Venezuela: «Todo el mundo sabe lo que pasó»

Yoletty Bracho

Yoletty Bracho, activista e investigadora venezolana afincada en Francia, ha dedicado sus investigaciones a la relación entre las organizaciones de los barrios populares y el Estado nacido de la revolución bolivariana. Presente en Venezuela en las semanas previas a las elecciones, pudo entrevistarse con representantes de diversos componentes de la izquierda y del chavismo.

Aquí, basándose en los testimonios que recogió, expone sus impresiones sobre la situación actual y el desarrollo de las elecciones y hace un llamamiento a la solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano.

«Todo el mundo sabe lo que pasó» es la frase que estaba en boca de las y los venezolanos poco después de la medianoche del 28 de julio, cuando se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales. Era el 29 de julio y nos enterábamos por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, había ganado con 51,2% de los votos emitidos, dejando atrás al tradicional candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien había obtenido 44,2% de los votos. Sin embargo, este anuncio contradecía una serie de indicios en sentido contrario: a lo largo del día, los resultados desfavorables a Nicolás Maduro parecían surgir de los viejos bastiones del chavismo, en particular en los barrios populares urbanos. ¿Qué había pasado? ¿Qué puede hacer la izquierda de estas últimas elecciones presidenciales venezolanas? ¿Cómo imaginar una salida que respete la democracia y los votos del pueblo venezolano?

Dudas y desmoralización: la izquierda dividida bajo la presión madurista

Afirmarse de izquierdas en Venezuela y oponerse al gobierno de Nicolás Maduro no es tarea fácil. Los testimonios que pude recoger durante un mes de conversaciones con diversos representantes de la izquierda, incluyendo a personas que aún se reivindican como miembros del movimiento chavista, muestran lo difícil que es organizarse cuando se es objeto de la represión política y social del gobierno. Esto es aún más evidente durante el periodo electoral. Un antiguo ministro chavista me dijo: «Es impresionante ver que la derecha ha podido tener su candidato, pero somos nosotros, la izquierda, los que no podemos tener candidato. No tenemos representación en estas elecciones»[1]. De hecho, muchas personas me transmitieron su preocupación por la decisión que se iba a tomar el día de las elecciones. Para estas personas activistas de izquierdas, miembros de organizaciones de base, muchos de las cuales también han sido intermediarias en la acción pública bajo los gobiernos chavistas, la cuestión era si ir o no a votar el 28 de julio. Por un lado, porque votar por Edmundo González Urrutia parecía imposible. No había forma de que estas personas votaran por María Corina Machado, la líder de la oposición tradicional, que en el pasado fue capaz de forjar alianzas con figuras tan repulsivas como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei. Pero, ¿votar por Nicolás Maduro? ¿El hombre que durante años ha mantenido a la izquierda popular fuera del Gobierno? ¿El hombre que ha gestionado la crisis económica haciendo pagar a la población más pobre la corrupción dentro de la petrolera y los efectos de las sanciones económicas de EE UU? ¿El que reprimió a las clases populares durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, que dejó miles de jóvenes negros de los barrios muertos?[2] No, eso tampoco era posible. Así que, para determinados sectores de activistas, la única opción parecía ser la abstención. Una solución que contrasta con años de pretensión del chavismo de que el voto es una herramienta política de pleno derecho para resolver los conflictos entre las y los venezolanos. También hay posturas divergentes: entre las personas con las que hablé, una decidió votar por González Urrutia para pararle los pies a Maduro. El otro dijo que era su deber como chavista votar por la oposición, para demostrarle al presidente de turno que ya no representaba los ideales de este movimiento político. Pero también hay otras opciones: entre las fuerzas sindicales, trotskistas y comunistas que han tenido relaciones más o menos estrechas con el chavismo, el voto nulo parece ser la más popular. Esto exige a un pequeño esfuerzo técnico a las personas votantes. No olvidemos que el voto en Venezuela es electrónico. Se realiza mediante máquinas instaladas en los colegios electorales, que transmiten los votos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y emiten un comprobante de votación que se deposita en una urna. La única manera de obtener un voto nulo es iniciar el proceso de votación en la pantalla táctil, esperar los tres minutos que se dan en total para votar y recoger un recibo de «voto nulo». La máquina no ofrece inmediatamente una opción para expresar esta elección.

