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La operación estadounidense en Venezuela parece haber sorprendido a todos: a quienes pensaban que finalmente no ocurriría y a quienes creían que la «extracción» de Nicolás Maduro abriría el camino para que María Corina Machado recalara en el Palacio de Miraflores. Ahora se inicia un complejo proceso, con la anterior vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a cargo de un poder tutelado por el propio Trump, quien alardea de ser quien «manda» en el país.
Omar Vázquez Heredia
La acción militar de Estados Unidos, en cuyo marco fueron bombardeadas diferentes zonas del centro de Venezuela y capturado el presidente Nicolás Maduro, ha sido recibida con perplejidad y en modo de supervivencia por la población venezolana. El día después de la invasión del territorio nacional se vivió una curiosa calma. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se hizo cargo del poder, no hubo presencia militar en las calles -y la de policías y grupos paramilitares fue escasa-, y Donald Trump y Marco Rubio dejaban de lado a María Corina Machado para la transición: «Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país». Una reacción en apariencia sorprendente para un presidente que había reconocido a Edmundo González, el candidato de Machado, como el triunfador de las elecciones presidenciales de 2024.
Un sector de la población venezolana se encuentra desconcertado porque muchos habían descartado la posibilidad de una operación militar estadounidense en territorio venezolano después de transcurridos cinco meses del inicio de las amenazas verbales de Trump, en el contexto de un enorme despliegue naval estadounidense en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Otro sector lo está porque creía que la captura de Nicolás Maduro, en una operación armada «quirúrgica», implicaría la caída del conjunto del régimen bolivariano y el comienzo inmediato de una «transición democrática» bajo el liderazgo de María Corina Machado y un gobierno de Edmundo González.
La población venezolana, entrenada en la escasez y la hiperinflación, se ha dirigido inmediatamente a abastecerse en los supermercados, farmacias, panaderías y abastos. En esos lugares, sin presencia militar ni policial, se observaron largas filas de personas en silencio, en calma, aguardando su momento para realizar su compra con dólares en efectivo o, donde había energía eléctrica, con tarjetas de débito.
Pero a los problemas actuales se suma ahora la incertidumbre por la posibilidad de que Trump ordene un nuevo ataque militar contra el territorio venezolano para golpear al gobierno nacional liderado por Delcy Rodríguez. En ese sentido, los venezolanos saben que sus libertades y derechos democráticos siguen suspendidos y restringidos, y también que su acceso a bienes básicos, como energía eléctrica, agua, medicinas y alimentos, seguramente seguirá viéndose afectado por la injerencia estadounidense materializada en las sanciones económicas y, ahora, en las operaciones militares.
El gobierno de Delcy Rodríguez ha intentado demostrar que mantiene la unidad de la dirección gubernamental: el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta asumiera como presidenta encargada y posteriormente esta fue juramentada ante la nueva Asamblea Nacional. De esta manera, se ha intentado esconder la perplejidad reinante a partir de la captura de Nicolás Maduro -sin reacción de las Fuerzas Armadas-, que lleva a los dirigentes a actuar movidos por el instinto de supervivencia.
Delcy Rodríguez fue, en su juventud, integrante de la Liga Socialista, donde fue compañera de militancia de Nicolás Maduro. Esa organización marxista-leninista, que se disolvió en 2007 en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue fundada por el padre de la nueva presidenta, Jorge Antonio Rodríguez. Este antiguo dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela fue asesinado en 1976, cuando era torturado por efectivos policiales durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1979). Delcy Rodríguez asumió importantes responsabilidades en el gobierno de Hugo Chávez, como el Ministerio del Despacho de la Presidencia. Pero solo duró seis meses y dejó el cargo en el marco de tensiones con el entonces presidente. Pero cuando Nicolás Maduro asumió el liderazgo del chavismo en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Delcy Rodríguez alcanzó cargos de primera línea, entre ellos la Vicepresidencia de la República, la Cancillería y el estratégico Ministerio de Petróleo y Minería. Siempre funcionó en tándem con el también poderoso Jorge Rodríguez, su hermano, otro alto funcionario del madurismo, por lo que muchos se refieren a ellos como «los Rodríguez».
