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Diciembre 2024
Aunque en la esfera internacional Costa Rica es presentado como un país comprometido con el cuidado del ambiente, los colectivos ecologistas y las comunidades rurales afirman que la realidad dista mucho de ser la que presenta el gobierno. Antes y después de la COP16 celebrada en Colombia, diversas organizaciones pidieron la renuncia del ministro de Medio Ambiente argumentando una falta de compromiso efectivo con la protección de los recursos naturales del país.
Jimena Araya Castillo
En los últimos años, Costa Rica se ha posicionado como un líder en la defensa de la biodiversidad y la sostenibilidad y ha ganado reconocimiento a escala mundial por sus políticas ambientales progresistas. Este año, el país se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024 (COP16) con una promesa de continuar su legado verde, destacándose en la defensa de los ecosistemas y la reducción de su huella ambiental. Sin embargo, en el ámbito local, diversos colectivos ambientalistas cuestionan el verdadero impacto de las políticas gubernamentales y plantean una serie de demandas que evidencian una brecha entre el discurso internacional y las acciones internas.
Durante décadas, Costa Rica ha sido considerada una pionera en la gestión ambiental. A través de un sistema de áreas protegidas que cubre alrededor de 26% de su territorio, el país ha logrado preservar ecosistemas vitales y ha fomentado una economía basada en el ecoturismo y las energías renovables. Iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la promoción de una matriz energética casi totalmente renovable han posicionado al país como un modelo de desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo, Costa Rica ha tenido un papel activo en negociaciones ambientales globales. En la COP15 (2022) suscribió el Marco Mundial Kunming-Montreal, un acuerdo que tiene como objetivo detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. En este marco, el país adoptó se comprometió a conservar 30% de sus tierras y mares, siguiendo la meta 30×30, y a restaurar 20% de sus ecosistemas degradados. Sin embargo, a pesar de estos avances y de sus compromisos internacionales, los colectivos ambientalistas han señalado que las políticas del país están perdiendo efectividad en el ámbito local. La percepción de un distanciamiento entre las promesas del gobierno y la situación real en los territorios ha generado una creciente desconfianza y ha generado numerosas críticas hacia quienes manejan las riendas del país. Los colectivos ambientalistas exigen, ahora, cambios profundos en la gestión ambiental.
Lo cierto es que aunque Costa Rica ha desarrollado grandes avances en la protección ambiental, enfrenta problemas serios y persistentes que amenazan su biodiversidad. Si bien el país centroamericano mantiene una de las coberturas forestales más amplias de la región, la presión de la agricultura, especialmente el cultivo de piña y banano, ha causado una degradación significativa en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. La tala ilegal y la expansión de monocultivos también contribuyen a la pérdida de biodiversidad y afectan la conectividad de los ecosistemas.
La contaminación de ríos y costas constituye uno de los principales problemas de Costa Rica. En regiones como Puntarenas y Limón, la acumulación de residuos plásticos, vertidos industriales y residuos agrícolas afectan la salud de los ecosistemas y la biodiversidad marina. El aumento de actividades turísticas en estas áreas agrava el problema de la gestión de residuos y aumenta la presión sobre los ecosistemas marinos costeros.
A esto se suma los efectos del cambio climático como el aumento de la temperatura y la variabilidad en el régimen de lluvias, que ya se sienten en el país. Las comunidades rurales e indígenas, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son las más perjudicadas. El cambio climático está afectando la disponibilidad de agua y la productividad agrícola, lo que genera una mayor vulnerabilidad en estas poblaciones.
Aunque el ecoturismo ha sido un motor de desarrollo nacional y ha tenido un particular impacto para las comunidades indígenas y para quienes habitan en zonas rurales, el crecimiento descontrolado de la industria ha llevado a la explotación de áreas de alta fragilidad ecológica. Zonas como Manuel Antonio y Tortuguero enfrentan la presión de un turismo masivo que afecta la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales, lo que obliga a la población a desplazarse de los territorios en donde se han asentado por décadas.
La creciente disconformidad con las políticas ambientales en Costa Rica ha llevado a colectivos ecologistas a cuestionar públicamente la gestión del ministro de Medio Ambiente, Franz Tattenbach. Varias organizaciones han exigido su renuncia, alegando que la administración ha fallado en cumplir con los compromisos asumidos en la COP15 y en abordar los problemas ambientales más críticos del país.
Las críticas al actual ministro se centran en la falta de acción en áreas clave como la protección de áreas críticas para la biodiversidad. Según los colectivos ambientalistas, el gobierno ha permitido actividades económicas en zonas de alta biodiversidad, comprometiendo la salud de estos ecosistemas.
Las concesiones para proyectos de minería en zonas cercanas a áreas protegidas también han generado controversias, en tanto diversas organizaciones han afirmado que estos proyectos son una amenaza directa a la biodiversidad y a las comunidades locales. Esa perspectiva crítica ha dado lugar a protestas en todo el país.
En los últimos tiempos, diversos activistas ambientales han sostenido que Costa Rica no ha implementado adecuadamente las medidas acordadas en el Marco Kunming-Montreal. Según afirman, el país ha retrasado la adopción de estrategias de conservación y no ha fortalecido los mecanismos de consulta y participación ciudadana.
A pesar de las críticas, Costa Rica participó en la COP16 en Cali, Colombia, con una agenda ambiciosa que incluyó compromisos para aumentar la protección de sus áreas marinas y forestales. El país se propuso liderar esfuerzos en temas como justicia climática, el financiamiento para la conservación y la protección de comunidades vulnerables frente a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, el movimiento ambientalista espera que Costa Rica no solo defienda estos principios en la arena internacional, sino que también tome medidas concretas en el ámbito local. La falta de cumplimiento en sus compromisos anteriores genera escepticismo sobre la capacidad del país de abordar aquellos aspectos que ha planteado en la COP16.
Si bien Costa Rica ha sido un referente en políticas ambientales, los desafíos internos y las demandas de las organizaciones ecologistas revelan una realidad compleja. A escala internacional, Costa Rica continúa siendo un ejemplo de conservación y desarrollo sostenible. Sin embargo, en el ámbito interno, la falta de implementación efectiva de políticas ambientales y la creciente presión de sectores económicos ponen en duda la efectividad de su liderazgo ecológico.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad ha generado una creciente desconfianza entre los ciudadanos, quienes consideran que el país necesita una política ambiental más coherente y transparente.
Costa Rica enfrenta el desafío de demostrar que su liderazgo ambiental no es solo un discurso, sino un compromiso real con la conservación de su biodiversidad y el bienestar de sus comunidades. La COP16 constituyó una oportunidad para que el país reafirmara sus promesas y demostrara su capacidad para liderar de manera efectiva la protección del medio ambiente. La presión de los ambientalistas es un recordatorio de que el camino hacia la sostenibilidad no solo pasa por la adopción de compromisos internacionales, sino también por una gestión transparente y responsable que responda a las necesidades y demandas de su población.
Fuente: nuso.org
