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Jérôme Duval
Para el pueblo congolés la historia se repite. En tiempo en los que los smartphones y los automóviles eléctricos marcan la pauta, las vastas reservas de cobalto situadas en el subsuelo de la República Democrática del Congo son objeto de codicia por parte de las grandes multinacionales.
Históricamente, las industrias extractivas de los países occidentales han tenido un papel central en el pillaje de las materias primas no agrícolas de los países del Sur. Según un informe de la Comisión Económica para África, “La mayor parte de los capitales privados extranjeros invertidos en África, entre 1830 y 1935, fueron destinados a la industria extractiva y buena parte de las inversiones públicas coloniales iban destinadas a este sector.”
Un siglo después, esta explotación continúa a un ritmo desenfrenado a pesar de su contribución al cambio climático y de las indiscutibles consecuencias negativas que la explotación minera ha tenido para el grueso de la población y su medio ambiente. De acuerdo con un informe de la WWF publicado en 2015, un tercio del patrimonio natural mundial se encuentra actualmente amenazado por la explotación petrolera, de gas o minera. Un sector que se encuentra controlado por gigantes industriales como Glencore – fundada por Marc Rich, un hombre de negocios con un pasado dudoso – y sus 107 filiales offshore.
Un boom de cobalto alimentado por la especulación
Junto al litio, el cobalto es parte importante de las baterías de litio-ión de los teléfonos móviles de última generación, los smartphones. Aproximadamente un cuarto de la producción mundial de cobalto es utilizada en este tipo de teléfonos. Esas mismas baterías deberían equipar nuestros vehículos eléctricos llamados también “vehículos limpios”, pues se supone que liberarán a la humanidad de los hidrocarburos y contribuirán a disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero.
La República Democrática del Congo, a pesar de ser uno de los Estados más pobres del planeta, está repleta de riquezas. No obstante, desde su colonización por parte del rey de los belgas Leopoldo II, esas riquezas (recursos hidráulicos, oro, diamante, cobre, coltan, uranio y cobalto) han sido explotadas sistemáticamente para el único beneficio de los intereses occidentales. Este país, que es el mayor productor de cobre de África, posee la mitad de las reservas de cobalto de todo el planeta y asegura mas del 50% de su producción, o sea, cerca de 66.000 toneladas de un total global aproximado de 123.000 toneladas en 2016. Los beneficios de esta producción se concentran mayoritariamente en las manos del gigante suizo Glencore (en las minas de Kamoto Copper Company y de Mutanda Mining) y de las firmas chinas China Molybdenum (TFM) y CDM. Para este año 2018, Glencore proyecta producir aproximadamente el 35% de la producción mundial de este metal precioso.
La producción mundial de cobalto está concentrada en dos países: la República Democrática del Congo, sumida en un profundo marasmo político, y China, que es el segundo productor mundial. Esto implica riesgos importantes para empresas multinacionales que dependen fuertemente del suministro de este recurso, tales como Apple, Samsung, Volkswagen o Tesla. De hecho, recientemente, Volswagen anunció su decisión de instalarse en Ruanda para construir una fábrica ensambladora, con el propósito de acercarse a los yacimientos de cobalto de la RDC.
Fiscalidad reducida
Es de notar que el mismo Estado congoleño se beneficia muy poco de los ingresos del cobalto, pues según Albert Yuma, presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) y de la empresa estatal (Gecamines) que explota el cobre y el cobalto en la RDC, solamente 88 millones de dólares (83 millones de euros) de un total de 2.600 millones de dólares de ingresos producidos por las compañías privadas en 2016, fueron a parar a las arcas de Gecamines. Incluso Martin Kwabelulu, ministro de minas de la RDC y cercano al presidente de la República Joseph Kabila, afirmó su deseo de aumentar la tasa de imposición fiscal y “en consecuencia, revisar el código minero ya obsoleto”.
Este código minero que favorece excesivamente a los capitales extranjeros, fue adoptado en 2002 bajo el dictado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La tasa de imposición fiscal inscrita en este código es de solamente del 2% para el cobre y el cobalto. A manera de ejemplo, y según un informe publicado en 2015 por el mismo FMI, la tasa de imposición del cobre en Indonesia es del 4%, en Zambia del 6% y en Chile del 14%.
El boom de la explotación de cobre en la RDC que pasó de una producción de 450.000 toneladas a un millón de toneladas desde que finalizó la guerra en 2002, no benefició realmente ni al Estado – a excepción de algunos intermediarios bien ubicados – ni mucho menos al pueblo congoleño. Esta vez parecería que las autoridades de la RDC están interesadas en beneficiarse más activamente del alza y de la expansión del mercado del cobalto. Sin embargo, esto no implica garantías en cuanto a la transparencia y a una mejor redistribución de los ingresos provenientes de esta renta.
Un intenso lobby en torno al nuevo código minero
El primer anuncio de reforma del código minero en 2016 generó fuertes reacciones. En enero de 2018, la Asamblea Nacional y el Senado congoleño adoptaron el nuevo código minero, el cual recibió luz verde por parte de Joseph Kabila… quien a pesar de que su mandato expiró en diciembre de 2016, se mantiene aún en el poder. Este nuevo código prevé un aumento de las regalías del 2% al 10% para aquellos minerales considerados estratégicos, como el cobalto. No obstante, según el ministro de minas, Martin Kabwelulu, los arreglos siempre son posibles en el reglamento que va anexo a la ley. Incluso si este nuevo código intenta un nuevo equilibrio en la repartición de las riquezas, no ataca la corrupción que ha gangrenado a todo el sector.
