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Germán Gorraiz López
La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español por lo que habrían preparado una trama para impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1 de Octubre.
El pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de la FAES, el ínclito Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde pontificó: ‘todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen».
Operación Toga del lobby judicial tardofranquista
El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del «Clan de los indomables» como sus abnegados peones.
Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez.
Su misión actual sería hacer inviable la entrada en vigor del sucedáneo de la Ley de Amnistía que habrían consensuado Santos y Puigdemont como condición ineludible para lograr el apoyo de Junts en la reciente investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno. Así, como aperitivo, asistimos a las declaraciones del Presidente interino del caducado CGPJ, Vicente Guilarte llamando a los jueces a» la rebelión si son citados a declarar sobre presuntos casos de lawfare judiciales».
Carrera de obstáculos de la Ley de Amnistía.
La ley de amnistía será tramitada por el procedimiento de «lectura única» que permite simplificar los plazos pero debe contar con la aprobación del Senado y dado que el PP dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, recurrirá al filibusterismo político para dilatar los plazos hasta el paroxismo, por lo que se antoja altamente improbable la entrada en vigor de dicha ley antes de la primavera del 2024.
Por otra parte, dicha Ley deberá relatar simplemente los presuntos hechos delictivos susceptibles de ser amnistiados sin mencionar a las personas beneficiarias de dicha medida y la aplicación de dicha Ley a cada supuesto delictivo será individualizada y corresponderá a los jueces, siendo el ínclito Llarena el encargado de dilucidar la situación procesal de Puigdemont y vistos los precedentes, se antoja altamente improbable que Llarena conceda al ex Presidente catalán los beneficios de dicha medida legal. Asimismo, en su campaña para dilatar los plazos de aplicación de dicho al Ley, los jueces tardofranquistas procederán a presentar una cuestión prejudicial al TJUE , lo que dilataría «in eternis» la aplicación práctica de dicha Ley.
Puigdemont imputado por terrorismo
La nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón habría imputado tanto a Puigdemont, a Marta Rovira y al llamado «estado mayor del procés» por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma «Tsunami Democrátic», responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.
El juez García Castellón, habría iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas y presunciones contando tan solo como prueba con un informe elaborado ex profeso por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la llamada «investigación prospectiva» (prohibida en España).En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como «chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid» en el que manifiesta rotundamente que «no puede pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad».
Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que » no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso», el juez Castellón habría derivado el asunto al Tribunal Supremo quien previsiblemente se declarará competente en el caso y podría dilatarlo en el tiempo.
Escenario político inestable
Tras el fracaso de los escraches ante la sede de Ferraz, el PP de Feijóo procederá a la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad al TC, lo que podría suponer sus suspensión cautelar aunque contará con escasas opciones de ser anulada por el Constitucional.
En el supuesto de que finalmente la Ley de Amnistía logré vencer todos los obstáculos y produzca sus efectos benéficos en los presuntos beneficiarios, corresponderá al Senado el turno de obstaculizar y dilatar en el tiempo las iniciativas legislativas del Congreso así como a las Comunidades Autónomas del PP quienes se declaran insumisas y se negarán a aplicar las nuevas leyes aprobadas por el Congreso, lo que significará de facto la consagración del «escenario teleónomico» en el panorama político español que vendrá marcado por altas dosis de volatilidad.
– Analista
