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Fernando Berrocal
Sin PROPUESTAS y SOLUCIONES…no habrá desarrollo económico ni progreso social. Todos tenemos el derecho a defender nuestras propias posiciones ideológicas y políticas, pero hay un punto en el que se puede y deben buscar convergencias y ACUERDOS NACIONALES. Eso es lo patriótico y costarricense.
Este artículo en CAMBIO POLÍTICO se refiere a un tema que podemos resolver en forma pragmática y alcanzar un posible consenso y ACUERDO NACIONAL, en beneficio de la urgente y necesaria reforma del Estado Costarricense, como un punto prioritario, necesario y urgente de la agenda nacional.
Me refiero al exceso y abuso de TRAMITOLOGÍA que tiene asfixiado al Estado Costarricense, paralizando el desarrollo integral del país y que, en la base de las relaciones entre el sector público y el sector privado y la ciudadanía, es el origen de la pequeña y gran corrupción que existe en Costa Rica y una de las distorsiones más grandes que enfrenta el modelo de desarrollo nacional.
Por alguna parte hay que comenzar la reforma del Estado. A mi juicio, declararle la guerra cívica a la tramitología, eliminado todos aquellos tramites innecesarios y abusivos, no esenciales ni fundamentales, para oxigenar al Estado y devolverle eficiencia y funcionalidad, es un buen camino para comenzar y un espacio de trabajo, en el que podrían coincidir, el Gobierno de la República y los partidos políticos de OPOSICIÓN en la Asamblea Legislativa, independientemente de sus diferencias ideológicas. Es un tema objetivo.
El año pasado hubo consenso y por ley de la República, apoyada por todos los partidos políticos, se le encargo a MIDEPLAN asumir el liderazgo de la reforma del Estado Costarricense. Eso está muy bien y en MIDEPLAN hay funcionarios capaces y con muchos años de estudio y experiencia en la Administración Pública. Hagamos, entonces, cumplir esa ley. Entrémosle a eliminar trámites.
¿Por qué MIDEPLAN con el apoyo decidido de la Casa Presidencial, no le pide a todos los ministerios y al sin fin interminable de instituciones que tienen adscritas, así como a las instituciones autónomas y sus igualmente frondosos organigramas institucionales, llenos de innecesarias Juntas Directivas y duplicidad de departamentos de proveeduría y asesoría legal, una lista de trámites a los que están sujetos las empresas privadas, los emprendedores y los mismos ciudadanos, para obtener un permiso sobre cualquier gestión que necesita autorización y visto bueno del Estado Costarricense y, en ello, incluyo los trámites y engorrosos permisos municipales en los 84 cantones?
Paralelamente y como esos ministerios y sus instituciones, así como las municipalidades, son quienes mejor se conocen a sí mismos y quienes mejor pueden establece y diferenciar lo que es esencial y necesario, de lo que no lo es, MIDEPLAN podría solicitarles una propuesta de ELIMINACIÓN de todos aquellos trámites absurdos e innecesarios para acabar, más allá de toda duda razonable, el sin fin y actual viacrucis de la TRAMITOLOGÍA en el Estado Costarricense.
Hecho dicho estudio, para el cual no se necesita más de 30 días o incluso menos, MIDEPLAN y sus técnicos, apoyados por la Casa presidencial y el MEIC, podrían preparar una propuesta visionaria y pragmática, en tres direcciones:
- Eliminar por Decreto Ejecutivo firmado por el presidente de la República, el ministro rector respectivo y la ministra de MIDEPLAN, todos aquellos trámites innecesarios nacidos de la fértil imaginación burocrática o del simple funcionamiento institucional, pero que NO fueron creados por ley.
- Prepararían, a la vez, un proyecto de ley macro de eliminación y simplificación para ser conocido y resuelto por la Asamblea Legislativa, en todo lo que signifique reforma estructural y de ley, dentro del mismo espíritu de simplificación y eliminación de la TRAMITOLOGIA innecesaria y abusiva.
- Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, con el apoyo de esos mismos técnicos de MIDIPLAN y el MEIC, presentarían a la Asamblea Legislativa una Ley de Silencio Positivo, de modo que, por reglamento paralelo, se establezcan plazos fijos a las decisiones administrativas del Estado Costarricense que, de no cumplirse, se interpretaría por el usuario y el empresario o emprendedor como una aprobación, es decir como un SI se puede y una autorización ejecutiva, levantando un acta notarial como prueba del plazo cumplido.
Hace unas semanas, altos funcionarios Gobierno de la República, presentaron en conferencia de prensa, el organigrama del sector público. La conclusión obvia y objetiva es que es un monstruo de mil cabezas, juntas directivas y demás yerbas burocráticas. Pero con eso no se resolvió absolutamente nada, porque ese organigrama se conoce de sobra y desde hace mucho tiempo. El tema es entrarle y formular SOLUCIONES desde MIDEPLAN y el MEIC y darle, también, responsabilidades concretas y un papel político más protagonista y activo al Ministerio de la Presidencia, para formular una política pública.