Pero más allá de la elección electoral, está la cuestión de la organización colectiva y unitaria de los izquierdistas que se oponen al gobierno de Maduro. Divididos entre partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y otros espacios plurales (think-tanks, revistas literarias, etc.), la convergencia de las luchas parecía difícil antes de las elecciones, cuando los distintos partidos se criticaban mutuamente por sus posiciones divergentes con respecto a la historia de la Revolución Bolivariana. Las cuestiones de lenguaje se están convirtiendo en cuestiones estratégicas centrales: en una Asamblea General que buscaba construir una alianza entre organizaciones para el periodo postelectoral, sorprendió ver que ciertas palabras habían desaparecido del vocabulario cotidiano. Ya no se habla de «poder popular» o de «el pueblo», sino de «trabajadores» y «pactos de élites». Es una especie de victoria de los sindicatos y de los partidos trotskistas, que pueden presumir de no haber engrosado nunca las filas de los chavistas. En este contexto, un conocido activista e investigador que trabaja en temas de violencia y barrios obreros me dijo: «Será el momento después de las elecciones el que nos unirá. A pocos días de las elecciones (19 de julio), todavía podemos hablar de recuperar la petrolera haciéndola funcionar a través de cooperativas, o de nacionalizar las clínicas privadas… pero después de las elecciones sabremos si vamos a tener el espacio necesario para luchar por nuestros derechos sociales y colectivos o si, simplemente, vamos a tener que luchar por el derecho a existir políticamente». Esta opinión coincide con la de un dirigente de una importante organización que defiende el derecho a la vivienda para las clases trabajadoras: «Nicolás no puede ganar. No tienen los votos. Y si Nicolás se lleva las elecciones por la fuerza, no nos quedará más remedio que defender nuestra capacidad de hacer política». Según conversaciones y expresiones políticas de estos mismos actores tras las elecciones, parecen coincidir en que es la segunda opción la que está ganando terreno.

28 de julio: ¿el fin de la democracia revolucionaria?

En vísperas de las elecciones fui a visitar a líderes comunitarios en un barrio obrero del oeste de Caracas, bastión histórico del chavismo. Sus posiciones habían cambiado con respecto a las que me habían comunicado un mes antes. Estaban convencidos de que la maquinaria electoral, es decir, las estructuras de movilización electoral del chavismo, podía ganar. Después de un mes de discusiones con diversos sectores de la izquierda venezolana, era la primera vez que escuchaba una afirmación semejante. Aún más sorprendente, un activista chavista me dijo: «y aunque no ganemos, tenemos que ganar. El peligro es demasiado grande». Estas personas de clase trabajadora, identificadas en sus barrios como activistas chavistas, tienen miedo de lo que pueda ocurrir si gana la oposición tradicional. De hecho, otra expresión recorre las calles de Caracas y las redes sociales: ahora vamos a cobrar, vamos a hacer que paguen nuestra cuota. La oposición tradicional parece referirse a lo que consideran una nueva estrategia que debería permitirles reivindicar estas elecciones, a diferencia de lo que habría hecho Henrique Capriles Radonski en 2013 contra Nicolás Maduro, unas elecciones que consideran robadas a pesar de que la auditoría del CNE sí confirmó la victoria de Maduro. Pero para los activistas históricos del chavismo suena distinto: cobrar sería más bien un ataque material y físico al lugar donde viven, a su activismo, a ellos mismos y a sus familias. Un conocido investigador que lleva muchos años participando en las negociaciones en Venezuela entiende estos temores: «Desgraciadamente, el discurso de la oposición tradicional más radical no tranquiliza a los chavistas, lo que impide avanzar, incluso en las más altas instancias de negociación».

El 28 de julio, día de las elecciones, Caracas, y el resto del país, estaba tranquilo. Aunque se denunciaron irregularidades en la constitución de los colegios electorales, los venezolanos hacían cola para votar desde la víspera. Tampoco fue la fiesta electoral que históricamente ha reivindicado el chavismo. En un país donde las jornadas electorales siempre han sido días de gran movimiento, de movilización ciudadana, de reencuentros familiares, amistades y activismo, esta vez todo parece extrañamente tranquilo; de hecho, demasiado tranquilo. Era difícil encontrar gente con la que pasar el día y esperar los resultados, aparte de las reuniones a puerta cerrada organizadas por las ONG en sus locales para supervisar los aspectos técnicos de las elecciones. En el este de Caracas, en un barrio de clase media alta, las ausecias se hacen sentir: las generaciones mayores votan, pero las jóvenes, que viven desde hace años en el extranjero, no están presentes. Con más de 7 millones de venezolanos y venezolanas viviendo en el extranjero, lo que representa un tercio de la población del país, ahora son los barrios populares los que se vacían de sus generaciones medias.

