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Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
Llegó la hora de no ponerse a defender “feudos institucionales” y de posiciones que no conducen a nada; y de que a mí me corresponde tales competencias y disposiciones; ya eso se sabe y está establecido en las Leyes y en la Constitución Política; es falso de que un jerarca de otro Poder puede darle órdenes a otro; lo que se requiere es “una articulación y coordinación” entre las Instituciones que les corresponde manejar el tema de la seguridad nacional, sin majarse la manguera entre bomberos. La seguridad es un tema de todos, y los sectores públicos y privados debemos contribuir en el combate de la inseguridad y la delincuencia común y organizada, y debe establecerse una “política nacional de seguridad” siendo al Consejo de Seguridad el que le corresponde dirigir, la formulación y ejecución; y no es tarea de un solo Poder de la República.
Por ahora, lo fundamental es que el Estado pueda otorgar los recursos económicos urgentes y necesarios a las instituciones públicas encargadas como la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial que se encuentran en la primera línea de combate, mediante la entrega de equipos, armamento, municiones, patrullas, fortalecer los cuerpos de seguridad. Es importante que la Asamblea Legislativa se modifique el presupuesto nacional y otorgue los 7 mil millones de colones a esas institucionales para combatir la inseguridad; así como los bienes muebles e inmuebles y recursos económicos decomisados al crimen organizado, puedan ser utilizados con mayor rapidez en prevención y en la represión del tráfico de drogas y en la rehabilitación de los farmacodependientes.
Estamos atravesando una realidad compleja por la inseguridad, al ser el territorio nacional un sitio estratégico regional para el tráfico y operación de los carteles de la droga que la envían a EE.UU. y Europa primordialmente. El récord de homicidios en su mayoría por “guerras entre bandas” del crimen organizado, el control de las zonas en las barriadas, el narcomenudeo, y el trasiego de drogas y armas; se ha vuelto muy complicado, y “el sicariato” por ajuste de cuentas están a la orden del día; donde se ha visto que hasta víctimas civiles colaterales, que no tenían nada que ver han fallecido. Como expresó una vez la primera comisión investigadora legislativa sobre el narcotráfico en su informe: “Nos encontramos frente a una nueva dimensión; una modalidad donde la compra de conciencias radica y se acrecienta en las debilidades y falencias del individuo ya sea en su condición de funcionario, de autoridad o de un cuerpo institucional debilitado por la displicencia y la excesiva permisibilidad.”
Incluso la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
(Uccaep) solicitó: “que se debe dotar de herramientas al sistema judicial y penitenciario con el fin mejorar la labor y recuperar la paz del país, abogando que los recursos y destinos específicos aprobados en leyes especiales para que lleguen íntegros a los cuerpos policiales para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado. La Uccaep expresó que la seguridad es responsabilidad de todos y que, por eso, no es momento de culpar a un grupo específico. Somos una inmensa mayoría de costarricenses quienes deseamos que el país extirpe esta enfermedad de la inseguridad y el narcotráfico. Es el momento de la unión y de pasar de los discursos a la acción, de bajar el tono confrontativo y ponernos manos a la obra.”
Se conoce que los 3 Poderes de la República han enviado sus proyectos de ley sobre seguridad y eso está bien. Al pueblo costarricense no le interesa quien “se pone la medalla en la chaqueta”; lo que importa es que se llegue a un consenso de los proyectos de ley y que mediante la vía de textos sustitutivos, vía rápida, se discutan y se aprueben; ya se sabe donde aprieta el zapato en cada institución, y lo importante es tomar lo bueno de cada proyecto en la Asamblea Legislativa; y eso se puede hacer sin más diatriabas, discursillos politiqueros etc. En la agenda legislativa perfectamente se pueden revisar los motivos y razones de los proyectos presentados; así como se avanzó y aprobaron las reformas a la Ley del Crimen Organizado, que urgían por razones de plazos y otros factores de importancia en materia procesal penal.
Se conoce también que el Poder Ejecutivo había presentado 5 proyectos de ley, y que había sugerido tramitar con insistencia; pero a la fecha al parecer no encontró eco. A la fecha ya se aprobó en primer debate el proyecto de ley de eximir al OIJ del pago del Impuesto al valor agregado (IVA), agilizar el levantamiento de cuerpos de personas fallecidas en hechos violentos, sancionar con cárcel a quienes bloqueen señales de celular y ampliar el uso de vehículos sin rotulación para fines investigativos. También es fundamental se apruebe la creación del Centro de Capacitación del OIJ, subordinado a la Dirección General y otros proyectos; además está en trámite la solicitud de una Declaratoria de Emergencia en seguridad, aparte de la donación del gobierno de EE.UU. de $ 24 millones de dólares para este tema.
Considero fundamental la inmediata reforma a la Ley de Armas concatenado con el Código Penal y el Código Procesal Penal, cuando se trata de la detención in fraganti de personas con armas de grueso calibre o armamento liviano o pesado tipo militar, que pueden ser ametralladoras de todo tipo automáticas (aquí circulan más las rusas AK 47 entre otras conseguidas en el mercado negro), fusiles de asalto, cañones, en fin armas que pueden ser manipuladas por una o dos personas, con mm de medidas que no son las de armas convencionales; no obstante la sanción es muy baja si alguien tiene ese tipo de armas; y es ahí donde se deben aprobar las reformas legislativas a las leyes vigentes en materia penal, y no permitir que se liberen de inmediato los tenedores de ese tipo de armas. No le veo ningún problema realizar las reformas a las leyes correspondientes, para endurecer las penas a las personas que se detengan utilizando o teniendo ese tipo de armas no permitidas o convencionales.
Por otra parte, es necesario modificar y revisar el tema del debido proceso excesivamente garantista instalado en el Código Procesal Penal; esa posición jurídica algunos juristas la defienden, pero en cualquier sistema jurídico de manera estructural y sobre la base de la doctrina jurídica y las circunstancias reales actuales conforme a las incidencias sociales, sin caer
en una posición “abolicionista”, se impone la reformas legales, para que los jueces de la República tengan las herramientas y no dejen libre de manera fácil a los delincuentes comunes y mafiosos; se debe privilegiar el interés público; y ese “garantismo excesivo” no caiga en un abuso procesal a favor de los victimarios en detrimento de las víctimas. Llegó la hora de revisar el Código Penal y el Código Procesal Penal, y modificar los procedimientos para ponerlos acorde a los nuevos tiempos para preservar la seguridad nacional.
