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Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Una vertiente de ello es el desenfreno de muchos burócratas de nivel, de carrera o nombrados políticamente, por hacer dinero fácil y rápidamente, aunque sea mal habido. Se fomenta la avaricia y el deseo de escalar posiciones socialmente, lo que la experiencia denota no se da fácilmente y los pilletes terminan fabricándose su propia clase social.
Es evidente que los empleados públicos de alto nivel son proclives a practicar la deshonestidad, a la que no son ajenos personajes“privados”. Lo hemos visto recientemente en el BCR, donde a vista y paciencia de miembros del directorio, altos funcionarios del BCR y de la sociedad inmobiliaria BCR SAFI, han perpetrado una de las estafas más grandes en la historia de Costa Rica, la del llamado PEP, que todo indica es la punta del “iceberg”. Lo peor es que este fondo y al menos dos más de BCR SAFI están dirigidos supuestamente a adultos mayores que ya no tienen la energía para volver a generar ingresos y ahorrar como antes. Les han robado con la complicidad del conglomerado.
Lo vimos en el “cementazo”, “cochinilla”, “diamante” y Yamber, entre una fila interminable, sumas enormes en todos los casos. El último: el “gallo tapao”. Esos son los casos renombrados; pero se puede especular sin temor a equivocarse, que en entidades que manejan proyectos enormes, se han dado irregularidades al contratar y ejecutar las obras, que representan fugas enormes en el erario público y que luego, de alguna u otra forma, lo pagamos todos, quienes no manejamos los precios. Evidentemente en Costa Rica hay un serísimo problema de ética personal y moral, reflejo de una formación hogareña y educativa formal deficiente y mal azuzada por los medios de comunicación y las redes sociales, lo que ha contribuido a crear una sociedad permisiva que más bien alienta el “hacer plata a como de lugar”. En Costa Rica le llaman “señor” o “señora” a cualquiera que tenga plata, venga esta de donde venga.
Esa es una parte del problema, de muy difícil manejo. Se agrava ante lo mal que anda nuestro Poder Judicial, donde los casos delicados duran años para resolverse, si es que no prescriben, a veces con actores importantes fallecidos, como muestra de que nuestra justicia no es pronta ni cumplida, pero si costosa y con alto costo de oportunidad, por lo mucho que duran los casos. Esto alienta a los “ratas” a “jalarse una torta”. Recientemente “la Corte”, en lugar de nombrar como presidente a un magistrado joven y con energía, nombró a un juez supremo ya en el final de su carrera, sin energía ni voluntad para la reforma a fondo que el Poder Judicial necesita.
La otra vertiente es propiamente la de la gestión gerencial, propia de los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes y sus subalternos, en cargos gerenciales de tercer nivel. No hay razón por la cual las instancias públicas no se manejen, inclusive siendo sus objetivos diferentes, como se manejan las empresas privadas de primer orden, tal y como debemos ver a las empresas públicas: como de primer orden. Al fin y al cabo, son de la ciudadanía y les sirven a ésta.
Desgraciadamente al nombrar funcionarios en cargos directivos, se privilegia su aporte a la campaña o su conocimiento técnico en la materia, lo que en el sector privado no es fundamental, valga como referencia. Se deja de lado la capacidad de gestionar, más allá de administrar, que es cuidar la instancia, pero no innovar, lo que en estos tiempos es fatal. Si los jerarcas carecen de técnicas de macro manejo de personal, de manejo financiero y de “mercado”, entre otras facetas de la administración, así como por supuesto del conocimiento de la esencia de la empresa pública, así como del Estado y su aparato estatal en sí, su gestión se desdibuja por falta de claridad de sus responsabilidades.
Vengo pensando en este tema hace tiempo y me di cuenta de que gran parte del problema se da porque la Escuela de Administración Pública en la UCR recibe poca atención y no “produce” gerentes públicos, así como el INCAE produce gerentes privados. Ha querido el INCAE incursionar en la gerencia pública en lo que no ha sido exitoso…no es su especialidad.
Decidí pasar del pensamiento a la acción y fui muy bien recibido por el señor rector de la UCR, un caballero y señor a carta cabal. Él dio su apoyo y empecé a trabajar con la recién nombrada en ese momento directora de la escuela, persona capaz, entusiasta y de excelente trato. Con ella y el personal académico de la escuela, analizamos la situación y efectivamente, vimos que la EAP-UCR, no estaba cumpliendo con su obligación. Mi propuesta de un modelo similar al de INCAE con Harvard fue bien recibida y enriquecida. Se diseñó una propuesta de programa de alta gerencia pública (PAGP), complementado con la idea de lograr una ley que haga necesario que toda aquella persona que vaya a ocupar un cargo de dirección hasta un tercer nivel en el sector público costarricense y que no tenga un título en gerencia pública, tuviera que pasar por el PAGP antes de asumir. Era una primera etapa de servicio al país y para con la experiencia adquirida, darle un giro filosófico rotundo al pensum formal de “la escuela”, orientándolo, como hacen las escuelas de administración pública de prestigio en el llamado primer mundo, a darle al estudiante formal las herramientas para realizar gestión pública de primer orden. Sin embargo y a pesar del trabajo realizado y el entusiasmo ilustrado demostrado, la inercia de la UCR “le echó tierra” a la propuesta, todavía re asumible, dicho sea de paso, pues nada ha sucedido que la haga imposible de implementar. Y hay hasta camino andado con potenciales contrapartes de primer orden en países amigos.
Creo es posible retomar el camino trazado, pero se requiere conciencia de la necesidad imperiosa de mejorar radicalmente la gestión institucional pública y de dar ese salto cualitativo que nuestra magnifica universidad líder la UCR, requiere en el campo de la administración pública.
– Miembro de la primer Comisión de Reforma del Estado Costarricense (COREC I)
