Una crisis nacional…

Y usted… ¿qué opina?

Fernando Berrocal

¿Está resuelto con los tres escáneres que se colocaron en el puerto de Moín, la crisis de la inseguridad nacional y ciudadana? La respuesta es que NO.

¿Es un paso importante en esa dirección? La respuesta es que SÍ.

Y lo será más, como ha prometido el presidente Rodrigo Chaves, SÍ el plan iniciado incluye más escáneres en el puerto de JAPDEVA en Limón, el puerto de Caldera en Puntarenas y en los dos puestos fronterizos con Nicaragua y Panamá. Eso sucederá en el año 2024. Ahí sí podremos decir que estamos blindados, en un aspecto parcial de esta crisis y que el país recuperará el prestigio internacional que hemos perdido por ser, hoy por hoy, el primer país exportador de drogas ilegales que nos llegan del sur de América Latina en ruta hacia los países consumidores en México, Estados Unidos y la Unión Europea.

Pero la crisis es mucho más profunda e integral e incluye necesarias y urgentes acciones concertadas en muchos planos y campos de acción pública y privada.

Es gravísima, por ejemplo, una noticia confirmada del Ministerio de Educación y el de Seguridad Pública que, alertó en estos días al país, sobre la peligrosísima e inaceptable penetración de las bandas del narcotráfico en las 4000 escuelas y colegios de Costa Rica. Esto es llegar a una línea roja. ¡NO se puede descender más como país! Esto es terminar de configurar una auténtica CRISIS NACIONAL.

Insisto que este es un tema país y NO un tema político partidario o ideológico. Es una CRISIS NACIONAL que nos incumbe a todos los costarricenses y que obliga, más allá de las broncas políticas entre el Gobierno de la República y los partidos políticos de oposición, los sectores organizados de nuestra sociedad civil y la prensa nacional o las redes sociales, a reaccionar en forma unánime y concertada para encontrar soluciones pragmáticas y darle unidos, sin miedo, la batalla a las mafias del narcotráfico y sus terribles secuelas para Costa Rica.

Un gran paso, sin duda alguna,, es que la Asamblea Legislativa haya aprobado un presupuesto extraordinario de 4.100 millones de colones para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y que la Fuerza Pública y la PCD, puedan cumplir de mejor manera y en forma más eficaz sus responsabilidades constitucionales de velar por la soberanía nacional y proteger a los habitantes de este país de la violencia criminal, de la criminalidad organizada y de los enormes niveles de inseguridad ciudadana a que hemos llegado en este 2023.

Aun así, falta sacar al Ministerio de Seguridad Pública de las limitaciones fiscales impuestas por ley al Ministerio de Hacienda y lograr que SÍ se le giren los ingresos correspondientes a los impuestos a la exportación de cajas de banano, los casinos, el de las sociedades anónimas y los derechos migratorios.

Esa reforma está contemplada en el proyecto de ley #23612 que, además y como reforma fundamental a la Ley General de Policía, obliga a una coordinación efectiva por ley en los aspectos operativos y de inteligencia policial, entre la Fuerza Pública, los distintos Cuerpos de Policía que existen en otros ministerios, la PCD y las policías municipales con el Ministerio Público y el OIJ en el ámbito del Poder Judicial. No se plantea la fusión de esos Cuerpos de Policía, porque hay mil razones para no hacerlo, pero SÍ se les obliga a coordinarse por ley, como tiene que ser para aumentar la capacidad y la eficiencia funcional y operativa del Estado Costarricense frente a la criminalidad y el poderoso delito del narcotráfico internacional y nacional.

También, en ese proyecto de ley, se fortalece y amplia el Consejo de Seguridad Nacional y se le transforma en un instrumento del Estado Costarricense, para hacer de este tema un asunto prioritario y de alto nivel, como una “política pública integral y de estado”, como debe ser en los tiempos que vivimos, dándole sostenibilidad en el tiempo a una Doctrina Costarricense sobre la Seguridad Nacional y Ciudadana que sea siempre civilista y democrática, pero funcional, eficiente y con capacidad y recursos para defender y proteger al máximo posible nuestro país y a nuestra sociedad y todos sus habitantes.

