Una forma natural de combatir el contrabando y la evasión fiscal

Javier Morales Arguello

¿Sabía usted que mientras en este país se debate sobre la posibilidad de más impuestos, nuevos recortes y aumentar la deuda con el FMI, la legislación aduanera permite la aceptación de “Buena Fe” de la declaración y pago de los impuestos a la importación?

¿Sabia que mientras nuestras autoridades de Salud, MAG y Seguridad Publica entre otras luchan para que no ingresen alimentos y medicinas sin control, plagas, armas, drogas y dinero para el lavado, nuestra legislación permite el ingreso de mercancías sin ser revisadas?

¿Qué mientras nuestros empresarios honestos luchan día a día, nuestra política aduanera de no revisión de alguna manera auxilia el “Dumping” o la competencia Desleal?

Considerando esta alarmante situación, que ninguna norma internacional puede obligar a ningún país a proceder en relación con los controles de tipo aduanal. Y cada nación soberana debe actuar en resguardo del INTERES NACIONAL por encima del interés particular o comercial. Comprendiendo eso como la defensa y promoción de los objetivos naturales y esenciales del estado en el área Política, Económica, Estratégica, de Salud, de Seguridad y de Desarrollo Social. Se presentó a la corriente legislativa el proyecto No 22.082 denominado: LEY DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS EN PUNTO DE INGRESO. El cual pretende que de manera natural las cargas que ingresan al país se nacionalicen, es decir se revisen físicamente y paguen los impuestos que realmente corresponden, en el lugar por donde ingresan.

Resulta inaudito que cada mes, miles de furgones y contenedores recorran cientos de kilómetros dentro de nuestro territorio hasta almacenes dispersos por toda la Gran Área Metropolitana para ser nacionalizados y finamente, arribar a las bodegas de los importadores. Si todos aprendemos en la escuela que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, lo que se propone es que las cargas hagan aduanas por donde ingresan y desde allí, pasen directamente a las bodegas de las empresas. De esa forma, el importador podrá contar más rápidamente con las mismas, eliminando un trayecto de transporte con lo que bajaría sus costos, así como los riesgos por daños o perdidas asociados a la manipulación. Las rutas nacionales mermarían su desgaste y bajaría la factura petrolera la cual pagamos de una u otra forma todos nosotros.

Así también se descongestionaría la GAM disminuyendo la contaminación visual, atmosférica y acústica. Así como el estrés y los riesgos de contagio asociados a la aglomeración y haciendo de este un lugar más agradable para vivir y crecer.

Hay que recordar que la Costa Rica de hoy no es la misma de hace 20 años. Nuestros principales puertos están concesionados, lo cual a generado un aumento en la eficiencia, la eficacia y la maximización de los espacios físicos en donde se desarrollan estas operaciones. Hay mucha más capacidad física, técnica, operativa y humana. De igual forma, otras actividades del accionar logístico se encuentran presentes allí bajo la figura de Auxiliares de la Función Pública Aduanera, de mamera tal que la infraestructura no constituiría ningún inconveniente. En relación con los Escáneres, más allá de su costo y limitaciones mercadológicas, su implementación resultaría perfectamente complementaria.

En materia del recurso humano, muchas universidades en estas provincias han venido preparando profesionales en las distintas áreas del saber. Las instituciones públicas relacionadas con control realizaran sus tareas en donde realmente corresponde, dejando atrás la burocracia y el “valle-centralismo” que las ha caracterizado. Además, la existencia de un Gobierno digital sumado a la promulgación de leyes de simplificación de trámites, hacen innecesaria la presencia física en la capital de las empresas para tramitar permisos y otras gestiones requeridas.

Antes de presentar el proyecto de ley, más de una decena de Concejos Municipales y organizaciones que se continúan sumando incluso ahora, habían tomado un acuerdo de apoyo que llamaron “La iniciativa CR567” en alusión a las cedulas de las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limon. Los mismos llevan implícito, además de una solicitud expresa tanto al presidente de la republica como a los diputados, todo un compromiso de facilitación y cooperación para que esta iniciativa se pueda implementar sin mayores dificultades en esos cantones limítrofes.

Finalmente se plantea un transitorio de implementación gradual de aproximadamente 7 años. El cual permitirá un impacto ordenado, pero inmediato y progresivo tanto en la recaudación del país, como en la generación de empleos en estas zonas. Cumpliendo así una promesa histórica pendiente en estas provincias costeras.

– Agente de Aduanas