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Somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos hacer…
Caryl Alonso Jiménez
Desde los valores teológicos del Antiguo Testamento, la filosofía Greco Latina, la construcción del Estado moderno y las democracias constitucionales contemporáneas, han elevado la ética al mayor de los ideales.
Quedó demostrado que la brújula moral es un acto que no solo hace al hombre excepcional en su relación social; sino, lo lanza a la conquista de una humanidad más perfecta (Bautista, 2010).
Sin embargo, pareciera que en toda esa trasmutación e interpretación doctrinal de la ética en ese extenso viaje que viene de la moral como lo entendía Sócrates en la antigua Grecia, luego en esa extensa migración hacia el pensamiento jurídico y convertido hoy en día en reglamentación para lo que llamamos probidad.
Y finalmente alcanzó las más elevadas concepciones retoricas para seguir el comportamiento cercano a la pirotecnia de la divinidad, particularmente cuando fue llevado al plano de lo público que en teoría significa los más altos valores humanos, decoro, honestidad e integridad…
Habrá que reconocer que más allá de la retórica y las justificaciones, algunas inclusive con el desplante teatral y otras con cinismos velados amparados de la moral religiosa y la política, la ética del buen hombre público falló. Ni el Cándido el Optimista de Voltaire, ni la Utopía, de Tomás Moro y ni siquiera el falansterio de Fourier, fueron suficientes.
Bueno, si fuera lo contrario, los informes e indicadores internacionales del 2025 dirían lo contrario…. Pero tenemos un escenario en donde las dinámicas de la realidad no son lo que esperamos en el mundo de la ética y la probidad.
A principios de este siglo escuché al Doctor Nieto de Alba (1931-2018), Presidente del Tribunal de Cuentas de España, al expresar una de las ideas más preclaras en la función fiscalizadora, expresó que “la tarea del Control Gubernamental es verificar que los procesos del gasto público se apeguen a los marcos de la norma y en eso, más allá de la ética y la moral, existe la responsabilidad e implicación individual que conlleva cada acto”. Expresión que no requiere mayor erudición para entender que el escrutinio legal y la mirada ciudadana siempre están atentas al resultado de la acción Estatal.
Es esto lo que hace de la ética un bien público. La ética y la probidad alcanzan el epitome más alto cuando las instituciones rinden cuentas y son transparentes, no siguiendo la norma convencional; sino ahora, desde evaluaciones de desempeño, cuando las políticas institucionales se alinean de forma coherente con resultados que impactan en el bienestar de la ciudadanía en un acto que, generar datos de interés ciudadano (es rendir cuentas), y que revela coherencia en las responsabilidades legales y también en las políticas institucionales. Lo extraño es que nunca se elaboran informes Políticas, sino memorias que jamás son capaces análisis críticos e interpretaciones prospectivas. Entonces, ¿Por qué se aplauden y aceptan…?
En teoría pueden, siguiendo las matemáticas comparativas y las lógicas de impacto, en instrumentos para medir la desigualdad y la inequidad social y económica.
En la medida que elevemos las políticas públicas a verdades apodícticas, tendremos la posibilidad de comprender las razones que las justifican como ser el fundamento de los fines teleológicos Constitucionales.
Por ello, los bienes públicos producidos por el Estado y sus instituciones (seguridad ciudadana, educación, servicios de salud, infraestructura pública social y productiva, defensa, y fiscalización de los bienes públicos), son los que permiten en calidad, cantidad y oportunidad, promover movilidad y canales de ascenso social que derivan en bienestar. Si esto es verdad, ¿tan difícil es entenderlo desde los centros de decisión…?
En esa perspectiva es donde toma sentido la ética y probidad, dado que uno sostiene los principios y la otra el cumplimiento de la regla, a partir de marcos y normas que obligan a cumplir el compromiso del empleado público (funcionarios electos y empleados) del Estado, y sobre todo del ideario político de los gobernantes.
Pero cuando no lo cumplen, de acuerdo a la regla, la tarea es corregirlo estructuralmente. Es aquí donde tiene su mayor aplicación la Prevención para anticipar riesgos del gasto público, particularmente en la colusión y el conflicto de interés.
Otorgarle valor de bien público a la ética y probidad muy probablemente podrían considerarlo un exceso hiperbólico; Sin embargo, su valor intangible permite juzgar desde el comportamiento público las decisiones que involucran recursos del Estado, pero seamos ser honrados, la ética hasta ahora no es derecho positivo.
Es verdad, en los últimos años la ética no fue más que el llamado pirotécnico a la moral para ser buenos hombres. Pero en la actualidad el tema deja de ser de hombres y pasa al plano del Estado, donde convergen intereses, aunque Lemus (2021) los llama incumplimiento de pactos, no fue más que el ajuste del traje para una moral institucional relajada. Entonces ¿qué hacer…?
Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), dijo alguna vez desde el Gulag, que “La mentira no solo se había convertido en una categoría moral, sino en un pilar del Estado”. Siguiendo el pensamiento del Presidente Nelson Mandela (1918-2013), valdrá preguntarse, ¿Se pueden intencionar puntos de inflexión en la historia y de qué tamaño debe ser la valentía y audacia para hacerlo…? Pero, ¿Se querrán hacerlo…?
