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Ante la nota publicada este miércoles 7 de abril por La Nación, con el título Contraloría cuestiona al ICE como juez y parte en negocio de electricidad, el Instituto Costarricense de Electricidad aclara que:
• Es falso que el ICE sea “juez y parte” en la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El Centro Nacional de Control de Electricidad (CENCE) es autónomo en el despacho de la electricidad y opera bajo lo establecido en la legislación, la normativa y los contratos.
El ICE, mediante el CENCE, ejecuta la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de manera imparcial, eficiente y por medio de sistemas técnicos y objetivos. Así consta en la información publicada diariamente en el sitio web del CENCE y presentada a todos los interesados y las autoridades reguladoras y rectoras de la industria eléctrica.
Según estas reglas, y contrario a lo que indica la nota de La Nación, el ICE y el CENCE deben darle prioridad de despacho a las plantas privadas –en acatamiento a la Ley 7200– y a las plantas de las distribuidoras, condición que impacta la producción del Instituto y la prestación de los servicios auxiliares, que son aquellas inversiones y acciones que solamente realiza el ICE para el mantenimiento, la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico.
El ICE ha cumplido la Ley 7200 a cabalidad, atendiendo las obligaciones que ella le confiere sobre plazos de compra y precios.
• Es falso que las decisiones del CENCE beneficien al ICE y perjudiquen a los demás actores. El CENCE cumple una función nacional, y sus responsabilidades deben cubrir a todos los actores del SEN; es decir, incluye a las distribuidoras, los generadores privados y los grandes consumidores.
• Es falso que el despacho de generación sea ineficiente. Por el contrario, este proceso se realiza optimizando los costos variables, con la función y el objetivo de lograr el costo mínimo de la operación, y así beneficiar a todos los consumidores eléctricos. Cabe indicar que el despacho nacional ejecutado por el CENCE ha sido auditado por la Contraloría General de la República y la ARESEP.
• Es falso que la decisión de no renovar contratos de compra de energía desincentive la participación de los generadores privados. La disposición se fundamenta en un crecimiento muy bajo de la demanda en los años anteriores a la pandemia. En la actualidad, existen vigentes 26 contratos de compra entre el Instituto y los productores particulares, de acuerdo con el Capítulo I de la Ley 7200.
A esto se suma que la misma Contraloría señaló que el ICE debía justificar las compras de energía a los generadores privados para determinar cuál es la más conveniente para solventar las necesidades de suministro.
• Es falso que la planificación de la expansión de la generación eléctrica se realice de manera subjetiva. Por el contrario, esta responde al Plan de Expansión de la Generación (PEG), que establece la mejor combinación posible y la secuencia de proyectos para atender la demanda futura.
Además, el PEG se basa en el estudio Proyecciones de Demanda Eléctrica, que es un análisis estadístico anual para estimar las necesidades de suministro de electricidad de todo el país, y que considera variables macroeconómicas y demográficas, así como ventas y precios de energía.
• Es falso que el desarrollo de los proyectos de generación del ICE incumpla criterios técnicos. Los procesos de preinversión de los proyectos no se elevan a ejecución sin las debidas aprobaciones de sus estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental, así como con los análisis de rentabilidad que corresponden.
Desde el inicio de esta Administración, el Instituto ha ejecutado una serie de medidas para impactar a la baja sus tarifas eléctricas, de acuerdo con su Estrategia 4.0 y su Hoja de ruta para la sostenibilidad financiera. Entre las principales destacan la contención de gasto, las movilidades laborales voluntarias, la reestructuración de la deuda, la reorganización institucional Evolución 2021 y la mejora en costos operativos y de mantenimiento en las plantas de generación.
Finalmente, respecto a la eficiencia y las aseveraciones hechas por la ARESEP en febrero anterior, el ICE demostró y denunció ante el mismo Regulador los errores y las inconsistencias de los datos publicados, tales como la duplicación de partidas de costos y la mezcla de plantas con distintas tecnologías que invalidan la comparación e inducen a error de manera evidente.
