En la nueva Socialdemocracia: Gobernanza democrática debe sustituir concepto de gobernabilidad

Manuel Damián Arias Monge
Periodista

Desde las transformaciones que se han dado en el mundo, que iniciaron con la caída del Muro de Berlín, que prosiguen con la crisis endémica del modelo neoliberal, y en el contexto de la globalización de los mercados y de la revolución digital de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que ha creado la nueva sociedad del conocimiento, en los últimos años, quienes pretenden crear un nuevo paradigma de democracia, más participativo, transparente y abierto, han sustituido el término “gobernabilidad”, —que se circunscribe exclusivamente al impacto del quehacer del Estado en la sociedad—, por el de “gobernanza”, que es mucho más multidimensional y abarca no sólo al gobierno, sino que también intenta describir el cambio sistémico complejo que vive la humanidad actualmente, y que afecta a varios ámbitos que van de lo local a lo mundial y que también implica a otros sectores, además del público, como es el privado y el civil.

En Costa Rica, que no ha quedado exenta de esos grandes cambios, es también pertinente empezar a cambiar la noción de gobernabilidad, por la de gobernanza. En ese sentido, hay que reconocer que la dinámica del mundo moderno y su rápida evolución, ha hecho que la institucionalidad costarricense se haya convertido, muchas veces, en un freno que retrasa el necesario desarrollo. La cultura política actual, que impide que el país adopte las decisiones que corresponden, oportunamente, de la manera más correcta, eficaz y eficientemente ha creado graves dificultades, que se traducen en un déficit de infraestructuras, en el deterioro de la calidad de vida de la clase media y, sobre todo, en la imposibilidad de reformar los componentes, como el acceso a la salud, a la educación y a los servicios fundamentales, que le dan forma y sentido al Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, para que se adapten a la realidad del siglo XXI y puedan ser sostenibles en el mediano y en el largo plazo.

Para modificar la gobernanza, es necesario crear un diálogo político y social, sin exclusiones, que pueda modificar, —parcial o totalmente—, nuestro marco constitucional y jurídico, para que se recupere el rumbo, en el marco de una democracia más deliberativa y más directa.

De esta manera, Costa Rica podría continuar con su exitosa incorporación a los mercados globales, pero con garantías para una más justa distribución de la riqueza, que cierre la creciente brecha que divide a quienes más tienen de quienes menos tienen, —eliminando las políticas que han destrozado a la clase media—, que incorpore a toda la población a la nueva sociedad del conocimiento, que reforme las instituciones del Estado del bienestar para que sean viables en el siglo XXI, y que cree nuevas fórmulas de inclusión y movilidad sociales.

Asimismo, la nueva gobernanza debería darle al Estado la capacidad de, verdaderamente y en todos sus alcances, tomar decisiones y fijar el rumbo, sin enfrascarse en pugnas políticas que detienen el progreso nacional, de modo que se recupere la autoridad pública y, en consecuencia, haya herramientas suficientes para luchar contra fenómenos como el narcotráfico y la delincuencia.

Sobre la base de la democratización y de acercar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones que afectan su calidad de vida y sus oportunidades de movilidad social, para que Costa Rica recupere la gobernanza en todas las escalas, es necesario fortalecer a los gobiernos locales y, a su vez, crear administraciones de ámbito regional que permitan modernizar la gestión territorial y el desarrollo de proyectos e infraestructuras que beneficien, directamente, a las comunidades que más los necesitan. Con el actual centralismo del Estado costarricense y la debilidad del régimen municipal, hay un enorme abismo entre las zonas urbanas, especialmente del Valle Central, y las áreas rurales, principalmente de las costas del Pacífico y del Caribe, así como de las zonas sur y norte.

Si la gestión de las municipalidades tiene un efecto más directo en el bienestar de las personas, la ciudadanía comprenderá que la democracia no es, exclusivamente, ejercer el derecho al sufragio cada cuatro años para elegir a sus representantes, sino que es un proceso abierto, del que puede participar constantemente. Eso, precisamente, es gobernanza. Eso y, además, un diálogo permanente del Estado, —en todas sus escalas—, con el sector privado y con las organizaciones cada vez más numerosas que forman parte de lo que hoy se conoce como sociedad civil.

Evidentemente, plantear cualquier proceso de reforma del marco jurídico implica peligros potenciales, especialmente en el contexto de una sociedad que, en años recientes, ha demostrado apatía hacia la política. No obstante, en el marco de un proceso que involucre la educación y la divulgación y que cambie la percepción negativa que la política tiene entre la ciudadanía, la sociedad y las instituciones costarricenses podrían dar ese gran salto hacia la gobernanza efectiva, algo que es imprescindible para guiar al país por la senda de un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible y, sobre todo, equitativo y justo, bajo el anclaje de una democracia más deliberativa, participativa y directa.