Las metas país para el 2030

William Alberto Méndez Garita

William Alberto Méndez Garita

En un artículo reciente hice referencia a tres importantes temas: a) tener un plan nacional de desarrollo de largo plazo, b) contar con un equipo de Gobierno que trabaje en ese plan y, c) tener claridad de los objetivos mundiales 2030.Pobreza, educación y trabajo

En Costa Rica vivimos 4,6 millones de personas. La pobreza según el PNUD es de 20.7 por ciento y, como es sabido, la pobreza afecta a quienes tienen menos educación y menos oportunidades de trabajo.

La atención de la pobreza extrema debe ser una prioridad de cualquier gobierno, pues recordemos que dentro de ellas se encuentra personas –familias u hogares- que no cuentan con ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria, están en el rango de personas en el límite del hambre, la desnutrición y tienen un deficiente acceso a los servicios públicos.

Para disminuir la pobreza debemos fortalecer la acción del estado en educación, la generación de oportunidades –generación de empleo- y seguimiento de su situación.

No solo para los grupos en los niveles de menos ingresos, sino que también para todos los sectores la meta país debe ser que ningún niño, niña o joven esté fuera de las aulas. Por eso, los esfuerzos nacionales deben ir a que ingresen, se mantengan y no abandonen el sistema educativo.

Para continuar la línea de penetración de la educación nacional, reitero la necesidad de declarar la educación superior –universitaria y parauniversitaria- gratuita, es decir, universalizar el acceso a las aulas después de terminada la secundaria.

La educación debe ir unida a la creación de micro empresas para los jóvenes y las mujeres inyectándoles transferencia tecnológica, capital semilla como parte de un proceso de “incubadora de empresas”, tema que abordo más adelante.

Sigue siendo la opción cooperativa y la educación dual una buena oportunidad en un mundo de economía globalizada.

No podemos avanzar en la calidad del trabajo, conforme el parámetro de trabajo decente de la OIT, si mantenemos los niveles actuales de trabajo informal o subempleo. Por ello debemos formalizar estas actividades capacitando a estas personas, al tiempo que eliminando requisitos y costos que no pueden soportar en la actualidad.

Desarrollo urbano y rural

Para quienes recorremos el país en proyectos humanitarios nos toca descubrir que existe un tipo de pobreza urbana y otra rural, pero igual en ambas se pasa hambre. Debemos reducir la diferencia entre las ciudades urbanas con urbanas y urbanas con rurales, tanto en indicadores de pobreza como de desarrollo.

La meta en esto es hacer accesible internet a todo el país para equilibrar las oportunidades educativas e impulsar el desarrollo de micro empresas y actividades económicas.

El entorno urbano debe ser devuelto al ciudadano para que se apropie de los espacios públicos y permita el reencuentro de sus habitantes, sus costumbres e identidad. Hablamos de ciudades amigables, ambientalmente diseñadas y aptas con espacios de convivencia no excluyente por razones de ingresos económicos, edad, género o discapacidad.

Cuando hablamos de ciclovías, cuando nos referimos a aceras para personas con discapacidad, cuando se tienen parques para perros, con espacios con maquinas para ejercicios en zonas públicas, con áreas para caminar sin peligro de ser atropellados, cuando disfrutamos de movilidad urbana integrada, con arborización de las comunidades estamos en el camino correcto.

En materia agroindustrial se debe tener una política clara de seguridad alimentaria. El país divaga en políticas oscilantes sin garantizar un mínimo o base de bienes para cubrir la demanda interna. Esto es importante si tenemos en cuenta que no hace muchos años vivimos una gran crisis mundial de alimentos y, los mercados internacionales, no aseguran que se repita en el futuro.

Igual he propuesto en columnas anteriores la necesidad de elevar a rango constitucional la agricultura, más allá de lo establecido en el Artículo 46 de la Carta Magna, para una verdadera seguridad alimentaria.