Así el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) nota que “una de las medidas contenidas en el proyecto del nuevo código minero prevé reservar un 10% de las acciones de las empresas operadoras en el sector privado congoleño, pero nada impide que estos sean miembros del gobierno, funcionarios públicos o personas cercanas al poder”, pudiendo acarrear nuevos conflictos de intereses. Finalmente, estas negociaciones parecen haber puesto frente a frente los dos grupos de predadores que se disputan el botín del Congo, extraído por decenas de miles de congoleños, en condiciones cercanas a la esclavitud.
El trabajo infantil y la esclavitud moderna en las minas
De acuerdo con UNICEF, más de 40.000 niños de entre 3 y 7 años trabajan en las minas del sur del país. Un reportaje de Sky News, difundido en febrero de 2017, muestra como niños de poca edad trabajan bajo condiciones infrahumanas en las minas congoleñas de cobalto, al mismo tiempo que Amnistía Internacional denunciaba, en un informe publicado en noviembre de ese mismo año, las deplorables condiciones del trabajo infantil. Según Lauren Amistead “aproximadamente el 20% de la producción total de cobalto de la RDC se realiza a mano, los niños lo extraen usando herramientas rudimentarias y sin ningún tipo de protección”.
Entre 110 y 150 mil “excavadores” o mineros artesanales venden el mineral bruto en los puestos de compra – controlados en su mayoría por los chinos, como por ejemplo el “deposito de Apple” situado cerca de la ciudad minera de Kolwezi en el sureste del país – a un precio aproximado de 7.000 dólares la tonelada. Los compradores son los que fijan el precio siguiendo teóricamente el curso de la bolsa de Londres, mientras los “excavadores”, quienes por supuesto ignoran las derivas de esta bolsa, sobreviven con ingresos miserables.
En las minas industriales administradas por las multinacionales, las condiciones no son necesariamente mejores, pues según los resultados de una misión de investigación de la Federación Sindical Internacional Industrial realizada en las minas de cobre y de cobalto de Glencore, los empleados en la mina de Kolwezi describieron sus condiciones de trabajo como “de nada menos que esclavitud”. Al no disponer de lavaderos ni de duchas en sus lugares de trabajo, estos deben llevarse la ropa sucia a sus casas, exponiendo a sus familiares a las enfermedades provocadas por el polvo de los minerales. Uno de los trabajadores afirma: “Al volver del trabajo estamos tan sucios, que no podemos ni siquiera abrazar a nuestros hijos”. Por su lado, dos ONG defensoras de los derechos humanos: el Observatorio Africano de Recursos Naturales (AFREWATCH) junto a la Asociación para el desarrollo de las comunidades del lago Kando (ADCLK), ya han alertado a la opinión publica sobre la contaminación de las aguas y la destrucción de los campos como resultado del derrame de sustancias ácidas y toxicas provenientes de las tuberías de la empresa minera Mutanda Mining (MUM), controlada por Glencore, Durante la noche del 16 al 17 de abril de 2017, este liquido toxico se expandió por los campos agrícolas de los habitantes de la zona hasta llegar al rio Luakusha, que a su vez desemboca en el lago Kando.
¿Quién se beneficia de la explotación del subsuelo congoleño?
Al igual que el petróleo de Nigeria, en el Congo la materia prima es extraída por las grandes multinacionales para luego ser exportadas a lugares en donde se efectúa su transformación y por lo tanto, se genera allí la plusvalía. El economista y activista Florent Musha asevera que “la RDC no exporta productos acabados y listos para ser utilizados por Apple, Samsung u otro gran utilizador de baterías en el mundo. La RDC exporta un producto minero para ser procesado”.
Del procesamiento del cobalto se benefician principalmente [los fabricantes norteamericanos y europeos que le compran masivamente a] China, que es la principal comercializadora de cobalto refinado en el mundo. Así, 80% de la producción de la RDC sale rumbo a China desde los puertos de Dar es Salaam o desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Al llegar a China una decena de refinerías se encargan de la transformación final del mineral.
Alexis Muhima, del Observatorio de la sociedad civil por los minerales de Paz, situado en Goma, al este de la RDC, se queja de que “la explotación de recursos naturales no beneficia para nada a la población congoleña, sino solo a un puñado de personas”. Como lo explica el analista económico Al Kitenge, “uno se percata que la mayoría de los operadores internacionales son sociedades offshore en las que ni siquiera se sabe quienes son sus verdaderos accionistas. Desafortunadamente, esto permite que algunos operadores políticos sean a su vez actores económicos. Esto representa, desde luego, un conflicto de intereses absolutamente inaceptable que nos ha llevado a la lamentable situación en la que nos encontramos actualmente”.
El monopolio de las ganancias
En el marco de la celebración de la 30ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Addis-Abeba, el comisario de comercio y de industria Albert Muchanga, asevera que “África pierde anualmente 80.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos, de los cuales un 70% proviene de las industrias extractivas, y particularmente de los recursos minerales. Estas pérdidas son el resultado de una variada gama de métodos contables particularmente creativos practicados por las corporaciones multinacionales”. Tales métodos, que incluyen la evasión fiscal y la sobrefacturación, son usuales a la hora de repatriar las ganancias.
La multinacional Glencore, regularmente involucrada en casos de contaminación ambiental y ampliamente citada en los “Paradise Papers” [y que financió al terrorismo islamista en Siria], emplea 115.000 personas en 50 países alrededor del mundo, en cifras de 2016, y registró en 2017 un aumento de sus ganancias netas del 319% para colocarse en 5.780 millones de dólares. “Nuestros resultados de 2017 son los más altos de nuestra historia” indica, satisfecho, Ivan Glasenberg [presidente del pulpo], para quien esos resultados no están nada mal, ya que recibió una remuneración estable de 1,5 millones de dólares en 2012, sin contar los 242,4 millones de dólares de dividendos basados en su parte de 8,40% de derechos de voto de la empresa.
El Salto
