La descomposición del capitalismo en Costa Rica: corrupción, narcotráfico y partidos políticos

Por José René Tamariz

OIJ

Los casos de corrupción en Costa Rica se han producido desde los presidentes de la República (Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y José María Figueres) hasta altos e intermedios mandos de las instituciones públicas, así como empresarios, alcaldes, regidores, partidos políticos y funcionarios de esos partidos, municipalidades y otras instituciones. Toda la institucionalidad nacional se ha visto, de una u otra forma, involucrada en dichos eventos. La gigantesca y multimillonaria evasión fiscal por parte de los empresarios, grandes y medianos, es parte de esa plaga. Al proceso de corrupción se le ha agregado un factor plus o adicional, la penetración del narcotráfico en las diversas instituciones estatales, sistema financiero nacional, actividades económicas y comerciales, así como la compra de jueces, policías, agentes del OIJ y funcionarios intermedios del sector público.

Los recientes casos de corrupción llaman la atención por la gran cantidad de dinero que se han movilizado y la cantidad de instituciones, empresas y empresarios, funcionarios públicos, narcotraficantes y otras personas involucradas. El caso “Cochinilla”, colusión entre grandes empresarios de la construcción y altos funcionarios púbicos de Conavi, en junio de 2021; el caso “Diamante”, coligación entre grandes empresarios de la construcción y alcaldes, regidores y funcionarios municipales, en noviembre de 2021; el caso “Azteca”, simbiosis entre narcotraficantes y altos funcionarios públicos de la institución Acueductos y Alcantarillado ( A y A), noviembre de 2021; el caso finca “Darwin”, mayo 2021, coligación entre un empresarios de palma aceitera y narcotraficante, agentes del OIJ y altos funcionarios municipales; el caso “Clan Turesky”, mayo 2021, dirigentes de ese grupo narco visitaron unas 30 veces las instalaciones de la Asamblea Legislativa para reunirse con diputados y recibir apoyo para gestiones en el MOPT, Banhvi y otras instituciones públicas.

Como se puede observar la lista es numerosa, las personas involucradas muchas y varias instituciones públicas. Ahora, eso es la que apenas sale a luz pública, pero existen múltiples casos que siguen ocultos. Probablemente sea el caso del multimillonario proceso de lavado de dinero del narcotráfico en el sistema financiero nacional. Analicemos, brevemente, cada caso de corrupción y luego pasemos a la generalización del fenómeno de la corrupción y su vinculación con el narcotráfico.

El “caso Cochinilla”

Este caso de corrupción es ejemplar y emblemático, ya que en él está involucrado como uno de los principales actores uno de los capitalistas más rico de Costa Rica, Carlos Cerdas, empresario de la Construcción y dueño de la empresa MECO que, es una especie de multinacional costarricense, opera en diversos países: Belice, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia. Esta empresa ha tenido la capacidad de ejecutar, de forma simultánea, 90 proyectos de construcción en esos diversos países. Su dueño ha aparecido en la revista “Forbes” como uno de los hombres más rico de Centroamérica con ingresos anuales de $690 millones.

La otra empresa constructora involucrada en ese caso de corrupción es la empresa H. Solís, cuya dueña, Mélida Solís. Probablemente sea la segunda empresa más gigante de la construcción después de MECO. Según la fiscalía adjunta de probidad, y transparencia y anticorrupción esas dos empresas se repartieron entre el año 2016 y 2020 ₵154.250 millones, o sea, unos $250 millones, mediante prácticas ilegales de corrupción. Por otra parte, es necesario e importante destacar que esas dos empresas, de forma coordinada, controlaban el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el cual es el “… encargado de planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción del sistema vial nacional, con el apoyo de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al cual se encuentra adscrito”. Los corruptores, los grandes empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís y sus testaferros, compraban a altos funcionarios de Conavi, mediante diversas dadivas en dinero, regalos de carros, construcción personal, favores sexuales, almuerzos, bebidas alcohólicas y otros favores personales.