Energía sostenible

En materia de energía sostenible el país debe apuntar con claridad a la producción de biocombustibles. Sin que sea excluyente la producción de otras fuentes de energías limpias, los biocombustibles y biolubricantes deben ser norma en el transporte de carga y transporte público, al tiempo que se encadene la producción agrícola de la materia prima necesaria.

Con solo la siembra de Higuerilla como materia prima para los biocombustibles impulsaríamos la agricultura, el empleo y la eco eficiencia del transporte público.

Subrayo que esta actividad no puede ser monopolio estatal y, más bien, mientras subsista Recope, esta institución debería poner el biocombustible como aditivo y, muy optimistamente, venderlo en su estado puro en todo el país.

Los biocombustibles y energías limpias deben ir de la mano con el planteamiento país en materia ambiental, es decir, transversalizar el desarrollo sostenible en las políticas públicas.

Eso pasa por que los costarricenses estemos enterados de que algunas de nuestras malas prácticas deberán dejarse de lado y asumir una conducta más consciente, como el tema del uso de bolsas plásticas y estereofón y energía generada con combustibles fósiles. Debemos enfocarnos en lograr que el ciudadano sea un consumidor que entienda sus obligaciones y que asuma su cuota de responsabilidad con la sociedad.

Se trata de que no tengamos esa doble moral ambiental y que no basta con decir que somos un país “verde” o ecológico, sino que realmente abandonemos conductas perjudiciales para el medio ambiente.

Particularmente en el tema de manejo de desechos sólidos insistir más en el reciclado y la reutilización, disminuir el consumo de hidrocarburos –con impacto en el efecto invernadero y el pago de millones de dólares en su importación- e impulsar la generación eléctrica por fuentes renovables.

Debemos entonces apuntar a usar energía en las instituciones públicas y en las casas de tipo eólicas, solar fotovoltaica, térmica o termosolar y las mareas (maremotérmica o mareomotriz) o geotérmico.

Somos un país muy pequeño para tener una incidencia en los terribles efectos del cambio climático. Más, sin embargo, tenemos una autoridad mundialmente reconocida en defensa del medio ambiente, la paz y la democracia. Debemos tomar muchas medidas internas para enfrentar este fenómeno –como asegurar a las poblaciones costeras, las previsiones agrícolas necesarias o el acceso al agua para la población- pero, principalmente, ser esa voz en los foros internacionales para alcanzar metas globales radicales.

Crecimiento económico

Este tema no solo es importante, es vital. Bajar la tasa de desempleo y aumentar el crecimiento económico son variables económicas que nos obligan a ser exitosos no solo en turismo ecológico y en exportaciones de alta tecnología, sino también a enfocarnos en fortalecer los mercados “verdes” de alta tecnología, los “closters” (agrupación de empresas), la venta de servicios y que las micro empresas estén en la punta tecnológica para la competitividad.

El Banco Crédito Agrícola de Cartago no solo debe verse como el sistema de crédito para los agricultores o un banco comercial más del Estado, sino que debe aspirar a ser el banco de la inversión de micro empresas de alta tecnología e impulso de proyectos con alto componente tecnológico o empresas creativas innovadoras que puedan generar patentes sobre sus invenciones dentro del concepto “incubadora de empresas” – separada de la banca de desarrollo- pues esta es una apuesta país que debe ser estratégica.

Tenemos la obligación de que el Estado sea eficiente –reorganizar el aparato estatal-, que reduzcamos los trámites en todos los niveles, eliminación de leyes obsoletas –ya existe un estudio completo de leyes para suprimir lo mismo que decretos- y que se ejecuten obras de infraestructura –tanto municipal como nacional- en tiempos cortos.

No podemos crecer sin planificación y sin planificación no podemos unificar los esfuerzos y recursos necesarios para llegar a las metas país para el 2030.

Abogado, periodista y politólogo.

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