Trump contra América Latina

Las medidas implementadas por el segundo gobierno de Donald Trump han atacado especialmente a América Latina, con amenaza de deportar a «millones y millones» de inmigrantes y la decisión de imponer aranceles. Las órdenes ejecutivas que el mandatario estadounidense ha firmado en los primeros días de gobierno indican que planifica tratar a sus aliados como si fuesen enemigos.

Mariano Aguirre

En la rueda de prensa brindada el 5 de febrero por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, América Latina fue retratada como un ejemplo exitoso de la nueva política global del presidente de Estados Unidos. Ante las críticas y muestras de escepticismo frente al anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos «se haría cargo» de la Franja de Gaza, de expulsar los palestinos y de transformarla en «la Riviera de Oriente Medio», Leavitt indicó que Trump es un «visionario». ¿La prueba? La eficacia que en pocos días habrían mostrado sus políticas hacia América Latina.

La portavoz afirmó que luego de que Trump amenazara a México con imponer aranceles aduaneros de 25% a productos provenientes de ese país, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aceptó (al igual que Canadá) reforzar militarmente la frontera para impedir el contrabando de fentanilo. Por su parte, el gobierno venezolano liberó a ocho presos estadounidenses y aceptará deportados, mientras que el presidente Nayib Bukele ofrece su cárcel de máxima seguridad para albergar a criminales de diferentes nacionalidades.

En este contexto, en las principales ciudades de Estados Unidos se han comenzado a producir redadas y persecuciones a latinoamericanos con el objetivo de deportarlos. En el caso de los primeros detenidos del grupo criminal El Tren de Aragua, ya están en la prisión de Guantánamo (Cuba), que será habilitada para 30.000 emigrantes ya que, según declaró Donald Trump, «algunos son tan malos que no confiamos en que otros países se hagan cargo de ellos». Por su parte, Panamá ha prometido al secretario de Estado Marco Rubio que no seguirá formando parte de la Ruta de la Seda impulsada por China.

A estos «éxitos» se agrega el hecho de que, siguiendo a Estados Unidos, el presidente Javier Milei sacará a Argentina del Acuerdo de París sobre cambio climático. Y, por supuesto, se añaden los logros conseguidos por Marco Rubio, quien ya anunció acuerdos de repatriación de emigrantes con Panamá, Costa Rica y Guatemala, a la vez que asistió en Panamá a la expulsión de 43 emigrantes colombianos hacia su país de origen, luego de un primer choque con el presidente Gustavo Petro.

Disputa con Panamá, ¿pragmatismo con Venezuela?

La estrategia de Trump hacia la migración, el tema más importante de su campaña junto con la competencia con China, tiene varios ejes: las deportaciones de inmigrantes indocumentados, el control de la frontera con alta tecnología, las amenazas de elevar los aranceles aduaneros contra países que no acepten deportaciones y no colaboren en frenar emigrantes que quieren llegar a Estados Unidos, el uso de la cárcel de Guantánamo y de otras prisiones en terceros países, y la aplicación de sanciones a las autoridades locales estadounidenses que en las «ciudades santuario» obstruyan las redadas contra posibles deportados. También ha congelado las solicitudes de asilo por cuatro meses, lo que va en contra de la Convención de Ginebra.

Algunas de estas medidas estaban vigentes y otras son más publicitarias que efectivas. Los acuerdos de repatriación entre Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador y otros países fuera del continente fueron firmados el año pasado bajo el gobierno de Joe Biden. La base de Guantánamo ha sido usada de forma variable tanto por gobiernos demócratas como por republicanos para detener inmigrantes, aunque Biden negó haber enviado detenidos ahí. El despliegue de efectivos mexicanos en la frontera le sirve a Trump como publicidad, pero no afectará al tráfico ilícito de fentanilo, que debe ser abordado desde la salud pública y la cooperación internacional entre los Estados afectados.

Pero luego de alcanzar diversos acuerdos mediante el chantaje, ya se han hecho visibles los problemas. El 7 de enero, Trump afirmó en una rueda de prensa que si fuese necesario «usaría la fuerza» para recuperar el canal de Panamá. Este paso entre los océanos Atlántico y Pacífico fue construido y controlado por Estados Unidos, pero está bajo soberanía panameña a partir del Tratado Carter-Torrijos (1977). Trump alegó, falsamente, que está controlado por China y que Estados Unidos paga tarifas excesivas por el paso de sus barcos.

Después de su visita a Panamá, el secretario de Estado Marco Rubio indicó en una rueda de prensa que «es absurdo que los buques de guerra estadounidenses paguen por transitar a través del canal, una zona que Estados Unidos está obligado a proteger en caso de conflicto», según el mencionado tratado Carter-Torrijos. Entretanto, el Departamento de Estado anunció que el presidente panameño, José Raúl Mulino, «ya había aceptado» que los barcos del gobierno de Estados Unidos no paguen por usar el canal. Mulino declaró más tarde que se trata de una «falsedad intolerable».