No propongo un debate teórico o abstracto sobre el papel del Estado en sus relaciones con el mercado. Ahí nos enredaríamos y no llegaríamos a ningún lado, entre los que quieren menos Estado y los que quisieran más Estado. Lo que el país necesita es una solución viable y pragmática a un PROBLEMA REAL que es el exceso y abuso, como hecho probado a nivel nacional, de trámites y permisos en el sector público y las municipalidades, en sus relaciones orgánicas y necesarias con el sector privado productivo empresarial, los emprendedores y con cada uno de nosotros como simples ciudadanos. Con esa visión, se podrían lograr consensos por encima de las diferencias político partidarias.
Mucho, es cierto, se ha avanzado en materia tecnológica y de tramitología en línea, pero en este país hasta pagar impuestos es una dificultad y un problema y, desde ahí, hasta el siguiente ejemplo demostrativo, en un sector que es estratégico para el desarrollo nacional, como el de vivienda y construcción:
Durante la última campaña electoral, participe del Grupo de Vivienda en el Programa de Gobierno de la campaña de José María Figueres y el PLN. Para mi sorpresa, un compañero que trabaja en una de las instituciones de dicho sector y que es un funcionario responsable y capaz, uno de los mejores y más informados, señaló para evidenciar las dimensiones de este problema crítico nacional que, entre el momento que un desarrollador hace su primera gestión para construir un complejo de multifamiliares de cualquier nivel económico y el día en que se comienza a mover tierra, como primer paso práctico de la obra, pueden pasar más de dos años y medio y hasta tres años. Sorprendido le pregunte, que cuantos trámites burocráticos, en diferentes instancias, se necesitaban y me contestó que más de 200 pasos o trámites. Explicó, además, que en Colombia habían logrado reducir totalmente dicho plazo a unos 10 trámites fundamentales que eran los que, por razones verdaderas de Estado, realmente se necesitaban. Esa era y sigue siendo la realidad de Costa Rica. ¿Por qué no nos proponemos como meta nacional hacer algo parecido a Colombia?
La pregunta inevitable es la siguiente: ¿Cómo puede un país en desarrollo, como el nuestro, reactivar y mover los factores de la economía, generar empleo y modernizarse, en una trampa burocrática y estatal de 200 trámites en el sector fundamental de la vivienda y la construcción?
Hace unos días, se dio a conocer un informe oficial de que “el sector construcción” había crecido un 3.8% y que era el único sector de la economía que estaba demostrando una actividad positiva en el país. También se informó de la renuncia de la ministra de Vivienda y su viceministro, sin pena ni gloria, excepto por la embarcada que le dieron al presidente Rodrigo Chaves con la información sobre el terreno para construir el hospital Max Peralta en Cartago.
Lo que no se dijo en dicho informe oficial es que, ese crecimiento, se está dando especialmente en Guanacaste y en el sector privado de viviendas de mucho costo y lujo y en hoteles y desarrollo inmobiliarios de alto poder adquisitivo, vinculados al turismo internacional. Pero en vivienda de interés social, que es un punto básico y fundamental de la agenda nacional, hemos llegado vergonzosamente al punto más bajo de inversión y desarrollo. Tampoco y hay que decirlo, porque es un dato objetivo, estamos avanzando en la construcción de obras públicas al ritmo que debería ser, porque si algo necesita con urgencia Costa Rica es invertir y trabajar en las obras viales que son responsabilidad del MOPT, Acueductos y Alcantarillados y las 84 municipalidades. Vivienda y construcción son estratégicos para Costa Rica.
Solo por ahí y esto es como un axioma, activando la construcción, vamos a reactivar en el corto plazo la economía nacional, generando a la vez ingresos y empleo que, a estas alturas del 2023, es lo que necesita con urgencia el país.
Este no es un tema de centro, izquierdas o derechas ideológicas. Tampoco de progresistas o conservadores. No tiene nada que ver con la ideología de cada quien y su derecho a pensar como le dé la santa y regalada gana, porque para eso vivimos en un sistema de vida en libertad y democracia. Es un tema de simple sentido común y de pragmatismo político, más allá de las broncas entre el Gobierno de la República, los partidos políticos de OPOSICIÓN y los sectores organizados de la sociedad civil, sean estos cámaras empresariales u organizaciones sindicales. Este es un tema de pragmatismo y patriotismo.
Por algún lado y más allá de pocos y tímidos avances de reorganización en algunos ministerios, como el MEIC y el MAG, tenemos que arrancar integralmente y sin miedo, la Reforma del Estado eliminando tramitología. Este es un imperativo del tiempo que vivimos, al margen de cualquier consideración teórica, ideológica o política. Es realismo y pragmatismo y significa poner los intereses de Costa Rica por delante y nada más. Es volver a un Estado al servicio del desarrollo nacional y de la gente y superar el actual Estado obstructor y sustituir el burocrático NO se puede por un SI se puede y un Estado facilitador del desarrollo nacional, como el que necesitamos a estas alturas del siglo XXI.
Declarémosle una guerra racional y de sentido común a la TRAMITOLOGÍA que tiene asfixiado al Estado Costarricense, impidiendo la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo integral de Costa Rica. En ese extremo, si los actores políticos se lo proponen con patriotismo, se podría alcanzar un importante ACUERDO NACIONAL y todo el país se beneficiaría y lo agradecería, porque en poco tiempo veríamos resultados positivos en lo económico y social y un mejoramiento sustantivo en el funcionamiento del Estado Costarricense.
