Luis Ángel Oviedo Carballo
El día 10 de marzo será el día que marcará la vida de muchos trabajadores del sector público, algunos de ellos contemplan con tristeza y resignación el salario global asignado a su puesto; otros piensan en que no volverán a tener un aumento de aquí hasta el día de su pensión; otros más piensan en cómo harán para cubrir las cuotas de sus créditos cada vez mayores y a la vez satisfacer las necesidades básicas de sus familias con los precios subiendo mes a mes, mientras su salario permanecerá congelado por mucho tiempo; otros comenzaron éste mismo día a buscar opciones en sector privado; y puede que otros se hayan acostado este viernes, pensando en actividades a realizar para complementar sus ingresos.Por mucho tiempo, las autoridades hablaron del salario global y sus familias, sin mostrar datos claros y compartir al menos con la academia, los salarios con los cuales se pensaba implementar la Ley Marco de Empleo Público. Lamentablemente, cuando se pensaba que al detener el festín de privilegios y aumentos sin control los principales afectados serían los que más ganaban, hoy nos damos cuenta que afectaron a la baja, los salarios de todos los funcionarios públicos, incluidos los de puestos no profesionales, mientras los Ministros recibieron un 100% del aumento de su salario.
Alcanza con ver la escala salarial de las diferentes familias de puestos dadas a conocer éste 10 de marzo para darse cuenta de que algo no está bien, los salarios globales transitorios en muchos casos se hayan por debajo del salario mínimo de la misma categoría que corresponde al sector privado.
Del cuadro anterior surge la duda, ¿es legal que un trabajador del sector público reciba un salario que está por debajo del salario mínimo correspondiente a la misma clase del sector privado?
La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 57 indica “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Es decir, la Ley Marco de Empleo Público está violando el piso mínimo de garantía que establece la Constitución Política para un gran número de puestos en la función pública, al no velar por un salario mínimo al menos comparable con el sector privado para el mismo tipo de trabajo.
Además, siguiendo con el artículo 57 de la Constitución Política ¿se puede decir que el salario mínimo del sector privado tomado como referencia para comparar los salarios globales, es suficiente para procurar bienestar y existencia digna del trabajador y sus familias? Los conceptos de bienestar y dignidad suelen tener muchos parámetros para su medición por lo que resulta complejo llegar a un criterio único. Sin embargo, si lo planteamos en términos económicos para asociarlo al salario que recibe un trabajador, éste puede ser medido en términos de lograr con su salario adquirir una canasta básica de bienes y servicios que le permite cumplir con sus requerimientos nutricionales, así como satisfacer sus necesidades de vivienda, vestido, salud, educación, transporte, telecomunicaciones, entre otras.
En enero de 2023 el INEC cuantificó el costo de la canasta indicada en el párrafo anterior en 132.784 colones por persona por mes. Es decir, todo aquel salario mensual superior a los 132 mil garantiza a la persona trabajadora cubrir sus gastos personales y no caer en situación de pobreza. Pero, ¿cuánto es el salario necesario para lograr bienestar y existencia digna de su familia?
Un cálculo básico para estimar el monto necesario consiste en tomar el tamaño del hogar promedio en Costa Rica, el cual según la ENAHO 2022 del INEC los hogares costarricenses tienen en promedio 3 personas, por lo que multiplicar el costo de la canasta básica de bienes y servicios por tres nos da el monto necesario requerido por un trabajador para garantizar que su familia satisfaga los requerimientos mínimos de alimentación y acceso a bienes y servicios. Por lo que todo trabajador requerirá como mínimo 398,352 colones netos por mes para cumplir al menos desde el punto de vista económico con bienestar para él y su familia de máximo tres miembros en total. Asumiendo que, el trabajador es la única fuente de ingresos de su familia. Sin embargo, tal y como se indicó, esto le permitirá cumplir con lo básico en términos de subsistencia, sin posibilidad de afrontar gastos inesperados ya que dicho monto no supone la posibilidad de realizar un ahorro. En este sentido, los expertos en temas de economía familiar sugieren que para tener finanzas sanas se debería ahorrar el 20% del salario, por lo que el salario calculado anteriormente debería corresponder al 80% y sumársele el 20% que corresponde al ahorro, de esta manera llegamos a un monto mensual de 497,940 colones netos. Éste monto debería ser el salario mensual de todo trabajador, (convertido a términos brutos corresponde a un salario de 557.416 colones por mes) para cumplir mínimamente con lo indicado en la Constitución Política de procurar bienestar y existencia digna para él y su familia.