Ahora, el discurso oficial para justificar el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada apela al artículo 234 de la Constitución Nacional, que establece los mecanismos para reemplazar al presidente en caso de falta temporal. En un primer momento, la hasta ahora vicepresidenta reiteró su lealtad a Maduro al asumir su nuevo cargo y exigir su liberación y regreso a Venezuela. Sin embargo, existe una insistente versión -imposible de confirmar o de refutar hoy en día- de que habría habido un acuerdo con Estados Unidos para llevar adelante una transición post-Maduro, impulsado en supuestas negociaciones entabladas en Qatar.
No sería la primera vez que circulan rumores sobre deslealtades a Maduro y se resalta el supuesto empeño secreto de «los Rodríguez» en promover una transición política ordenada y negociada. En 2024 se especuló con que Jorge Rodríguez, recién reelecto presidente de la Asamblea Nacional, había sido el responsable de la sobreestimación del apoyo electoral al oficialismo y quien recomendó permitir la participación de Edmundo González en la elección presidencial del 28 julio de ese año, en lugar de bloquear la inscripción de cualquier candidato apoyado por María Corina Machado -ella misma inhabilitada-. Además, como antiguo presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez tampoco habría alertado sobre la necesidad de no entregar a los testigos de mesa opositores actas electorales, que dejaban en evidencia un resultado desfavorable para el gobierno. A falta de información, diversas versiones de analistas venezolanos y extranjeros ocupan hoy el análisis de los periódicos.
Entretanto, el gobierno interino ratificó su control militar y policial del territorio venezolano, su principal activo en cualquier negociación con Donald Trump y que también parece ser el factor que ha provocado el desconocimiento estadounidense de la legitimidad política de Machado.
El diálogo entre los gobiernos de Trump y de Delcy Rodríguez ya se encuentra abierto, y los primeros signos de ello podrían ser la continuidad de la exportación de petróleo venezolano al mercado estadounidense, por parte de Chevron, y la de los vuelos de migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a Venezuela. Trump anunció que la nueva mandataria pagará un alto precio «si no hace lo correcto» y, en línea con su comparecencia tras el secuestro de Maduro -y de su voluntad de escribir un «corolario» propio de la Doctrina Monroe- ratificó que quiere «acceso total a todo» en Venezuela. En una entrevista, el magnate neoyorquino anunció que es él quien está «al mando» del país. Un grupo de cuatro altos cargos de su mayor confianza ayudarán a supervisar esa «gestión»: el secretario de Estado, Marco Rubio, el ideólogo de la política de máxima presión y derrocamiento de Maduro; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; su jefe adjunto de Gabinete y consejero para política interior, Stephen Miller, y el vicepresidente J.D. Vance. También Trump confirmó que no habrá elecciones en Venezuela con los próximos 30 días. El presidente estadounidense quiere todo el protagonismo, sin competidores.
En este marco, el control militar y policial del territorio venezolano por el gobierno de Delcy Rodríguez parece frágil por diferentes factores: la captura de Nicolás Maduro sin una respuesta armada acorde a las capacidades defensivas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mostró las limitaciones de unas fuerzas armadas en las que el gobierno invirtió ingentes sumas de dinero; los efectivos castrenses de la FANB se encontraban todavía acuartelados dos días después del ataque militar de Estados Unidos; desde la elección presidencial de julio de 2024 y bajo el mando de Diosdado Cabello, hubo un incremento del tamaño y poder de fuego de componentes militares y policiales paralelos a la FANB, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (Sebin); finalmente, es poco probable que no se refleje en las preferencias políticas de los oficiales y la tropa de la FANB el resultado electoral de julio de 2024, en el cual el principal candidato opositor obtuvo, según las actas difundidas, alrededor de 70% de los votos.
En un «día después» de sorprendente tranquilidad, el gobierno de Delcy Rodríguez ya hace esfuerzos para restablecer paulatinamente la normalidad de los servicios públicos, el transporte y las actividades comerciales en las zonas residenciales más afectadas por el ataque militar. Esto parece indicar que el principal objetivo de las acciones del gobierno es demostrar su capacidad para gobernar Venezuela. Esta es la carta que le permite presentarse como el socio indispensable para mantener el orden público en el país y habilitar el acceso de Estados Unidos al petróleo venezolano -la obsesión de Trump-, en un contexto de declive de la infraestructura petrolera venezolana.