En realidad, esos altos funcionarios fueron cooptados por esos grandes empresarios y actuaban como sus sirvientes y perros falderos en esa institución. El Conavi fue creado durante la administración de José María Figueres. Se le creó para dirigir la concesión de obra pública que ha resultado en una gran estafa y uno de los mecanismos principales para la realización de actos de corrupción en la construcción de obra pública, como hemos podido observar con este sonado caso de cochinilla y los demás que después analizamos.

De otro lado, este sonado caso de corrupción ha salpicado desde casa presidencial hasta diversas instituciones pública. La casa presidencial fue allanada por el OIJ, ya que el ex principal asesor presidencial, Camilo Saldarriaga, tuvo que renunciar de su puesto porque según la fiscalía fue una pieza clave para tapar el hueco presupuestario de Conavi y acelerar dichos desembolsos. Asimismo, se han visto involucrado funcionarios de la tesorería nacional que facilitaban los desembolsos rápidos de los dineros para esas obras públicas corruptas.

Por otra parte, es importante destacar que el Consejo de Administración está integrado por los siguientes miembros: el ministro de obra pública y transporte (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, el cual es su presidente; Berny Vargas, director, representante del MOPT; Vilma Padilla Guevara, representante de la UCCAEP; Jenny Nuñez Montoya, representante de la unión de gobiernos locales; Marcia Cordero Sandí, representante de la asociación de carreteras y caminos de Costa Rica y Tomas Figueroa Malavassi, representante del MOPT. Por tanto, todos estos miembros son responsables de la situación y niveles de corrupción dentro del Conavi y nunca realizaron ninguna denuncia ni, mucho menos, tomaron acciones para frenar y eliminar la corrupción de la institución a la cual presiden.

¿Cuál es el problema de fondo en el caso de corrupción llamado “Cochinilla”? Este caso no es cuestión de moral o ética, ni se resuelve con nuevas leyes, ni nueva normativa y otros controles. Simple y sencillamente tiene que ver con la naturaleza fraudulente del sistema capitalista. Veamos.

  1. Competencia capitalista. Este caso en concreto refleja de la forma más clara y contundente como las dos más gigantescas empresas de la construcción para eliminar a sus demás menores competidores de la construcción recurren, sin ningún tipo de escrúpulos, a cualquier acto de corrupción con los altos funcionarios de Conavi. Mediante todo tipo de acto de corrupción, Carlos Cerdas y Mélida, lograron eliminar y reventar a sus competidores en la construcción de obras públicas y se convirtieron en un duopolio pactado entre ambos grandes empresarios. El testimonio del dueño del grupo Orosi, Eladio Araya Mena, en la Asamblea Legislativa confirma como esos dos grandes empresarios trataban a sus competidores. Ese empresario “sostuvo que su compañía ha sido la última en un ataque que ha arrastrado por años a muchas firmas pequeñas a causa de la concentración de carteles, el amaño y tráfico de influencias para consolidar duopolios, haciendo referencia a los contratos que, en su mayoría manejaban MECO y H. Solís”. (La Nación, 12 de noviembre de 2021).
  2. Concentración y centralización del capital. La competencia de MECO y H. Solís, mediante cualquier tipo acto de corrupción a los altos funcionarios de Conavi, se garantizaban el aplastamiento de las otras empresas más pequeñas de la construcción. Todas esas maniobras de corruptela han conllevado a esas dos grandes empresas y sus dueños a un proceso acelerado de concentración y centralización de sus capitales, al grado tal que Carlos Cerdas se ha convertido en uno de los empresarios más ricos de Costa Rica y Centroamérica.
  3. Estos procesos de competencia, concentración y centralización funcionan y opera en todas las actividades del sistema capitalista en Costa Rica. Así se han producido la concentración y centralización en las farmacias (farmacia Fischel, farmacia Walmart) en los supermercados (Walmart, Gessa) y otras áreas.
  4. Según Ernest Mandel “La meta del capitalista es la acumulación del capital, la capitalización de la plusvalía. La propia naturaleza de la circulación del dinero implica esta meta…”. Además, esa meta de acumulación se hace a cualquier costo como hemos podido observar. Ese es el motor del funcionamiento del sistema capitalista y, por ende, de los capitalistas que, como Carlos Cerdas y Mélida Solís, han acumulado grandes capitales.