En el caso de Venezuela, la posición de Rubio es, por el momento, pragmática. Y esto despierta una alarma en la oposición, que pedía «máxima presión» para un «cambio de régimen». Trump cesó el estatus de protección temporal que había otorgado Biden a 600.000 venezolanos en Estados Unidos. Una parte de ellos serán posiblemente deportados. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, negoció con Nicolás Maduro la liberación de los ocho estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de que Caracas aceptase recibir deportados. Esto se acompañaría de una flexibilización de las sanciones (que piden empresarios venezolanos e internacionales) y un aumento de las ventas de petróleo a Estados Unidos.

¿Adiós a USAID?

Para completar la ofensiva, Trump ha cerrado, con intención de eliminarla, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que está, afirmó, dirigida «por un grupo de lunáticos radicales, a los que estamos echando». Por su parte, el superministro del gobierno de Trump y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, dijo que USAID es una «organización criminal» y que le ha llegado «la hora de morir». Rubio anunció que se hará cargo de USAID hasta que se revise «que sus actividades están alineadas con la visión MAGA [Make America Great Again]» y «que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos no sea malgastado». En el pasado, sin embargo, como ha mostrado la cadena CNN, Rubio había defendido «la ayuda internacional como un componente esencial de la política exterior».

Creada en 1961 por el gobierno de John Kennedy, USAID es, junto con las política exterior y de defensa, el tercer componente de la proyección internacional estadounidense, un instrumento fundamental de soft power. Criticada en muchas ocasiones, sobre todo por la izquierda de la región, por haber acompañado operaciones de contrainsurgencia, por ejemplo en Vietnam y Guatemala, USAID desarrolla también un papel humanitario, con tareas de apoyo a campañas de vacunación, salud sexual y reproductiva, y apoyo a inclusión de comunidades (por ejemplo, respecto del capítulo indígena en el Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 y la comunidad LGBTI+) que acaban de ser congeladas.

Rusia, Hungría y otros gobiernos autoritarios han aplaudido la medida. Significativamente, Nicaragua y Venezuela aprueban la decisión: «Trump les ha cerrado el grifo a estos terroristas», dijo el presidente nicaragüense Daniel Ortega. Y el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, explicó que las «elecciones primarias de la oposición venezolana fueron pagadas por USAID».

Las prioridades

Las órdenes ejecutivas que Trump ha firmado en los primeros días de gobierno indican que planifica tratar a sus aliados como si fuesen enemigos. Sus políticas pueden agruparse en cinco ejes y todos tienen relación con América Latina:

– Contener la migración. Washington presiona a los aliados para que cooperen frenando a los emigrantes propios y ajenos, tanto si tienen frontera común (México) o lejana con Estados Unidos (América Central y más allá), busca deportar a cientos de miles de personas migrantes, y pretende que terceros países, como El Salvador, encarcelen a los criminales.

– Aumentar aranceles aduaneros (con amenazas a México y a China) para equilibrar la balanza comercial.

– Posicionarse en la confrontación con China en términos de tecnología, comercio, acceso a recursos primarios (minerales), mercados y rutas navieras (el canal de Panamá).

– Cobrar a los aliados que quieran tener tropas de Estados Unidos en su territorio. Esta medida afectará a Corea del Sur, y podría usarla como presión contra los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

– Cooperar en la deslegitimación del sistema multilateral y comercial en favor de un mundo sin reglas, animando a otros gobiernos a seguir el mismo camino.

Cierre de fronteras y deportaciones

Entre las primeras medidas vinculadas con la migración, Trump congeló las solicitudes de asilo durante cuatro meses, en contra de los criterios establecidos por la Convención de Ginebra (1949), y reimpuso la norma de «permanecer en México» para los solicitantes de asilo –que ahora deberán esperar en una situación de alta inseguridad la decisión de las autoridades estadounidenses-. Además, desde enero de 2025 la ciudadanía por derecho de nacimiento en el territorio de Estados Unidos queda anulada, una medida anticonstitucional que viola la Enmienda 14ª de la Constitución y que acaba de ser bloqueada por un juez.

En el discurso de su toma de posesión, Trump anunció que expulsaría a «millones y millones» de inmigrantes «ilegales», acusando a muchos de «criminales». Más aún, su administración ha declarado que hay una «invasión» que genera un «estado de emergencia» en la frontera con México. En consecuencia, ha movilizado al Comando Norte de Estados Unidos. Esto viola la ley que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos domésticos. «Existe un peligro considerable de que esta postura militar de confrontación en suelo estadounidense (que ha comenzado en Texas) se federalice, creando un grave precedente para las relaciones cívico-militares», afirma la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Stephen Miller, asesor de seguridad interior de Estados Unidos, y Tom Homan, el «zar» de las migraciones, son los ideólogos de la política trumpista en torno de este eje. Ambos quieren expulsar a alrededor de 11 millones de personas (40% con permisos temporales y 60% indocumentados). Esa cifra incluye a 4 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos, más de 800.000 sudamericanos y 400.000 caribeños. Las deportaciones tendrán efectos graves en las economías de los países de origen. En este marco, se espera una disminución de las remesas, y varios estados de Estados Unidos planifican imponer mayores impuestos a las que perduren. Las remesas representan entre 20% y 25% del PIB de El Salvador, Guatemala y Honduras. En México suponen 60.000 millones de dólares al año. Aceptar los deportados supone una inmensa carga económica y potenciales crisis políticas y sociales.

