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Ágora
Por Guido Mora
La pesadumbre que priva entre la ciudadanía, ante el pronto establecimiento de medidas cautelares para los protagonistas del caso Cochinilla, en contraposición con la situación que enfrentan otros infractores de delitos menores, sólo hace pensar que la justicia costarricense fomenta un trato desigual entre los ciudadanos: entre quienes cuentan o no, con los recursos económicos para enfrentar o evadir el peso de la justicia. Esta situación nos recuerda las palabras de Monseñor Oscar Arnulfo Romero: “la justicia es como una serpiente, sólo muerde a los descalzos”.
En esta óptica, adquiere medular importancia lo que resuelvan quienes ocupan la magistratura superior del país, pues en ellos descansa, en buena medida, la defensa y la confianza del sistema democrático costarricense. La Ley debe de aplicarse de igual manera a todos los ciudadanos, no pueden existir, ante los Tribunales de Justicia, unos con más derechos o privilegios que otros.
El cuestionamiento de la recolección y el presunto rompimiento de la cadena de custodia de la prueba, evidente en algunos casos de corrupción y otros delitos, constituye una falta grave cometida por funcionarios del Ministerio Público, que no puede repetirse, ni permitirse.
Altas personalidades del mundo político y económico se han visto favorecidos por la declaratoria espuria de la prueba, acto que hace suponer más que impericia, complicidad. Quisiéramos que esta afirmación no tuviera un asidero real. Sin embargo, resulta sospechoso, que profesionales competentes, incurran en errores que invaliden procesos y procedimientos, por descuido o ausencia de capacidad técnica.
Si se logra comprobar, como argumentan algunos profesionales en derecho, que el caso “Cochinilla” no tiene asidero jurídico, por la inconsistencia o ausencia de prueba, el daño que se le hace al Sistema Judicial costarricense y a la institucionalidad, tendrá repercusiones inimaginables.
Igualmente sorprendentes parecen ser los alcances de esta red de corrupción que, tal como lo manifiestan algunos de los protagonistas, intentó influenciar -o influenció-, a autoridades políticas, personal técnico de universidades, de la SUGEF, del CONAVI, de ministerios, instituciones autónomas, órganos desconcentrados y hasta de gobiernos locales.
Por otra parte, cabe resaltar el impacto negativo que tiene este y otros casos de corrupción en las organizaciones representantes del sector privado; las cámaras empresariales y los colegios profesionales, que deberían condenar las acciones ilegales, la colusión y el papel del corruptor que han jugado algunos de sus representados, ejecutando acciones que atentan contra el sistema político y la confianza de los consumidores.
Paradójicamente, hasta el momento, estas organizaciones han guardado un silencio encubridor, presumiendo como únicos responsables a los representantes del sector público. En la realidad prevalece la complicidad evidente en la comisión del delito y el protagonismo de empresarios inescrupulosos que, por acumular riquezas, son capaces de violentar la normativa jurídica prevaleciente, con el único fin de apropiarse -descaradamente y para beneficio personal-, de los recursos de la hacienda pública, en detrimento de los derechos e intereses de la colectividad.
Esta forma inmoral e ilegal de actuar perjudica la imagen y el accionar de otros empresarios que asumimos el compromiso del respeto de la ley, como norma de vida y parámetro fundamental para el funcionamiento de las empresas; resta credibilidad al consumidor y sume en una crisis mayor a la economía costarricense.
Es imprescindible que los Tribunales de Justicia sienten un precedente y que confirmen a los costarricenses su compromiso con la justicia, aplicando todo el peso de la Ley a los causantes del daño económico y moral, ubicados en el sector privado y, de probarse, a los funcionarios públicos, responsables del deterioro en la credibilidad en el sistema político y jurídico costarricense.
La fe y el honor de los más altos jueces de la República está en juego.
La certeza de que el sistema jurídico es capaz de luchar contra la corrupción debe ser probada y prevalece la obligación de los Altos Jueces de la República -ante la Patria y los ciudadanos-, de confirmar el compromiso de la justicia costarricense por luchar contra la impunidad, comprobando ante la opinión pública que priva la aplicación igualitaria de la Ley, sin que medien los pocos o muchos recursos económicos con los que cuente el infractor o el delincuente.
Costa Rica, ante la profundidad de la crisis de credibilidad y las repercusiones de la crisis económica y política provocada por la pandemia, requiere la seguridad de que la Ley, castigará a quienes pasen por encima de la normativa vigente.
Ya basta de impunidad y del largo transitar de procesos judiciales, que han llegado hasta la prescripción, para favorecer protagonistas del ámbito económico y político de nuestra sociedad.
Señor licenciado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores Magistrados y Magistradas, posiblemente desde hace muchos años no tenían ustedes, como en esta ocasión, el futuro de Costa Rica en sus manos.
Es momento de cumplir fielmente con el juramento y las obligaciones a que asumieron al ser elegidos en los más Altos Estrados Judiciales.
No nos defrauden, no defrauden a sus hijos y nietos.
Nunca como ahora, la Patria y la sociedad costarricense los necesita.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.
Don Guido, buen punto, rico análisis. Termina uno pensando que unos no tenemos vela en ese entierro, solo un gran enojo y una decepción como nunca antes, otros deben poner sus barbas en remojo: cámaras, colegios profesionales, OIJ, Ministerio Público, Contraloría, Ente Costarricense de Acreditación, hacedores y revisores de leyes, Poder Judicial. Lamentable el silencio de unos ante el enojo de tantos.
Don Guido «nos para la peluca» con una reflexión muy seria, pero que tiene sentido, ¿existirá contubernio entre el poder político y económico con las autoridades judiciales, por ejemplo con la Fiscalía, cuando se cometen errores que dan al traste con investigaciones y han dejado fuera de cualquier condena a ciertos personajes políticos y económicos en el pasado?. El poder judicial es una de las mayores debilidades que tiene nuestro sistema, pero ¿Qué se puede esperar cuando el mismo presidente de la Corte toma partido en la defensa de sus intereses con declaraciones en contra de la ley de Empleo Público, adelantando criterio y perdiendo su objetividad?