El “caso Diamante”

El caso de corrupción conocido como “Diamante” es una extensión del caso “Cochinilla”, pero tiene sus especificidades y particularidades. Aquí es una colusión entre la gran empresa MECO y otra empresa de la construcción menor llamada Exportadora de Explosivos Costarricense (Explotex) cuyo dueño es el empresario, Daniel Cruz Porras con los alcaldes, regidores y funcionarios municipales de diversas municipalidades. Los alcaldes, regidores y funcionares municipales ayudaban a MECO a ganar millonarios contratos de obras públicas municipales. A cambio, los alcaldes y demás funcionarios involucrados recibían dinero, trabajos en casas de familiares, automóviles y donaciones para campañas políticas. Por ejemplo, la empresa MECO financió la elección de los alcaldes de Cartago y Osa, Mario Redondo y Alberto Cole, respectivamente. Los alcaldes involucrados en ese caso de corrupción son los siguientes:

Alcaldes municipalidad partido político al que pertenecen

  • Johnny Araya San José Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Alfredo Córdoba San Carlos Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Humberto Soto Alajuela Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Alberto Cole Osa Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Mario Redondo Cartago Alianza Demócrata Cristiana (ADC)
  • Arnoldo Barahona Escazú Partido Nueva Generación

Como se puede observar, la mayoría de los alcaldes involucrados en este caso de corrupción son del PLN, es decir, un 66,7%. Esas municipalidades fueron allanadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sus alcaldes apresados y detenidos temporalmente, ya que luego fueron liberados, aunque tienen medidas cautelares como la suspensión de sus puestos y otras. Sin embargo, en ese caso también fueron allanadas las municipalidades de Siquirres y Golfito, pero los alcaldes no fueron arrestados.

Es de importancia mencionar que los alcaldes se han convertido en un nutrido grupo con mucha influencia y poder en el seno de la Asamblea Legislativa al grado tal que han logrado obtener más dinero para realizar diversas actividades como obra pública, obra social, construcción de escuelas y colegios, desarrollar proyectos de vivienda y otros más.

La fracción del PLN que es mayoritaria en la Asamblea Legislativa ha sido una de las principales impulsoras de esos proyectos a favor de las municipalidades. El PLN al perder de forma consecutiva las elecciones presidenciales a manos del PAC y, por ende, perder el control del poder Ejecutivo, se ha atrincherado en las municipalidades que controlan de forma mayoritaria. De ahí la importancia y más poder que les han otorgado a las municipalidades. Esas instituciones municipales son las fuentes de financiamiento del PLN, así como sus bases de apoyo social y reclutamiento de partidarios.

Entonces, ¿Cuáles son objetivos de los empresarios y políticos burgueses en este caso de corrupción? Para los empresarios existe un doble objetivo: económico, aumentar sus ganancias, ganando millonarias licitaciones de construcción, mediante actos de corrupción y, simultáneamente, cooptar a alcaldes con gran influencia dentro de los partidos políticos y de paso controlar el poder político, para seguir aumentando sus ganancias en obtener más obras públicas.

En realidad, así funciona el poder económico y político en Costa Rica y el sistema capitalista en general. Los capitalistas financian las campañas políticas de los partidos políticos para que los políticos burgueses, desde sus diversas posiciones de poder (municipalidades, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y otras instituciones) les sirvan a sus intereses para seguirse enriqueciendo y acumulando, cada vez más, capital. Es la simbiosis típica de la relación entre capitalistas y sus siervos, los políticos burgueses.

El caso “Azteca”, “Darwin” y “Turesky”

A los casos típicos de corrupción para el aumento de capitales y la obtención del poder político, se le ha sumado en los últimos tiempos un caso plus o adicional. La penetración de capitales millonarios del narcotráfico en actividades económicas, comerciales y otras formales para lavar dinero, pero en colusión con altos funcionarios públicos. En el caso “Azteca” narcotraficantes crearon empresas para construir obras públicas en la institución Acueductos y Alcantarillados (A y A). Mediante actos de corrupción y dádivas de diferente tipo a 14 funcionarios de A y A, las empresas de los narcotraficantes lograron conseguir licitaciones por unos 1.000 millones de colones y, de esa manera, lavar dinero del narcotráfico. Aquí también se produce una simbiosis entre políticos burgueses y jefes del narcotráfico. El empresario agroexportador Manuel Acón, miembro del Partido Restauración Nacional (PRN). Este tipo es aspirante a diputado por la provincia de Guanacaste de ese partido evangélico. Ha mantenido nexos muy estrechos con uno de los líderes de la banda de narcotraficante del caso “Azteca” llamado, Héctor Camelo Hernández al cual lo llamaba “jefe”.

