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Abril 3, 2025
Por Corresponsal de IPS
GINEBRA – El Grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, publicó este jueves 3 un informe que identifica por primera vez a 54 funcionarios del gobierno, del Ejército y del partido gobernante que son responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes y represión.
El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que “por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”.
Esos individuos “están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en el país”, y el nuevo informe “pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”, destacó Simon.
Las 54 personas nombradas en el informe, que detalla estructuras institucionales, cadenas de mando y responsabilidades individuales, han desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, según los expertos, son responsables de persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización, y confiscación de propiedad privada.
El informe de 234 páginas, basado en extensas entrevistas, documentación verificada y fuentes confidenciales, incluye diagramas detallados que identifican las relaciones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato gobernante de Nicaragua.
El documento subraya cómo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes han asumido los títulos de «copresidentes» tras una reforma constitucional en febrero de 2025, han construido un régimen centralizado y represivo que ha cooptado todas las ramas del gobierno y difuminado los límites entre partido y Estado.
La experta uruguaya en derechos humanos Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos, dijo que “lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la presidencia (de la República) hasta los funcionarios locales”.
Peralta enfatizó que no se trata de incidentes aleatorios o aislados, sino que “son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”.
El documento señala en cabeza de la lista de responsables de la represión a los copresidentes Ortega y Murillo, a Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional legislativa, y a Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente y presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia.
Luego, en el Ejército, a los generales Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe; Leonel José Gutiérrez López, jefe de la dirección de inteligencia y contrainteligencia; Bayardo Ramón Ramírez Ruiz, jefe del estado mayor, y a coroneles a cargo de varios comandos sectoriales y regionales.
Asimismo, a la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; al director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz; a funcionarios de alto nivel en cárceles y otros institutos del Estado, y a responsables del partido y de la juventud del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El abogado estadounidense Reed Brody, tercer integrante del Grupo de Expertos, dijo que “este informe es una hoja de ruta para la justicia. Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”.
El Grupo, finalmente, reiteró su llamado a la comunidad internacional para que tome “medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil” frente al panorama represor en Nicaragua.
A-E/HM
