Una propuesta sencilla para impulsar la Obra pública

Pizarrón

Vladimir de la Cruz
vladimirdelacruz@hotmail.com

Una dificultad que se manifiesta en la decisión de impulsar obras públicas, como carreteras, autopistas, vías ferrocarrileras, entre otras, radica en que los terrenos por donde deben pasar esas vías, deben ser expropiados, y debidamente pagados para proceder a avanzar con esas obras.

El obstáculo que ponen los dueños de terrenos por la expropiación, generalmente por el valor o precio que se les quiere pagar, atrasa esas obras y ese atraso, a la vez, encarece el costo de las mismas cuando se llegan realizar varios meses o años más tarde.

En la Comisión de Notables, integrada en el Gobierno de Laura Chinchilla, propusimos una reforma legal para solucionar estos atrasos. La propuesta es sencilla. Es la siguiente:

Se define la ruta de la obra. Se estudian registralmente, a los propietarios y el valor de esas propiedades que se afectarán, en el Registro y en las Municipalidades respectivas.

Sobre eso se hace un avalúo por parte del Gobierno, todo comunicándoselo a los propietarios.

Definido el caso, se ordena o decreta la expropiación y el pago respectivo. Una vez hecho el pago se procede a expropiar y hacer avanzar las obras.

Si hubiera una diferencia de precio, el propietario puede reclamar en la vía judicial lo que considere el justo precio, sin que el proceso judicial de este reclamo pueda atrasar o impedir el avance de las obras.

Mientras tanto el proceso de expropiación se ha hecho y avanza sin retrasar y encarecer, por esos atrasos, la Obra pública.

Si el Tribunal judicial le da la razón al expropiado sobre el precio que se le debe pagar más alto de lo que se le pagó, procede a gestionar ese pago que se le debe satisfacer. Así no se atrasa ninguna obra pública.

Así debería procederse en la Asamblea Legislativa para modificar las leyes que hayan que reformar para agilizar los trámites de la Administración Pública, por un buen Gobierno.

Vale esto, de la expropiación de terrenos, también para el llamado Centro Cívico, Ciudad Política, de construir una ciudad como Brasilia, en Brasil, o cómo quiera llamarse esa propuesta, de concentrar todos los edificios de los Ministerios, y dejar de pagar exagerados alquileres.

Un intento se hizo en el gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982, cuando se pensó en impulsar este Centro Cívico en la llamada Finca de la Verbena, al sur de la Capital, entre Alajuelita y Escazú.

Todavía está esa finca allí, prácticamente en las mismas condiciones que tenía en el Gobierno de Carazo. ¿Qué espera el Gobierno para proceder en esa dirección? Esta siempre será una opción menos costosa que comprar o expropiar terrenos en el centro de la Capital.