Una propuesta tributaria debe construirse sobre principios de solidaridad y progresividad

M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos – Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez

Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.

En ese sentido, proponemos lo siguiente:

1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.

El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.

27 de marzo de 2020