Desde mi perspectiva
José Francisco Bolaños Arquín
Al igual que muchos costarricenses, siento una enorme preocupación y frustración por el daño ambiental y ecológico que se está produciendo por la explotación de oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos, el cual está siendo sacado hacia Nicaragua.
En nuestro país está prohibido la minería a cielo abierto, desde noviembre de 2010 bajo el expediente N. 15.948, aprobado por la Asamblea Legislativa; lo que obligó a la cancelación de la concesión minera a Infinito Global en los años 2010 y 2011 por la Sala Primera y el Tribunal Contencioso Administrativo, ante la presión de ecologistas de no permitir la concesión para la explotación de metales en esa zona.
Crucitas es un lugar alejado de la zona norte, montañoso, prácticamente sin vigilancia; lo que incentiva a oreros y coligalleros, muchos ilegales sobre todo de Nicaragua a extraer el valioso metal, que se calcula en alrededor a los $400 millones de dólares, sin importarles en lo más mínimo el desastre ambiental que están causando por el uso del cianuro y el mercurio entre otros, además de la desforestación, la construcción de profundos túneles y la contaminación de ríos, nacientes y vida silvestre.
Las intervenciones en la zona, tienen un alto costo económico ya que participan la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Policía de Migración.
En una de las últimas participaciones en Crucitas, se pudo comprobar que los oreros y coligalleros ilegales, ya están usando equipo pesado para realizar extracción en mayor escala y han talado árboles para construir guarderías.
Además, de la zona de crucitas y con base en nuevas investigaciones, hay unas 17 propiedades privadas que están en la mira de un creciente número de extranjeros.
Considero que la minería se podría reactivar en nuestro país, pero estrictamente controlada; donde la actividad se desarrolle ante un severo cumplimiento de las normas ambientales y que esa riqueza se quede en nuestro país, que mucha falta nos hace y de no tomarse esta decisión, se debe garantizar su protección.
El Gobierno debe tomar medidas a la mayor brevedad y así detener y proteger el medio ambiente en esa valiosa zona.
– Lic. Administración de Negocios