Por razones que son muy difíciles de entender racionalmente y lo digo en serio y con pleno conocimiento de causa, los costarricenses y los distintos gobiernos, desde hace muchas décadas, hemos dejado de tomarnos en serio el tema de la “seguridad nacional y la seguridad ciudadana”, como si no tener un Ejercito Nacional es una garantía para la vida en libertad y democracia, dentro de un Estado Social de Derecho. Reconozco que esa decisión de don Pepe Figueres es la más importante decisión política de Costa Rica en el siglo XX y lo que nos singularizó y diferenció en América Latina, por muchas décadas, en la segunda mitad del siglo XX. Pero eso no nos exime de luchar por tener una de las mejores policías de América Latina, de naturaleza civilista y democrática, suficientes efectivos, bien capacitados profesionalmente, salarios correctos, Delegaciones Policiales adecuadas y con equipos y tecnología de punta. Esa es la Fuerza Pública que necesita con urgencia Costa Rica. Esa es una meta país.

Hace muchos años, dejamos de ser una arcadia casi paradisiaca en el medio de los Américas, en que todo era paz y crecimiento económico con justicia y equidad social, intensa y positiva movilidad social y creación de sectores emprendedores, profesionales, trabajadores de ingresos medios y bastante bien educados en nuestras escuelas y colegios. Nos alcanzaron y nos están doblegando como país, tres realidades que explican esta CRISIS NACIONAL del presente, a estas alturas del año 2023 y en pleno auge del siglo XXI:

1. La disfuncionalidad e ineficiencia actual del Estado Costarricense que obliga a una Reforma estructural del sector público y de sus relaciones con el sector privado productivo nacional y transnacional, para incorporar la economía costarricense a las realidades del proceso de globalización económica y de mercados y la revolución tecnológica y científica a partir de los años 80 del siglo pasado, para volver de nuevo a crecer y generar reactivación económica y transformarnos, como meta nacional, en un centro paradigmático de desarrollo integral en el centro de las Américas, como podemos y debemos ser.
2. Seguimos sin hacer los ajustes necesarios que requiere con urgencia nuestro modelo de desarrollo económico y social que, hoy por hoy, en lugar de generar crecimiento económico con justicia y equidad social, como fue el proyecto original y funcional de la II República, genera concentración de riqueza y desigualdad social, falta de oportunidades, inmenso desempleo y amenaza las conquistas de nuestro Estado Social de Derecho en libertad y democracia.
3. La llegada al país y la penetración de sus estructuras económicas, sociales, institucionales y políticas, de un fenómeno poderosísimo y nuevo de delincuencia transnacional, como lo es el narcotráfico y sus secuelas negativas en el ámbito de la corrupción sistémica, frente al cual el país necesita con urgencia fortalecer su capacidad de inteligencia policial, la eficiencia operativa y funcional de sus dispersos Cuerpos de Policía y los ámbitos de sus alianzas estratégicas y de cooperación con otros países de la región y con sus aliados históricos. No hay otra forma de hacerlo. La historia de la arcadia costarricense y la suiza centroamericana, ha dejado de ser lamentablemente una realidad.

La respuesta tiene que ser nacional, concertada e integral. En ello nos va nuestra vida misma como país independiente y soberano y la capacidad de seguir construyendo y profundizando nuestra vida en libertad y democracia.