Por tanto, el salario mínimum minimorun (remuneración mínima que deben recibir los trabajadores no calificados que no están cubiertos por ningún salario específico) de Costa Rica se encuentra según los cálculos anteriores un 58% por debajo del umbral necesario para garantizar a una familia de tres miembros vivir con dignidad. De la misma manera, muchos de los salarios globales transitorios establecidos en la Ley Marco de Empleo Público que no alcanzan siquiera el tope de salario mínimum minimorum, empujarán a más hogares costarricenses a la pobreza. Pobreza que mes a mes viene subiendo y que en próxima publicación del IICE-UCR mostrará que estamos alcanzando niveles preocupantes de población que no está satisfaciendo sus necesidades dado el deterioro del poder adquisitivo.
Con una tasa de desempleo aún en dos dígitos, y con el porcentaje de ocupados que tenían dos empleos antes de la pandemia disminuido de 6.8% en 2019 a 4,1% en el cuarto trimestre del 2022, son señales de que el mercado laboral no está dando espacio para que los trabajadores puedan desarrollar una segunda actividad económica. Y por tanto la migración por aspectos laborales podría parecer cada vez más una opción para mejorar la calidad de vida.
Otro aspecto preocupante es pensar cómo con esos salarios globales transitorios tan bajos, en los que la posibilidad de ahorro es mínima, limitará el acceso a créditos. Cómo harán las personas que se irán incorporando al sector público para optar por un crédito de vivienda, para automóvil o para estudio, si cuando vimos en caso de formar una familia dicho salario les alcanza limitadamente para cubrir sus requerimientos básicos de alimentación, ocio y recreación. Y si pudiera optar por un crédito el nivel de endeudamiento que aplican las entidades financieras solo permitiría un porcentaje no mayor al 45%, por lo que un profesional 1 A con salario global no podría optar por un crédito cuya cuota sea mayor a 232 mil colones.
Valga decir, que se asume que todos los empleados públicos mensualmente reciben montos millonarios por su trabajo. Sin embargo, lo cierto es que del total de empleados públicos a diciembre de 2020 según la base de datos del SICERE, el 20% recibe salarios mensuales de menos de 500 mil colones. Un 35% recibe salarios entre 500 mil y un millón de colones mensuales. Un 34% de los empleados públicos recibe salarios superiores al millón, pero inferiores a los dos millones de colones mensuales y finalmente un 10% recibe salarios superiores a los dos millones de colones mensuales. Sin embargo, la Ley Marco de Empleo Público no excluyó ningún puesto afectando a todos por igual aun cuando el grupo con mayores privilegios no es ni la mitad del aparato estatal.
Intentando no ser pesimista sino realista, es de esperar algunas cosas en un futuro cercano: i) producto de la pérdida de poder adquisitivo más prolongada para casi la totalidad de los empleados públicos actuales, se espera un aumento en las tasas de desempleo, ya que los empleados públicos que cuentan con trabajadores domésticos y de apoyo en sus hogares para múltiples tareas, podrían prescindir de ellos para afrontar gastos en aumento de otros bienes y servicios, ii) una fuga de personal talentoso, capacitado e idóneo para desempeñar puestos en la función pública migrando hacia el sector privado en aras de obtener mejores salarios. iii) por tanto, una rotación más alta de personal en el sector público y iv) un posible aumento de la corrupción en función pública por ser más vulnerables económicamente.
Trabajar desde la función pública para servir al país era motivo de orgullo para la mayoría de empleados públicos pasados y actuales. Sin embargo, los nuevos funcionarios públicos que entren a partir de ahora muy seguramente lo verán como un premio de consuelo por no haber logrado ubicarse con un mejor salario en el sector privado.
– Investigador.