Recortes en el MEP

Geison Valverde

En marzo de 2020, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) dio su aprobación para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) llevara a cabo la reorganización administrativa de lo que ahora conocemos como la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), con un plazo de seis meses para su implementación.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Nada. El DIE ha fracasado rotundamente. Es momento de dejar de estrellarnos contra la misma pared una y otra vez y tomar decisiones valientes y responsables. El MEP ha demostrado, a lo largo de los años, que no es capaz de gestionar eficazmente la infraestructura educativa. Debemos asumir el reto de concebir un modelo de gestión distinto y abandonar de una vez por todas un esquema que ha demostrado ser inútil.

Respecto al presupuesto global del MEP, el porcentaje destinado a infraestructura y equipamiento educativo es alarmantemente bajo, representando tan solo el 0,85%. Para 2025, hemos pasado de un presupuesto de 29,658,687,858 colones en 2024 a 22,062,135,823 colones, una reducción de prácticamente 7,000 millones. Esta cifra es inaceptable, especialmente considerando el estado crítico de nuestra infraestructura educativa, en particular en la provincia de Limón.

¿Cómo es posible que, en medio de esta crisis, se recorten fondos destinados a proporcionar espacios dignos y seguros para nuestros estudiantes? Se profundiza el apagón educativo.

En cuanto a dietas, la subpartida 00205 ha experimentado un incremento de más de 50 millones de colones desde 2023. En la situación financiera actual del país, ninguna cifra es insignificante. Esto nos lleva a otro punto crucial: el Consejo Superior de Educación. Durante la actual administración, ¿ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales?

Lamentablemente, la respuesta es clara y dolorosa: no. De 2023 a 2024, el presupuesto del Consejo Superior se incrementó en 100 millones de colones, y este aumento se ha mantenido para 2025. Sin embargo, no estamos viendo los resultados que este incremento debería garantizar. Es evidente que el Consejo no está cumpliendo con su deber de brindar a Costa Rica una política pública educativa coherente y efectiva, al contrario, patean la bola sin dirección. Cada miembro de ese Consejo debería reflexionar seriamente sobre su responsabilidad ante los niños y jóvenes de nuestro país.

La exministra Fischel, aunque tardíamente, demostró conciencia al renunciar a este órgano, reconociendo el estado alarmante de nuestra educación, una situación que nadie en el gobierno se atreve a denunciar.

Finalmente, es crucial destacar los recortes sostenidos en los programas de equidad del MEP. Estos recortes no son solo cifras en un documento; representan una amenaza directa a los esfuerzos por brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes costarricenses.

Debemos defender con firmeza los recursos destinados a estos programas, porque están en juego el futuro y la dignidad de nuestra juventud. Como representantes del pueblo, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada niño y joven en Costa Rica reciba la educación que merece, en un entorno que les permita prosperar y alcanzar sus sueños.

Los programas de equidad comprenden:

• Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), en el Departamento de Alimentación y Nutrición.
• Programa de Transporte Estudiantil, en el Departamento de Transporte Estudiantil.
• Programa de Becas Postsecundaria.

– Diputado