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Por Miguel Ramos
Los ejemplos usados por la IHRA abren la puerta a la acusación de «antisemita» a quien critique las políticas israelíes. Paradójicamente, muchos judíos también las critican. El Gobierno de España asumió la doctrina de la IHRA en 2020.
El pasado mes de abril, más de un centenar de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo remitieron una carta a las Naciones Unidas alertando sobre los peligros de asumir la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta organización intergubernamental fundada en 1998, de la que forman parte 34 países, entre ellos España, señalaba en su definición que «las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo». Esta afirmación, sin embargo, entra en colisión con lo que después denomina «ejemplos contemporáneos» de antisemitismo. Uno de los más problemáticos subraya que no se debe aplicar a Israel «un doble rasero exigiéndole un comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática».
Las organizaciones que lanzaron la alerta a la ONU consideran que ejemplos como éste abren «la puerta a etiquetar como antisemita a cualquiera que critique los abusos israelíes, siempre y cuando se considere que están ocurriendo abusos peores en otros lugares». Estas críticas, entienden, son legítimas y están plenamente protegidas por la libertad de expresión en virtud del derecho internacional. Entre los firmantes de esta carta, además de organizaciones de ámbito global como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, hay también hay otras de nacionalidad israelí, como B’Tselem y Breaking the Silence, así como numerosos grupos judíos, como Jewish Voice for Peace y Jewish Network for Palestine.
Estas organizaciones y muchas otras formadas por judíos, como IfNotNow, llevan años pidiendo que no se use el nombre del pueblo judío para cometer crímenes en Palestina, ni se use al Estado de Israel como representación de todas las personas judías, pues ni todas viven allí, ni todas apoyan sus políticas.
Durante la reciente ofensiva contra Gaza, la actividad de estos grupos judíos contrarios a la ocupación de Palestina y a lo que hasta la ONU califica ya como «apartheid israelí» se han multiplicado, sobre todo en Estados Unidos, donde varios de estos activistas fueron detenidos durante sus acciones de protesta.
La carta remitida a la ONU advertía de que «los objetivos de las acusaciones de antisemitismo basadas en la definición de la IHRA han incluido a estudiantes y profesores universitarios, organizadores de base, organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles», y ponen como ejemplo las cancelaciones de varias actividades en universidades de Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos, como en los acaecidos en Francia o Alemania, donde se han ilegalizado organizaciones y se han prohibido manifestaciones y hasta banderas palestinas, se alude de manera explícita a la supuesta relación entre antisemitismo y crítica al Estado de Israel.
El pasado octubre, el gobierno de Tel Aviv acusó en un comunicado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), de «alinearse con este de terrorismo tipo ISIS» por criticar los presumibles crímenes de guerra cometidos por Israel contra la población palestina. El mismo texto advertía del «peligro» en el que pone Belarra a la comunidad judía cuando critica a Israel, a la que dice, expone a ataques antisemitas.
Libertad de expresión
Las acusaciones de la embajada israelí, que involucran a los judíos de todo el mundo en las políticas de Tel Aviv, conectan directamente con los puntos más controvertidos del marco promovido por la IHRA, marco que este mismo gobierno español adoptó: el 22 de julio de 2020, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, durante su reunión con la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), anunció que España refrendaría la definición operativa de antisemitismo que propone la IHRA.
A propósito de este anuncio, la formación Más País planteó al Gobierno varias preguntas en una carta remitida a la mesa del Congreso el 25 de febrero de 2021. En la misiva, la formación recordaba que los ejemplos que plantea la IHRA para definir el antisemitismo, «podrían entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión y opinión, en tanto estos derechos protegen la manifestación pública de opiniones políticas, incluidas las relativas al conflicto palestino-israelí».
Y recordaba que diversos gobiernos europeos así lo habían advertido, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera los debates relacionados con este conflicto como temas de interés público, los cuales gozan del mayor grado de protección bajo la Convención Europea de Derechos Humanos. La formación preguntaba entonces si la adopción de esta definición de la IHRA «introduce modificación alguna en nuestro ordenamiento jurídico», y si «está de acuerdo el Gobierno de España en que la manifestación de posiciones críticas con las políticas del Estado de Israel y la defensa pública de los derechos humanos de la población palestina se encuentran protegidos por el derecho a la libertad de expresión en nuestro país».
El Gobierno respondió en abril del mismo año que la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA «no es vinculante jurídicamente», sino que se trata de una «herramienta útil de orientación en la educación y la formación». La respuesta añadía que «la legislación española garantiza el legítimo derecho al debate y a la crítica política, amparados ambos por el derecho a la libertad de expresión».
La asunción de los marcos de la IHRA se plasma en varios documentos del actual gobierno, tales como el Protocolo y sistema de indicadores para la detección del discurso de odio en las redes, un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. En el punto 2 del citado informe, referido al marco conceptual del discurso de odio, se usa la definición de la IHRA cuando se cita el antisemitismo. Este mismo trabajo ya fue objeto de críticas por la inclusión de palabras relacionadas con la defensa de Palestina o las críticas a Israel como parte del supuesto lenguaje racista que se monitoriza.
Definición ratificada
Más recientemente, en enero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y el fomento del modo de vida judío 2023-2030. En el documento publicado se explica que el Gobierno español refrendó, en julio de 2020, la definición de trabajo, no vinculante jurídicamente, de antisemitismo de la IHRA.
El documento explica las medidas a adoptar, tales como «organizar encuentros y seminarios sobre antisemitismo que cuenten con la voz de personas expertas nacionales e internacionales en el marco del estudio e interpretación de la definición actual de antisemitismo de la IHRA para promover un enfoque centrado en los derechos y en las víctimas». También se comprometen a traducir al español y a difundir una guía para un uso práctico de la definición de antisemitismo de la IHRA editada por la Comisión Europea, «que presenta un catálogo de las buenas prácticas seguidas en toda Europa en lo que respecta al uso de la definición». Para todo esto, el plan determina la elección como coordinador/a al Centro Sefarad-Israel, en la persona de su director/a general.
Esta asunción por parte del Gobierno de España de los marcos de la IHRA podría suponer en un futuro que se prohibieran o se sancionaran declaraciones o actividades relacionadas con la defensa de Palestina o la denuncia de las políticas israelíes, como ya ocurre en Francia o Alemania, donde el derecho a la protesta y a la libre asociación se han visto restringidos cuando el sujeto de las críticas es el Estado de Israel. Una aplicación similar en España dependerá ahora de lo que consideren jueces, fiscales y funcionarios públicos, que decidirán hasta dónde afectará este marco que pretende restringir la crítica a un Estado en particular.
* Miquel Ramos (Valencia, 1979) es un periodista y músico español. Fue teclista y vocalista del grupo Obrint Pas. Es analista e investigador de movimientos sociales, discursos de odio y extrema derecha.Redactor de La Marea, publicación creada por un grupo de trabajadoras y trabajadores despedidos en condiciones abusivas de la edición en papel del diario Público en 2012
– La Marea, España
