Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Aclaran a la comunidad internacional alcances del proceso contra el presidente Rodrigo Chaves
San José, 21 nov 2025 (CPNews).- Ocho expresidentes de Costa Rica, provenientes de tres partidos políticos distintos y con mandatos ejercidos entre 1986 y 2022, emitieron este martes un pronunciamiento conjunto dirigido a la comunidad internacional en defensa de las instituciones democráticas del país, particularmente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El manifiesto surge luego de que “personas extranjeras de alto rango político” cuestionaran recientes actuaciones del TSE relacionadas con denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves. En su declaración, los exmandatarios afirman que tales cuestionamientos “ponen en duda la solidez de la democracia costarricense” y se basan en motivos “incorrectos”.
Los firmantes recordaron que la Constitución Política establece la imparcialidad absoluta de las autoridades de gobierno durante el proceso electoral, restringiendo la participación del presidente y los ministros al ejercicio del voto. También subrayaron que este principio —vigente desde hace 98 años— ha sido respetado por todos los gobiernos democráticamente electos.
El documento destaca el papel del TSE como órgano constitucional con rango de poder de la República y autoridad exclusiva para interpretar la normativa electoral. Precisaron además que la solicitud del TSE a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad al presidente Chaves se enmarca estrictamente en lo dispuesto por el Código Electoral y garantiza el debido proceso.
“Nuestra democracia es la más antigua e ininterrumpida de América Latina”, señalan los expresidentes, quienes recordaron que las misiones de la OEA han reconocido históricamente la solidez y profesionalismo del sistema electoral costarricense desde 1962.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para evitar juicios precipitados basados en “versiones tendenciosas” y advirtieron que, ante la cercanía de un nuevo proceso electoral, algunos actores locales podrían intentar desacreditar a las instituciones.
El pronunciamiento fue suscrito por Óscar Arias Sánchez (1986-1990, 2006-2010), Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), José María Figueres Olsen (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
A la opinión pública internacional y en defensa de la democracia de Costa Rica
En las últimas horas se han emitido manifestaciones por parte de personas extranjeras de alto rango político, cuestionando procedimientos constitucionales y decisiones de autoridades electorales de Costa Rica y por ende, poniendo en duda la solidez de la democracia de nuestro país. Si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contras las instituciones republicanas por parte de las autoridades del actual gobierno, las razones que preocupan a quienes se han manifestado desde el exterior, no son las correctas.
Ante ello, nosotros, Expresidentes de la República electos democráticamente por tres diferentes partidos políticos que hemos servido en ejercicio de la Presidencia desde 1986 hasta 2022, nos sentimos obligados a aclarar lo siguiente:
- La Constitución Política de Costa Rica establece el deber de imparcialidad absoluta de las autoridades de gobierno en el proceso electoral. En el caso de los más altos cargos, como el Presidente de la República y sus ministros, su única participación electoral válida es el ejercicio del voto secreto el día de las elecciones (Artículo 95 inciso 3 constitucional y 146 del Código Electoral).
- Esta limitación del margen de participación política a quienes ejercen el poder, al punto que ni siquiera se nos permite ostentar pertenencia a un partido político, es a la vez una garantía de libertad electoral de los ciudadanos con 98 años de tradición en el ordenamiento jurídico costarricense. Nos ha sido aplicada a todos los que hemos gobernado este país, sin excepción. Durante nuestros respectivos mandatos procuramos el respeto a la norma y los ciudadanos ejercieron el derecho de denunciar cualquier desvío que observaran de nuestra parte, ante lo cual las autoridades electorales siempre reaccionaron de manera diligente.
- La entidad llamada a conducir el proceso electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el cual tiene “el rango e independencia de los Poderes del Estado” (Artículo 9 Constitución Política) y constitucionalmente le corresponde “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral” (Artículo 102 Constitución Política).
- Ante diversas denuncias presentadas por violación al precepto de beligerancia política en contra del actual Presidente de La República, el TSE ha solicitado al Poder Legislativo, conforme lo establece el artículo 270 del Código Electoral, levantar el fuero de inmunidad para iniciar un proceso de investigación por parte de las autoridades electorales. Este procedimiento contempla garantías rigurosas que incluyen la posibilidad de descargo por parte del Sr. Presidente Chaves, y una votación calificada, evitando así su politización.
- Costa Rica es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y una de las pocas democracia plenas del mundo. La solidez, independencia y profesionalismo de sus instituciones electorales han sido reconocidas a nivel internacional de lo cual dan crédito los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el país ha recibido de manera ininterrumpida desde 1962.
- Por todo lo anterior hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina, se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda, busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral.
San José, Costa Rica, 21 de noviembre de 2026
