Oscar Núñez Calvo
Hace días vengo dándole vuelta a un tema; de varios en el buche, que me gustaría compartir.
Creo, por la función en la que se encuentran las actuales autoridades del sector vivienda, que analizándolo podrían sacarle punta y hacer una enorme diferencia que marque su paso por el gobierno de la República.
Se trata de las construcciones que los desarrolladores le venden al Estado para las familias de escasos recursos, llamadas casas de interés social, o casas construidas mediante el bono de la vivienda.
Es sencillo observar las enormes diferencias en la tipología constructiva entre quienes construyen cuchitriles con menor inversión (pero cobrando la totalidad del bono al gobierno) y quienes construyen viviendas decentes, con extras inimaginables por los primeros.
Creo que el segmento de viviendas construidas en este rango para el Estado, es enorme y hay mucha gente ganando dinero con ello a manos llenas, por lo que exigir calidad es imprescindible.
Debemos regular e innovar esta tipología. Me refiero a que el gobierno debe encargarse de realizar un serio trabajo en el que participen necesariamente (hasta como fiscales si se quiere) el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y algunas facultades de ingeniería de universidades públicas y privadas, y hasta ciudadanos (representantes de sectores interesados) a fin de innovar, pensar, ofrecer y materializar soluciones decorosas que se pueden lograr con lo que hoy día se asigna al bono de vivienda.
No se trata sólo de inflar el valor de la infraestructura o del terreno para asignar el monto del bono.
Lo que necesariamente debe evaluarse, para evitar seguir entregando por omisión o contubernio casas llenas de carencias, es el concepto de solución; de forma integral, con la que el Estado realmente establezca requisitos elementales que deben subsanarse, para que cada casa que se construya sea la exigida a los proveedores.
Me animaría a pensar incluso, que el Estado podría establecer al menos tres diseños constructivos, y exigir la construcciones que se realicen basados en estos.
Hoy es elemental, y por tanto no tiene complicación alguna, saber el costo y el inventario de materiales por casa al detalle de hasta del último clavo requerido. A partir de ello, incluso se calcula el lucro del desarrollador sobre cada vivienda, con rangos que le obliguen a trabajar con ellos si quiere trabajar haciendo las casas al gobierno .
Me parece que ya fue suficiente anteponer el lucro al objetivo con el que los costarricenses nos comprometimos al ofrecer vivienda digna a los más necesitados. Debemos exigir por lo que pagamos casas dignas y felizmente acabadas. Estoy seguro que se puede.