El anuncio de los resultados llegó tarde. Muy tarde. El 29 de julio. Esto no es excepcional en sí mismo, pero arroja dudas. Desde el final de la tarde, cuando se cerraron los colegios electorales, tenemos diversos testimonios según los cuales los resultados no se están transmitiendo al CNE, o que los testigos autorizados por el mismo consejo y que representan a los partidos políticos están encontrando dificultades para obtener las actas que registran los resultados en sus respectivos colegios electorales. Es más, tenemos entendido, por diversas fuentes, que los representantes de González Urrutia tienen prohibido entrar en la oficina de tabulación del CNE, donde se imprimen los resultados de las elecciones generales y son validados por los miembros del Consejo y los representantes de los partidos políticos. Pasada la medianoche, la presidenta del CNE anunció la victoria de Nicolás Maduro, tras denunciar un ataque terrorista contra el sistema de transmisión de resultados. El ataque fue superado, lo que permitió a las autoridades electorales emitir los resultados tras obtener, según ellas, el 80% de las actas de los colegios electorales. En Venezuela, sólo el CNE tiene derecho a anunciar los resultados. Éstos se anuncian una vez que muestran una tendencia denominada irreversible, es decir, que no puede cambiar incluso después de que lleguen los resultados que faltan. La diferencia anunciada por Amoroso entre Maduro y González era de 700.000 votos. El 20% de votos que faltaban [por escrutar] representabann más de 2 millones de votos. La inversión de los resultados siguía siendo matemáticamente posible. Y los testimonios de los colegios electorales y la movilización popular posterior dicen mucho.

Movilización popular y ciudadana: democracia frente a represión

A las 7 de la mañana del 29 de julio, Caracas aún dormía. Tras cruzar la ciudad de oeste a este, me sorprendió ver lo vacía que estaba, cuando la capital suele despertarse con el sol, entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Unas horas antes, una amiga mía, ecologista y activista feminista, estaba preocupada: «¡6 años más de esto es demasiado! Qué vamos a poder hacer»[3]. Ella y su madre, que habían trabajado en el CNE en el pasado, no se explicaban el supuesto y lejano atentado terrorista. Según sus conocimientos, no es posible. Pero aún más importante era la conclusión a la que llega esta activista que lucha por el ecofeminismo en un país petrolero donde el derecho al aborto sigue penalizado por la ley: «en lo único que todavía confiaba era en el sistema electoral. Pero ahora es como con los apagones (cortes generalizados de luz que se produjeron en 2019); entonces fue una iguana[4] la que vino y cortó todo, y ahora no tenemos una explicación adecuada, sólo resultados que tenemos que tomar al pie de la letra».

Si a las 7 de la mañana todo estaba tranquilo, pocas horas después la ciudad comenzó a moverse. Y no sólo en Caracas, sino en el resto del país. Una revuelta popular recorrió las calles. Los cacerolazos se convirtieron en movilizaciones callejeras. Estas movilizaciones iban más allá de las organizaciones políticas, más allá de la división binaria que históricamente ha estado en el centro de los análisis sobre Venezuela. Mujeres y hombres de las clases populares, muchos de ellas, sin duda, partidarias del chavismo, salieron a la calle y exigieron que se respete su voto y su derecho a vivir en democracia. Estas movilizaciones no estaban lideradas por la derecha venezolana ni por el imperialismo estadounidense. En muchos sentidos, iban más allá de ellos, y a los líderes de la oposición tradicional les estaba costando encauzarlas.

