Fondo de avales: ¿quiénes se benefician con este proyecto?

David Gourzong

Para nadie es un secreto que Costa Rica atraviesa una situación económica compleja, la cual se vive en el sector público y el privado. La dinámica comercial ya venía dando resultados exiguos, previo a la llegada de la pandemia del COVID-19, pero se agravó con esta. Es cierto que tenemos un sector privado amenazado, agobiado y golpeado por la crisis. También es cierto que requiere apoyo financiero y mejores condiciones de crédito.

En ese sentido, actualmente, la Comisión de Asuntos Hacendarios tramita el expediente 22.144, Ley de creación del Fondo nacional de avales y garantías para reactivación económica y apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19. Un proyecto que debe manejarse con guantes de seda, pues pone en juego la suma de 180 mil millones de colones, aportados por el Estado, para brindar mecanismo de garantía a los bancos, por pérdida esperada. Monto que será pagado por todos los costarricenses, quienes deberán aportar en promedio 36,000 colones cada uno para crear el fondo.

Es aquí donde quiero hacer un llamado a la reflexión sobre la conveniencia o no de impulsar un proyecto de ley de este tipo.

Primero que todo, el texto sustitutivo aprobado por la comisión el pasado 11 de noviembre, NO indica la fuente de financiamiento de esos 180 mil millones de colones. Este aspecto es de gran preocupación, pues dado el endeudamiento del país, no hay margen para asumir estos riesgos, mediante nuevos créditos, ya que dicho aporte tendrá incidencia en la sostenibilidad financiera y fiscal del sector público, tal como lo indica la Contraloría General de la República. Por otro lado, es difícil que el Gobierno pueda cubrir estos recursos mediante la recaudación, cuando tenemos por delante una larga lista de prioridades, en materia de infraestructura, educación, salud, y seguridad nacional.

Por otra parte, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, es claro al indicar que, “se están generando nuevos costos, cuando ya existen otros fondos con estructuras similares y con recursos disponibles, como es el caso del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE)”, administrado por la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, y añade lo siguiente: “El proyecto de ley busca que los Bancos supervisados por la SUGEF puedan hacer uso de los avales como garantía de los créditos que otorgan; no obstante, el FONADE cuenta con fondos disponibles para esos mismos operadores que no han sido solicitados, a pesar de las medidas especiales adoptadas por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo”.

La pregunta aquí es ¿quiénes se benefician con este proyecto?

A mi criterio, los grandes beneficiarios de dicho regalo estatal serán los bancos directamente, pues recibirán el pago de todos los préstamos no pagados por personas o empresas. Además, no hay garantía de que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a la mayor parte de estos fondos. Por lo cual podría intuirse que serían las grandes empresas o grandes clientes bancarios, quienes tendrán acceso preferencial a estos recursos.

No cabe duda, que facilitar el acceso al crédito es un motor de desarrollo. Eso lo tuvo claro don José Figueres Ferrer, cuando decidió nacionalizar la banca con el propósito de facilitar el acceso al crédito productivo, y con ello generar empleo. No obstante, este proyecto de ley viene a aumentar el gasto, cuando ya existen opciones, que los bancos no han querido utilizar.

– Diputado