Al menos, a mi juicio, estos tres temas que he señalado deberían acaparar, entre otros, la agenda y el debate nacional. Pero no es así y confieso que cada día más me muevo hacia el lado de los sectores nacionales que están hartos de estas broncas político partidarias que acaparan la agenda nacional, en lugar de que con responsabilidad y seriedad los principales actores políticos del país, los que realmente detentan el poder en nuestra sociedad, dediquen su tiempo y su trabajo a resolver, con visión y pragmatismo, los urgentes y prioritarios temas de una agenda Costa Rica y no de agendas personales y partidarias.

Por ello, ahí, entre esos temas urgentes, deberíamos también incluir el de la Reforma Política para superar el presidencialismo duro e histórico de nuestra Constitución Política y avanzar hacia un sistema político mucho más moderno, menos presidencialista, más parlamentario y representativo de las fuerzas reales y activas que se mueven en las bases de nuestra sociedad y que no logran expresarse por medio de las estructuras de los actuales partidos políticos. Ahí hay otro gran tema que se las trae y que debemos enfrentar y resolver. Casi como entrar a discutir la III República que necesita Costa Rica.

Entre tanto, una propuesta mínima de dos puntos concretos y específicos, para aumentar nuestra capacidad funcional y operativa policial directamente en los 4000 escuelas y colegios públicos del país y combatir ahí mismo, en esos centros vitales, a las mafias del narcotráfico y defender a nuestras juventudes:

1. Cada uno de esos centros educativos tiene uno o dos y hasta tres guardas pagados por el Ministerio de Educación Pública, encargados de vigilar para que no se roben equipos y valores del Estado en las 4.000 escuelas y colegios públicos del país. ¿Por qué no los capacitamos en la Escuela Nacional de Policía, en Pococí, de forma gradual, rápida y pragmática, convirtiéndolos en “auxiliares de policía” y se estructura funcionalmente un programa de cooperación e información con la Fuerza Pública, de modo que esos guardas estén al menos “mosca” como dice nuestro pueblo y sean garantes para que esas bandas mafiosas se alejen de nuestras escuelas y colegios, actuando de común acuerdo en un programa de inteligencia y de acciones policiales con la Fuerza Pública. De hacerlo, en poco tiempo, tendríamos 5.000 funcionarios o más en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y, por supuesto, con todas las garantías y pólizas que el INS otorga a nuestra Fuerza Pública.
2. ¿Por qué, en lugar solo de lamentarnos, no recuperamos firmemente y con cooperación internacional, como hacíamos antes, el programa DARE y enviamos a los alfa-limas ( policías abogados) a dar cursos en esos centros educativos, en todo el territorio nacional, para informar y capacitar a nuestras juventudes sobre el peligro de la drogadicción y lo que significan esas bandas de criminales nacionales al servicio de las mafias mexicanas, colombianas y estadounidenses dedicadas al narcotráfico internacional?
3. ¿Por qué, al mismo tiempo, no ponemos al frente de Seguridad Comunitaria, en el Ministerio de Seguridad Pública, a un oficial policial de primera línea y volvemos a trabajar, como lo hacíamos antes, no solo con las escuelas y colegios, sino también con las organizaciones comunales, directamente en los pueblos y pequeñas ciudades del interior del país y en las playas, para crear sinergias positivas entre las comunidades organizadas y la capacidad de nuestra Fuerza Pública?

Al fin de cuentas, como también decíamos antes, la seguridad es responsabilidad de todos y de eso, también, nos hemos olvidado en Costa Rica y por eso estamos como estamos, penetrados por la criminalidad, en un estado de violencia sin precedentes y con el sicariato amenazando y peleando territorios de venta para los capos de esas mafias y ya comenzaron hasta los secuestros extorsivos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No dejo, sin embargo, ni puedo jamás dejar de reconocer el enorme esfuerzo que se está haciendo, sin recursos suficientes como es la realidad y la verdad, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública y la PCD, en conjunto con otros Cuerpos de Policía, el Ministerio Público y el OIJ. Nobleza obliga y ese gran y patriótico trabajo que realizan, en las condiciones más adversas, debe reconocer públicamente