Entrevista a embajadora en la ONU Maritza Chan Valverde

Se necesita voluntad para incorporar un enfoque de derechos humanos en la acción climática y la protección del ambiente y los recursos naturales

NNUU

Con la adopción el pasado 28 de julio de la resolución 76/300: “El derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible”, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), dotaron a la comunidad internacional con un nuevo derecho humano para proteger la salud y el ambiente.

Costa Rica, a través de su Misión Permanente ante la ONU en Nueva York, fue un actor clave en la adopción de dicha resolución que se logró con una mayoría de 161 votos a favor, ninguno en contra y tan solo 8 abstenciones. El país lideró junto con Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza el proceso de consultas intergubernamentales que inició en junio de 2022 con la presentación del proyecto de resolución ante el pleno de las Naciones Unidas.

Maritza Chan Valverde, embajadora, representante permanente ante las Naciones Unidas, asumió el liderazgo del proceso tras la salida del embajador, Rodrigo Alberto Carazo. A lo largo de esta faena, el común denominador fue el ministro consejero, Daniel Zavala, encargado de negociar el proyecto de resolución.

Ante el plenario de la Asamblea General, la diplomática costarricense resaltó que la resolución que reconoce el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, es la culminación de un proceso de cinco décadas de desarrollo progresivo del derecho en el ámbito internacional y nacional. “Es además el resultado de una política exterior de Estado, que nos permitió trabajar como un solo equipo y con una sola voz tanto en Ginebra como en Nueva York a lo largo de muchos años”, aseveró.

“Todos estos avances, junto con la triple crisis climática que vivimos compuesta por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de nuestro planeta, nos obliga a tomar acciones contundentes si queremos asegurar el desarrollo sostenible y el pleno cumplimiento de los derechos humanos”, detalló la embajadora Chan.

A continuación, una entrevista preparada por la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tras este triunfo histórico para la diplomacia costarricense.

¿Cómo surge la iniciativa que resultó en la adopción de esta resolución?

Desde la Declaración y Plan de Acción de Estocolmo sobre el Medio ambiente Humano de 1972, se establece por primera vez a nivel internacional que el ser humano tiene un derecho fundamental a un ambiente de calidad y que le permita vivir con dignidad y bienestar. Ese derecho también se ha reconocido en el ámbito regional y se ha avanzado en su desarrollo a través de convenios vinculantes, uno de ellos el Protocolo adicional al Pacto de San José sobre Derechos Humanos, o Protocolo de San Salvador. A la fecha, más de 150 Estados han reconocido una forma de este derecho.

El reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible puede brindar una respuesta poderosa y efectiva basada en derechos, que no solo catalice cambios transformadores en la sociedad y países, sino que, en última instancia, sitúe el bienestar humano y el disfrute de todos los derechos humanos en el centro de un planeta sano y de prosperidad para todos”.

Desde al menos el 2012, Costa Rica, junto con Suiza, Eslovenia, Maldivas y Marruecos, ha liderado los esfuerzos para comprender mejor los vínculos y las obligaciones estatales derivadas entre el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos humanos y el disfrute de un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible. Como parte de esa labor, en 2012 el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato de Experto Independiente sobre las obligaciones de derechos humanos vinculadas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, en virtud de la resolución 19/10. El mandato de tres años del Experto Independiente se ha prorrogado desde entonces hasta la fecha.

En octubre de 2021, Eslovenia, Maldivas, Marruecos, Suiza y Costa Rica presentaron en el marco del Consejo de Derechos Humanos la resolución 48/13, que fue adoptada por 43 de 47 Estados a favor y con tan sólo 4 abstenciones. El mérito en este caso lo tiene nuestra Misión Permanente ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, en ese momento bajo el liderazgo de la entonces embajadora, Catalina Devandas y su distinguido equipo. En Ginebra, dimos el primer paso para llevar al plenario de la Asamblea General de la ONU el proyecto de resolución sobre “el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

¿Qué características en común tienen los países que lideraron la propuesta?

Costa Rica comparte excelentes relaciones bilaterales y de pensamiento afín con los países que formaron parte de esta hazaña; a saber, Suiza, Eslovenia, Marruecos, las Maldivas.

Como grupo, nos unió el compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la seguridad humana, el multilateralismo y un sentido de urgencia compartido ante las crisis del cambio climático, de la pérdida de naturaleza y biodiversidad y de la contaminación y los residuos. Crisis que, de no atenderse, traerán consecuencias desastrosas para las comunidades más necesitadas, las más amenazadas por las inundaciones y las sequías. En esas comunidades, las mujeres y niñas y las personas más vulnerables sufrirán los más fuertes embates si seguimos ignorando nuestros compromisos climáticos o los cumplimos a medias.

¿Qué retos presentó el proceso para obtener el nivel de aprobación con el que se adoptó la resolución?

Presentar cualquier iniciativa a la Asamblea General requiere seguir una secuencia de pasos que inicia con la presentación oficial del texto ante la membresía. De ahí en adelante, se debe escuchar, intercambiar impresiones, negociar de buena fe y encontrar fórmulas de compromiso con todos los Estados miembros, cada uno con su singularidad e intereses legítimos durante consultas formales e informales.

En nuestro caso, el proyecto de resolución requirió intensas negociaciones, tanto a lo interno del grupo núcleo como con la membresía, múltiples llamadas y conversaciones que nos llevaron a hacer algunas concesiones para lograr amalgamar el mayor número posible de apoyos sin sacrificar la esencia misma del proyecto de resolución. No obstante, también supimos mantenernos firmes ante propuestas que debilitarían el texto. Debo subrayar en este aspecto la impecable labor de Daniel Zavala y del apoyo de todo el equipo de la Misión, pues días antes de la adopción nos dividimos la membresía a fin de conseguir más patrocinios y asegurarnos que estuvieran presentes en el plenario cuando se llamara al voto. La gran cantidad de Estados presentes y el hecho de que no hayamos contado con ningún voto en contra confirma que encontramos ese delicado y no tan frecuente balance que hace converger a una mayoría abrumadora de Estados en torno a una iniciativa que, en este caso, lleva sello costarricense.

