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Fernando Berrocal
Sin embargo, no hemos hecho como país todo lo necesario para desarrollar ese artículo constitucional en una legislación policial y de seguridad nacional y ciudadana moderna y democrática, coherente, bien articulada y que sea capaz de responder, con un grado aceptable de eficiencia y profesionalismo policial e institucional, a los retos de la criminalidad común, el crimen organizado y la enorme descomposición delincuencial generada por el poderoso y criminal narcotráfico y sus secuelas en el ámbito político, económico y social.
La más importante reforma posterior se hizo en el gobierno de Daniel Oduber, al crearse el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la división conceptual y operativa entre esa policía represiva y la preventiva a cargo de la Fuerza Pública. Años después, en 1994, vino la Ley General de Policía 7410 que, en el presente está desactualizada y urgida de una importante reforma integral.
Paralelamente, se han ido creando varias policías especializadas en diferentes ministerios y, finalmente, las Policías Municipales que, aunque importantes y necesarias, responden a los alcaldes y no necesariamente a una visión integral y compartida de una política pública integral, coordinada y disciplinada de seguridad, establecida en una ley sistémica, obligatoria y definida por un Consejo de Estado, al más alto nivel, para aumentar la capacidad y efectividad real de todas las fuerzas policiales en forma coordinada.
Lo que existe es un archipiélago de islas desarticuladas legalmente entre sí y esa es la mayor debilidad institucional y funcional de nuestra Fuerza Pública.
Desde el año 2007, así lo determinó la Contraloría General de la República en su informe DFOE-PGA-62: “el sector de seguridad ciudadana no opera bajo un marco integrado de políticas públicas que permita la ejecución eficiente y coordinada de las acciones institucionales y logre impacto en la creciente criminalidad”. Esa situación sigue igual trece años después.
Desde mayo del 2014 presenté un proyecto de “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Seguridad” reformando la Ley General de Policía y fortaleciendo el papel rector del Ministerio de Seguridad Pública, como articulador y coordinador de esa política pública integral de seguridad y líder de cúpula en ese archipiélago de islas y caciques con mando que es nuestra realidad policial.
Agréguele las empresas privadas de seguridad y unos 30.000 “guachimanes”.
Pero nada se ha hecho en la Asamblea Legislativa. Todo sigue igual. Entre tanto… la inseguridad, la criminalidad, el sicariato, la violencia y el narcotráfico nos asfixian al mismo nivel de los fallidos países centroamericanos y México.
Esta gran inseguridad ciudadana y el narcotráfico son la otra pandemia. Pero nada se hace en el nivel superior de decisión política… y pasan los gobiernos.
La reforma policial es una de las mayores urgencias que tenemos como país.
