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Luis Castrillo Marín
La medida para que la UPAD –q.d.D.g.- se entrometiera en la vida privada de los simples mortales llegó al paroxismo de los adefesios al punto que uno de los artículos de aquel Decreto autorizaba a Casa Presidencial para obtener información confidencial de la ciudadanía contenida en las bases del datos de los Ministerios u otras instituciones del Sector Público.
Aquel intento por legalizar semejante locura duró muy poco. Una vez que la prensa destapó aquella jugada de las mentes brillantes de Zapote empezaron a surgir toda clase de contradicciones y; como es usual en este (des) gobierno, arrancó la operación “lavado de manos” para que; finalmente, ese plan quedara en el basurero de la historia.
Pero si algo caracteriza la gestión pública del actual mando gubernamental es su tremenda capacidad para tropezar, una y otra vez, contra la misma piedra. Uno tiene la impresión de que el funcionariado se regodea metiendo los escarpines todas las semanas porque en materia de fallas no hay quien les gane.
En días recién pasados los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recibieron un correo electrónico donde los conminan a firmar un Contrato de Confidencialidad y Uso Restringido de la Información documento que parece sacado de un manual de la Gestapo de la Alemania Nazi o la KGB de la era Soviética.
La UPAD 2.0 empezó mostrar sus garras justo antes del arranque de la campaña política para las elecciones presidenciales de febrero del 2022 porque el texto deberá estar rubricado por el personal del Instituto a más tardar el 30 de setiembre.
El menú de las prohibiciones –a contrapelo de un gobierno que se jacta de promover la apertura informativa, la rendición de cuentas y la transparencia- es de tal magnitud que en la octava parte el IMAS se auto confiere la potestad de “supervisar por todos los medios a su alcance el debido cumplimiento de los términos y condiciones establecidos”.
Pero semejante lindura se queda corta si leemos la disposición cuatro donde los censores quieren obligar a los trabajadores a “no discutir, revelar o publicar” cualquier tema que los Jefes mismos consideren “sensible”.
Nuestro ordenamiento jurídico y los fallos del Tribunal Constitucional ya ofrecen las suficientes herramientas legales para la protección de los datos del público incluso existe una Ley (N.8968) especialmente diseñada a este respecto; de modo que, si alguien cometiera una falta en este campo se aplicaría lo que establece esa normativa.
Este intento –que de seguro tendrá una muerte en extremo prematura- del IMAS por “Vigilar y castigar” -como decía el filósofo francés, Michael Focault- nos pone de frente ante una legión de burócratas que exigen obediencia absoluta.
Por dicha, apenas faltan ocho meses para que estos iluminados canten viajera. Es cuestión de aguantar.
¡Ya casi jalan!
– Periodista y Politólogo, UCR