Lo mismo puede decirse del gobierno chavista, cuya respuesta fue rápidamente represiva. En sólo tres días, más de mil personas fueron encarceladas. Ya ha habido más de veinte muertos y varias personas desaparecidas. Maduro anunció la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad en las que se utilizarían los trabajos forzados y la reeducación «como en los viejos tiempos»[5]. En aquel entonces, fue durante la última dictadura militar del siglo XX, la de Marcos Pérez Jiménez, quien, como recordó en su discurso el actual presidente de Venezuela, puso a trabajar a los presos en la construcción de carreteras. «Que vayan a construir carreteras», dijo. Una de mis conocidas, investigadora, acoge en su casa a una mujer cuyo hijo fue víctima de las OLP y que, en su colegio electoral, fue testigo[6]. La policía busca testigos en los barrios y se los lleva a las cárceles. Se multiplican los testimonios sobre la represión y el control por las fuerzas de seguridad y las organizaciones paramilitares de los barrios de donde proceden las manifestaciones. Asistimos a la criminalización de la revuelta popular y a su implacable represión.

Una salida a través de la diplomacia latinoamericana y la solidaridad internacionalista

El conflicto político venezolano está siendo mediado por diversos actores internacionales. El papel de la diplomacia latinoamericana es central. Países gobernados por la izquierda, como Brasil, Colombia y México, han reclamado en un comunicado al gobierno de Maduro una auditoría pública de los votos emitidos el 28 de julio como única herramienta institucional que permita una salida soberana a las tensiones, dudas y represión que agobian al pueblo venezolano. Lejos de las afirmaciones de Anthony Blinken de que Estados Unidos reconoció directamente a González Urrutia como vencedor de las elecciones, provocando así aún más tensiones, los diplomáticos latinoamericanos están realizando el arduo trabajo de mantener canales de diálogo con las partes implicadas en el conflicto y tratar de construir negociaciones entre estos actores.

La izquierda internacional, y la francesa en particular, pueden hacer su parte. Nuestros camaradas y el pueblo venezolano en su conjunto necesitan nuestro apoyo. Hacer un llamamiento al respeto de la democracia es sin duda el mejor camino en esta situación. «Todo el mundo sabe lo que pasó», incluidos nuestros camaradas que ahora buscan construir un espacio político digno de ese nombre. Se lo debemos a las luchas populares de las que son portavoces.

ContreTemps

Traducción: viento sur

[1] Estoy parafraseando. En general, la situación política en Venezuela impide que se graben las entrevistas por preocupación por la seguridad tanto del entrevistador como del entrevistado.

[2] Se trata del programa de seguridad puesto en marcha por el gobierno de Maduro, que se concretizó en intervenciones militarizadas de las Fuerzas Especiales de Seguridad (FAES), un cuerpo policial cuyos miembros enmascarados intervienen en los barrios en busca de supuestos delincuentes. El trabajo de campo, tanto cuantitativo como cualitativo, muestra que estas OLP son responsables de miles de muertes de personas jóvenes negras y pobres de los barrios urbanos populares. Véase Keymer Ávila y Magdalena López, «La nécropolitique au Venezuela bolivarien : l’État comme machine de guerre», Cahiers des Amériques latines, nº 103, 2023 [disponible en línea].

[3] Este relato se hace eco del comunicado de prensa emitido por la organización feminista Les comadres púrpuras, preocupada por el hecho de que la represión postelectoral pueda hacer la vida aún más difícil, obligando a las mujeres a desarrollar nuevas prácticas y estrategias de cuidado. Véase «Prácticas que buscan embrutecer y promover la mediacridad del pensamiento crítico. Pensamiento absolutista gubernamental que busca un orden dependiente del terror, miedo y subordinación». Las comadres púrpuras, 31 de julio de 2024 [en línea].

[4] Durante los cortes generalizados de electricidad de 2019, las autoridades esgrimieron varias explicaciones, entre ellas incendios y ciberataques. Estas circulan junto a otras más inverosímiles, como los efectos de las iguanas en las centrales eléctricas. La iguana atacando el sistema eléctrico se ha convertido en una imagen común utilizada irónicamente para criticar la incapacidad del gobierno de Maduro para explicar sus acciones.

[5] Véase un extracto de este tuit: https://x.com/Karenmendezl/status/1819498113071304806.

[6] Los testigos son personas acreditadas por el CNE en nombre de los partidos políticos que participan en las elecciones, con derecho a supervisar el proceso electoral en sus respectivas sedes y a participar en el recuento y la verificación final de los resultados. Al final del recuento, estos testigos deben obtener copias de las actas de las máquinas de votación.