¿Cuáles son los beneficios directos para la humanidad a partir de esta resolución?

Confiamos que la resolución tendrá un efecto multiplicador. A corto plazo, estamos seguros que creará aún más presión sobre las delegaciones que acudirán en noviembre a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Egipto, para que negocien con sentido de urgencia y actúen con valentía.

Impulsará, además, a los Estados que aún no lo han hecho a consagrar este derecho en sus constituciones nacionales y los tratados regionales y alentará a otros a hacer cumplir su propia legislación. Del mismo modo, les otorgará más herramientas a las personas defensoras ambientales para cumplir su importante labor y empoderará a las comunidades y sus líderes a impulsar y tomar aquellas decisiones que han dejado de ser “una opción”, y que son hoy, “una prioridad”.

¿Qué mecanismos existen para garantizar que, en el largo plazo, este derecho humano sea una realidad global, sobre todo para personas en condición de vulnerabilidad?

Existen a nivel internacional múltiples mecanismos que atienden la variedad de necesidades humanas, muchas de ellas son agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, las cuales actúan de manera incremental en la protección de las personas, niñez, mujeres, migrantes, indígenas, afrodescendientes con relación al cambio climático y el impacto de los desastres naturales. Este es el caso de UNICEF, PNUD, ONU Mujeres, Programa Mundial de Alimentos, entre otros. También, lo han hecho órganos de tratados de derechos humanos, quienes elaboran sobre la base de cada tratado en velar por el cumplimiento de los derechos y que también han venido aumentando su atención a los impactos del cambio climático y el medio ambiente en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.

Con el reconocimiento universal del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, estamos proveyendo un marco de acción mucho más claro para que todos esos intensifiquen su accionar en todos los ámbitos relativos a los derechos humanos y al ambiente. Los mecanismos convencionales y no convencionales de derechos humanos tienen a su disposición ahora un lente específico para interpretar sus mandatos de derechos humanos.

¿Qué retos deben asumir los países para que este derecho humano sea una realidad en todas las regiones posibles? ¿Qué papel puede jugar Costa Rica en la búsqueda de este objetivo

Para traducir en acciones la letra de la resolución, el primer paso es contar con voluntad política. Se necesita voluntad para incorporar un enfoque de derechos humanos en la acción climática y la protección del ambiente y los recursos naturales. Voluntad para hacer los cambios que debemos hacer y no solo aquellos que nos conviene hacer.

Los retos ante nosotros son sin precedentes: desde la salud del océano y el clima, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mantener un sistema eficaz de derechos humanos, hasta consolidar la paz de forma oportuna y eficaz, resolver los conflictos que siguen drenando tanto los recursos como la voluntad política de la comunidad internacional y comprometiendo, al menos para algunos, la credibilidad misma del sistema multilateral.

Costa Rica puede y debe realizar ese llamado a la acción, a trabajar con un verdadero sentido de urgencia para superar la inercia que sofoca las iniciativas a la escala que requerimos aquí y ahora. Costa Rica debe continuar siendo un actor protagónico para revertir las tendencias actuales y sustituir la crisis climática por “la salud climática”.

En momentos en que el pesimismo nos ahoga, no podemos renunciar a la posibilidad de que el cambio climático y la extinción de las especies puedan revertirse, de que los Estados puedan sustituir la rivalidad por la confianza, que las enormes desigualdades de riqueza puedan acortarse, que nuestros enormes gastos en armamento puedan desviarse hacia el desarrollo sostenible y la seguridad humana, y que nuestras comunidades y familias puedan hacer algo mejor que construir muros sino más puentes.

La adopción de la resolución 76/300: “El derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible”, nos recordó que los retos a los que nos enfrentamos hoy requerirán nada menos que lo mejor de nosotros mismos, como una familia global comprometida con un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos, sus hijos y las generaciones que nos seguirán. Por mucho que quisiéramos negarlo, estamos más que interconectados: somos inseparables.

Maritza Chan Valverde, diplomática de carrera, académica y activista costarricense.

Desde el 15 de agosto de 2022 la Embajadora se convirtió en la primera mujer costarricense en desempeñar el cargo de Representante Permanente ante las Naciones Unidas, desde que Costa Rica se adhirió a este organismo en 1945. De marzo de 2020 a agosto de 2022 se desempeñó como embajadora adjunta ante el organismo internacional. Representó a Costa Rica ante Estados Unidos y organismos multilaterales tanto en Washington D.C. como en Nueva York.

Es experta en temas de paz y seguridad internacional y defensora de la agenda Mujer, Paz y Seguridad. Ha sido reconocida por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), como una de las principales agentes de cambio que abogan por el control de armas, el desarme y la no proliferación en 2014 y 2021. En junio de 2022, fue reconocida como líder de las Naciones Unidas por la Fundación Dag Hammarskjöld (Suecia) en su publicación:“El arte del liderazgo en las Naciones Unidas: Pintando perspectivas, manteniéndose fiel a los principios».

Fue la principal negociadora de Costa Rica en el Tratado sobre el Comercio de Armas (2010-2015) y en la actualidad es vicepresidente del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre las municiones convencionales, establecido de conformidad con la resolución 76/233 de la Asamblea General, cuyo objetivo es establecer un nuevo marco global para la gestión de las municiones durante su vida útil (2022-2023).

Ha publicado artículos sobre su experiencia negociadora en materia de control de armamento, desarme y no proliferación.

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