En el caso “Darwin” un empresario de palma aceitera y narcotraficante, junto con su banda invertían en el sector agrícola, invirtiendo en compra de vehículos, propiedades, fincas agrícolas, equipos de trabajos para el campo y otros bienes para lavar el dinero procedente del narcotráfico

En el caso Cartín o Turesky también invertía dinero procedente del narcotráfico en obra pública y lograron mantener relaciones con políticos burgueses para alcanzar sus objetivos de lavar dinero. Varios de sus líderes visitaron hasta 30 veces las instalaciones de la Asamblea Legislativa y se reunían con diversos diputados para conseguir apoyo a sus proyectos, logrando gestiones en instituciones públicas como el MOPT y otras. Tenían proyectado construir proyectos turísticos y viviendas en Limón y Corredores. Invirtieron hasta 12.500 millones de colones en propiedades en diversos lugares del país.

Estos casos son una colusión entre empresarios-narcotraficantes, funcionarios públicos y políticos burgueses lo cual demuestra la penetración del narcotráfico en la política y millonario lavado de dinero por parte del narcotráfico.

Según el fiscal general de la República a,i., Warner Molina “… el sistema de inteligencia financiera del país es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito; es poco eficaz, no es funcional”. (La Nación, 18 de agosto de 2021). Más adelante sostiene que “… si el sistema de prevención antilavado de las entidades financieras del país es tan poco eficaz para detectar a los grandes legitimadores, menos es posible exponer a aquellos que dan apoyo a las campañas electorales, ya sean nacionales o municipales”. (Ídem).

Por tanto, de lo anterior se deduce de forma clara que el lavado de dinero es muy grande en el país y que los controles financieres son ineficaces, lo cual está facilitando con esas grandes cantidades de dinero ya circulando formalmente que el narcotráfico haya penetrado en la política y tenga influencia dentro de los partidos políticos y controlen a políticos burgueses para sus fines. Entonces, ya existe una simbiosis de narcotraficantes y sus dineros con los partidos políticos y sus políticos burgueses.

¿Cómo Combatir la Corrupción?

Según el empresario avícola, Luis Mesalles, en su columna del diario “La Nación” la corrupción se debe combatir mediante las siguientes medidas: simplificar trámites, establecer reglas claras y transparentes; mejorar los procesos de contratación administrativa; fomentar el gobierno digital de verdad; evitar que funcionarios inescrupulosos puedan poner trabas al sistema, para con ello tentar a otros ciudadanos a cometer actos ilícitos; eliminar la reelección continua de alcaldes. En realidad, ninguna de esas “normativa” propuesta por los empresarios puede contener y combatir de forma eficaz la corrupción y la penetración del narcotráfico en la política. Esos graves problemas no se combaten normas, sino tomando medidas que golpeen los capitales, bienes, cuentas bancarias y el modelo de obra pública existente. Veamos algunas medidas que se deben tomar contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

  1. Confiscar los bienes, ya sean empresas y otros, así como capitales a todos los corruptos, ya sean empresarios, políticos, altos funcionarios públicos y narcotraficantes.
  2. Eliminar el modelo denominado “obra de concesión pública” ya que se ha demostrado con tantos casos que facilita y promueve la corrupción. Dejar la obra pública de construcción en manos del ICE y el MOPT. Quitarles a las municipalidades las obras de construcción.
  3. Eliminación del CONAVI.
  4. Quitar la personería jurídica a los partidos políticos que sean acusados de estafas en las campañas políticas y que hayan recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.
  5. Inhabilitar a todos los corruptos a postularse a puestos de elección popular y a cargos públicos.
  6. Encarcelamiento inmediato, sin posibilidad de salir de la cárcel a todos los corruptos. Juicios y condena rápido a los corruptos y narcotraficantes.

    Fuente: elsoca.org


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