Por último, las diversas fracciones de la oposición, tanto dentro como fuera de Venezuela, mantienen una diversidad de posiciones: el sector tradicional liderado por María Corina Machado celebró la acción militar estadounidense, así como la captura de Nicolás Maduro, pero hace silencio ante el desconocimiento de su liderazgo y de la declaración de Trump en la cual se asumió como administrador colonial de facto de Venezuela. Esto es particularmente duro para una dirigente que viene reclamando hace años una acción militar de Washington y que tras su exitosa concreción declaraba estar lista para «tomar el poder». El sector opositor tradicional moderado tampoco cuestiona directamente la acción militar de Estados Unidos, pero exige el restablecimiento de la democracia en el país. Por último, la oposición de izquierda y el chavismo crítico interpretan lo ocurrido como un ataque imperialista, mientras evitan cualquier apoyo a Maduro y ahora a Delcy Rodríguez.
Desafortunadamente, parece que en el corto plazo el futuro de Venezuela va a depender de las amenazas armadas de Donald Trump y de la capacidad de la presidenta encargada de obtener y conservar el respaldo del aparato militar y policial. Así, pareciera que todavía estamos lejos del momento en el cual el pueblo venezolano, en el ejercicio de su soberanía, pueda decidir libremente su futuro en elecciones nacionales en las que puedan participar en igualdad de condiciones todas las corrientes políticas que existen en la sociedad venezolana. El propio Marco Rubio descartó una convocatoria electoral en el corto plazo en nombre de la necesidad de resolver problemas más urgentes.
En consecuencia, los escenarios políticos para Venezuela parecieran resumirse en dos. En el primero, Delcy Rodríguez, u otro líder chavista en caso de esta sea desplazada, logra consolidar un madurismo sin Maduro, en el cual se mantienen la suspensión y restricción de las libertades y los derechos democráticos mientras, como lo venía haciendo desde la Vicepresidencia económica la misma Delcy Rodríguez, continúa la apertura de la economía en beneficio del capital transnacional y nacional. En ese sentido, más allá de los actuales acuerdos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con Chevron, también podrían habilitarse mejores condiciones para esa y otras empresas petroleras estadounidenses, así como suspenderse la asociación con capitales petroleros chinos y la exportación de petróleo venezolano a China.
En el segundo escenario, Delcy Rodríguez acepta o es forzada a aceptar el desmonte progresivo del madurismo, pero conservando la apertura económica con beneficios para el capital petrolero estadounidense. De esa manera, el gobierno podría negociar, a cambio de impunidad, una amnistía general para todos los presos políticos, la devolución a sus legítimas direcciones nacionales de los partidos opositores de derecha e izquierda intervenidos judicialmente y, por último, la convocatoria de elecciones libres para todos los cargos de elección popular.
La reciente reelección de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional para el año 2026 es otra demostración del peso de los hermanos Rodríguez en la sucesión de Maduro, y en el interior del entramado gubernamental chavista. En caso de ausencia como presidenta de la República, Delcy Rodríguez deberá ser suplida por su hermano.
La promulgación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, firmado por Maduro en septiembre pasado, pero publicado después de la intervención militar estadounidense, también ratifica la continuidad de la suspensión y restricción de derechos y libertades democráticas, porque en su artículo 5 ordena la búsqueda y captura de las personas involucradas en la promoción y apoyo del ataque armado de Estados Unidos, acusación que puede instrumentalizarse para perseguir a opositores.
En la actualidad, las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina, Estados Unidos y Europa, además de condenar la acción militar de Donald Trump en territorio venezolano, también deberían hacer un llamado al respeto de los derechos humanos y democráticos por el gobierno de Delcy Rodríguez. El antiimperialismo es autoritario si no se acompaña del reclamo del respeto a los derechos fundamentales y niega la posibilidad de dialogar con la inmensa mayoría de la población venezolana.
Fuente: nuso.org