Pero las deportaciones masivas no serán sencillas. Jueces federales pueden interponer recursos que las paralicen, y las obstaculizarán iglesias, alcaldías y gobernadores que declaren a sus ciudades y estados «santuarios» para los inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a 230.000 migrantes en 2024, y necesitará muchos más recursos para implementar el plan de Trump. Los ideólogos de las deportaciones masivas indican que se trata de crear «un clima de miedo» que lleve a que muchos inmigrantes decidan volverse preventivamente a sus países.

Mayores aranceles, más inflación

Trump es un nacionalista antiglobalización y le preocupa la balanza de pagos, especialmente con China (en 2024, la deuda con ese país era de 768.300 millones de dólares). La preocupación se extiende a Canadá y México. El nuevo presidente amenazó al gobierno de Sheinbaum con aumentar hasta 25% los aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos. Como indicó el periódico conservador Wall Street Journal, el presidente se ha embarcado en «la guerra más tonta del mundo» e inútil sobre los aranceles.

En efecto, Trump crea dificultades a sus contrincantes, pero especialmente a empresas y consumidores estadounidenses. México lleva tiempo cooperando en tareas para frenar la migración, ya se ha preparado para ello, a punto tal que puede llegar a un acuerdo para recibir deportados mexicanos. Además, tiene interés en combatir el crimen organizado, pero sin comprometer su soberanía. A la vez, según The Baker Institute, Estados Unidos da más importancia a la cuestión migratoria que al crimen organizado. Que el gobierno de Trump haya incluido a grupos criminales de México en la lista de organizaciones terroristas es también una medida más publicitaria que eficaz.

Gran parte de las importaciones que Estados Unidos quiere gravar corresponden a bienes fabricados en México por empresas estadounidenses. Trump quiere que regresen a su país, pero se marcharon hace décadas para aprovechar la mano de obra barata de China, México y otros países. Si suben los aranceles o esas empresas se trasladan a Estados Unidos, los teléfonos celulares, los automóviles, los productos agrícolas y las bebidas alcohólicas, entre otros bienes, serán más caros y aumentarán la inflación y el costo en las cadenas de producción instaladas entre México y Estados Unidos.

Desde el primer gobierno de Trump, diversas empresas chinas se han desplazado hacia otros países para evitar la subida de aranceles. Algunas fábricas chinas se han instalado en México, Vietnam o Filipinas. De esta forma, reexportan a Estados Unidos con aranceles más bajos. Trump quiere combatir esta deslocalización de la producción, pero es casi imposible de frenar sin, precisamente, cooperar entre todos. La imposición de altos aranceles a importantes proveedores del mercado estadounidense como México y China causará disfunciones en el comercio mundial. Además, Canadá y México, socios de Washington en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tomarán represalias.

En las últimas décadas, las inversiones chinas han sido bienvenidas en América Latina, sobre todo en aquellas áreas en que Estados Unidos no ha mostrado gran interés. De hecho, 21 países latinoamericanos forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Un ejemplo revelador es la cooperación de Brasil con China, aunque este país no es parte de la Iniciativa. Beijing ha invertido hasta ahora en la región en grandes infraestructuras, pero actualmente -según el Interamerican Dialogue- se orienta hacia innovación en tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables y otras industrias emergentes, en consonancia con el enfoque chino y con su objetivo de mejora económica y aumento de su competitividad global.

Soberanistas antiinternacionalistas

Las diversas medidas adoptadas por Trump en sus primeras semanas han reabierto el debate sobre si se trata de un aislacionista o de un «neofascista» con agresivas ambiciones imperiales territoriales, o si, por el contrario, todo forma parte de una táctica negociadora. La historiadora Jennifer Mittelstadt de la Universidad Rutgers considera que los ideólogos del presidente son «soberanistas antiinternacionalistas», es decir, contrarios a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a cualquier otra institución multilateral que no puedan controlar totalmente. Esta corriente surgió después de la Segunda Guerra Mundial como reacción a la creación de la ONU y a la descolonización.

Desde entonces, consideran, por un lado, que otras naciones, especialmente si han sido colonias (explícita o implícitamente) de Estados Unidos, como Panamá, no son iguales ni tienen derecho a usar instrumentos como la ONU para cuestionar el poder de Washington. Por otro lado, sostienen que las instituciones multilaterales no son reformables y que, por lo tanto, hay que combatirlas y alentar a otros países a salirse de ellas. En resumen, confrontar con China y someter al resto del mundo es lo que quiere hacer el presidente Trump, en lo que colaboran los presidentes Milei y Bukele, lo que quiere Elon Musk y los otros superricos de Silicon Valley, y lo que esperan obtener otros políticos, empresarios y arribistas al amparo del nuevo presidente de Estados Unidos.

Fuente: nuso.org