Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
El pasado 13 y 14 de abril del 2018 se realizó la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, que una vez más reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del hemisferio con el objetivo de debatir sobre aspectos políticos y económicos. Para muchos estas cumbres no tienen trascendencia y se convierten en un saludo a la bandera; no obstante considero que es fundamental dichas reuniones que ayuden a fomentar la discusión de los diversos temas que afectan al hemisferio occidental. Así como existe la Liga Árabe, la Unión Europea y varios foros regionales alrededor del mundo; y organismos internacionales regidos por el Derecho Internacional; nuestro continente americano también debe tratar de tomar acuerdos concretos en beneficio de todos los ciudadanos de sus países, y el fortalecimiento de sus instituciones públicas.
Un dato importante es que el 13 de febrero el Presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski revocó la invitación al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro; se informa que si asistieron unos diputados venezolanos, y también el Presidente de EE.UU. Donald Trump en abril anunció que no asistiría a la Cumbre, en su lugar lo representó su Vicepresidente Mike Pence. El debate de la Cumbre se centró en el tema de la “corrupción”, siendo un problema generalizado que afecta de manera sustancial las instituciones públicas de nuestros países. Se adoptaron 57 acuerdos agrupados en 7 ejes temáticos: 1-Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 2-Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión. 3-Financiamiento de campañas electorales. 4-Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas. 5-Cooperación jurídica internacional. 6-Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción. 7-Seguimiento e informe de los acuerdos.
Esta Cumbre enfatiza en ejecutar acuerdos para el combate contra la corrupción; que ha sido un gran flagelo en nuestro hemisferio; donde prácticamente cada día salen a la luz pública casos de corrupción entre los jerarcas de los gobiernos o funcionarios públicos de alto o mediana posición institucional. Entre los acuerdos destacan los numerales siguientes que procurarían amortiguar la lucha contra la corrupción reinante; que finalmente los gobiernos deben implementar mediante la promulgación de leyes y tomar las decisiones respectivas. En el número: 13. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.
27. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
28. Implementar mecanismos de acompañamiento intergubernamental a proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de ejecutarlos, y de acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la confianza.
29. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación.
34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de las recomendaciones aplicables de las rondas específicas del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones de las sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
35. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no esté previsto en la legislación nacional.
36. Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas.
37. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.
Con los anteriores acuerdos suscritos en momentos de extrema necesidad y exigencia de la ciudadanía cansada de tantos actos de corrupción entre funcionarios públicos; que juegan y cometen actos ilícitos con los fondos públicos; establece esta Cumbre una hoja de ruta para afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el objetivo de hacer frente a los retos y desafíos en especial en la lucha contra la corrupción. Si todos los países se comprometen a implementar las políticas públicas; aprobar las leyes respectivas; que garanticen la transparencia y disminución de este flagelo que carcome las instituciones públicas y que algunos gobernantes lucran con el erario público; ya sería una ganancia en avanzar hacia el futuro en los países del hemisferio. Esperemos que cada país adopte y tome las decisiones que corresponden y que se comprometieron con la ratificación de estos 57 acuerdos de esta VIII Cumbre 2018.