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Abril 18, 2024
Houston Castillo Vado
Más de 11.000 violaciones a los derechos humanos, se han perpetrado en Nicaragua en los últimos seis años, según un organismo local.
SAN JOSÉ — A día de hoy, un simple comentario en redes sociales podría ser suficiente para ir a la cárcel en Nicaragua, tal y como le pasó al filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada: así se resume el agravamiento de la crisis política en Managua, que este 18 de abril cumple seis años.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados por la represión, surgieron en medio del descontento social en abril del año 2018.
Numerosos expertos aseguran que la crisis en Nicaragua se ha radicalizado. De hecho el llamado Monitoreo Azul y Blanco, conformado por expertos locales en Managua, contabilizan al menos 11.000 violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en los últimos seis años. Pero ¿cuáles han sido las acciones del gobierno nicaragüense que llevan a hablar de «radicalización»?
Continuamos demandando verdad, memoria y justicia para las víctimas y la sociedad nicaragüense.
Más de 11,350 violaciones a los DDHH desde 2018. Conoce más detalles en nuestro informe sobre patrones represivos y violaciones a DDHH en #Nicaragua.https://t.co/THtlYTeuED pic.twitter.com/gefVin6G7H— Monitoreo Azul y Blanco (@AzulyMonitoreo) April 18, 2024
1. Prohibición a todo tipo de manifestación
A consecuencia de las revueltas, en septiembre de 2018, el gobierno de Daniel Ortega prohibió todo tipo de manifestaciones en Nicaragua. La oposición ha denunciado «un estado de sitio de facto» donde no hay garantías constitucionales que permiten el derecho ciudadano a la protesta.
Asimismo, el gobierno nicaragüense también ha optado por otras acciones para evitar las concentraciones, como la centralización del poder para convocatorias masivas, como conciertos, obras de teatro, y otras actividades. Para celebrar una concentración de este tipo en Nicaragua, se debe pedir permiso a la Policía Nacional.
«Son seis años de crisis política, pero también de derechos humanos en Nicaragua.», dice a la Voz de América la socióloga feminista María Teresa Blandón.
Blandón asegura que «la radicalización autoritaria y totalitaria del régimen ha venido incrementándose, pero no han variado».
«Han recurrido a las campañas de desinformación, de desprestigio, pero también de abierta represión. No ha cambiado, no es nuevo», dijo.
2. Despojo de nacionalidad a opositores y destierro
Una de las últimas acciones cometidas por el gobierno nicaragüense en el contexto de la crisis sociopolítica en Managua, ha sido el despojo de la nacionalidad de algunos opositores.
Hasta este 18 de abril de 2024, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno, a los que además envió al exilio, al acusarlos de «traidores» y «vendepatrias».
“Este acto es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad, y condenamos la medida del gobierno de Nicaragua de restringir la nacionalidad de otros 94 ciudadanos”, dijo a la VOA en su momento el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel.
3. Expropiación de medios de comunicación y exilio de periodistas
El gobierno de Ortega ha cerrado decenas de medios de comunicación, alegando que formaron parte de «un intento de golpe de Estado» en las protestas de 2018.
Medios como La Prensa, el más antiguo del país, opera desde el exilio después de que el gobierno confiscó sus instalaciones en septiembre de 2022, así como las de una docena de medios más. De igual forma hay más de 200 periodistas exiliados, según informes.
“Nunca habíamos sacado a toda la redacción del país”, dijo a la VOA el editor del diario La Prensa de Nicaragua, Eduardo Enríquez.
El gobierno además arrestó por varios a meses al director del Canal 100%Noticias, Miguel Mora y a la jefa de prensa Lucía Pineda Ubau, bajo los supuestos cargos de terrorismo.
4. Arremetida diplomática y contra la oposición
El gobierno nicaragüense también ha embestido a nivel diplomático contra quienes han criticado «los abusos a los derechos humanos en Managua», tal y como Estados Unidos se refirió recientemente a la crisis política.
En noviembre de 2021, Nicaragua celebró sus elecciones presidenciales. Daniel Ortega arrestó a todos los aspirantes a la presidencia hasta lograr la reelección en unos «comicios sin competencia», como lo catalogó la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya sede en Managua fue expropiada por el gobierno posteriormente.
El gobierno de Ortega anunció su salida de la OEA, luego de desconocer las elecciones en Nicaragua.
El exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez, asegura que Ortega ha encontrado en las protestas del año 2018, «una razón para justificar su represión». «Ortega siempre ha tomado este tipo de caminos, en los años 80 durante la guerra lo hizo», recordó.
Un año después, en julio de 2022, el gobierno escaló el conflicto del país a nivel diplomático. Acusó de “injerencista” y de “involucrarse en temas nacionales” al diplomático Hugo Rodríguez, nominado por el presidente estadounidense Joe Biden para embajador en Nicaragua.
El oficialismo informó que se retiró “inmediatamente el beneplácito concedido al postulante» Hugo Rodríguez, como embajador de EEUU en Managua.
Desde entonces Estados Unidos mantiene apenas a un encargado de negocios en Managua.
El gobierno también expulsó al representante del papa Francisco, el nuncio Waldemar Sommertag, en marzo de 2022. El Vaticano dijo que la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a Sommmertag, era “grave” e injustificada”.
Sommmertag llegó a Nicaragua en mayo de 2018, justo cuando iniciaron las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos y miles de heridos y exiliados, según oenegés internacionales.
5. Jornada contra la Iglesia católica
La Iglesia católica, considerada el último pilar de la sociedad civil que quedaba en pie en Nicaragua, luego de la persecución a opositores, y sectores sociales, también recibió embates por las autoridades afines a Ortega.
El gobierno inició detenciones contra sacerdotes y otros jerarcas, como monseñor Rolando Álvarez, obispo de una diócesis local.
El gobierno nicaragüense excarceló a Álvarez y al resto de religiosos detenidos, sin embargo lo despojó de la nacionalidad, y lo desterró en un acuerdo con la Santa Sede.
Voz de América
