos anexos). Esto ha incrementado los costos del Poder Judicial por concepto de procesos cobratorios, a la vez que ha incrementado la exclusión financiera y el peligro de una burbuja crediticia en el segmento de consumo.
  9. Un sistema financiero con contradicciones groseras. Por ejemplo, a pesar de que Costa Rica tiene plena apertura del mercado de capitales, no existe correspondencia en niveles de precios entre ambos mercados.
  10. La seguridad del sistema, los bancos se encuentran sujetos a regulaciones caprichosas que perjudican su patrimonio, tal es el caso de una suficiencia patrimonial del 14%, o la obligación de depreciar activos tomados como pago de manera abruptamente acelerada, o ponderaciones de riesgo muy altas para determinadas carteras.
  11. Puertas giratorias en los entes reguladores son la norma. Personas que un día están en cargos de un ente regulador o mantienen vínculos en entidades financieras privadas o bien se encuentran después en los órganos que son regulados por esos mismos órganos. Por lo que estas personas defienden los intereses del gremio y no los de la sociedad. El conflicto de interés y la falta de transparencia siempre juega en perjuicio de los intereses de la ciudadanía.
  12. Costa Rica impuso el modelo de supervisión consolidada, pero existen cuatro superintendencias, con un esquema muy complicado, oneroso e ineficiente, más cuando este sistema es financiado en su mayor parte, con fondos públicos. Además de ser uno de los entes en el más se perciben las “puertas giratorias” en Costa Rica.

Es imperante que el FMI, inicie procesos de análisis de ciencia económica vista esta desde su génesis como una Ciencia Social y no centrarse en aplicar únicamente ajustes financieros-contables, ya que, en vez de liberar las fuerzas económicas y capacidades potenciales del país, termina validando medidas que concentran la riqueza y acrecientan las inequidades existentes.

Es por eso que el solo anuncio de que Costa Rica pretende suscribir un Acuerdo de Facilidad Ampliada, es rechazado mayoritariamente en la sociedad. Particularmente, he visto a la señora Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, con una actitud distinta, pero sé que las culturas institucionales y las ideologías, disimuladas de ciencia, son difíciles de cambiar, por ello les escribo como legislador costarricense esperanzado en que la condicionalidad pueda cambiar hacia lo que parcialmente debemos transformar para que los mercados funciones de manera óptima en una economía capitalista como la que añoramos.

Creo que en una situación como la que hoy vivimos resulta imperante que todos organismos internacionales se unan en la construcción de una nueva economía, que permita un desarrollo más equitativo en los países, desconcentre la riqueza y genere una mejor distribución de la misma. Que logre a su vez competitividad e internacionalización de empresas pequeñas y medianas que contribuyan a generar empleo, para que a su vez se vuelvan a reactivar las economías internas que han sido tan dañadas con esta crisis sanitaria.


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