Pronunciamiento sobre tasas de interés y endeudamiento

 

Foro La Isla [1] Grupo de Conversación Política

Partido Liberación Nacional

24 de noviembre del 2019

El Foro La Isla, manifiesta su apoyo al Expediente Legislativo N° 20.861, que procura el establecimiento de tasas de interés máximas, con rango de ley.

Nuestro criterio se basa en las siguientes consideraciones:

Aspectos legales

El artículo 243 del Código Penal [2] deviene en una norma incompleta e inaplicable. Para completar la norma es necesario establecer, a partir de ¿cuál monto? y ¿en cuáles casos?, un interés se convierte en usurario. La misma situación sucede con el artículo 21, inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [3].

Al no tenerse en el bloque de legalidad la tasa máxima de interés, el delito de usura y agiotaje no pueden ser judicializados, dejando en la impunidad una causa criminal, generalizada y de graves consecuencias sociales.

Aspectos institucionales

El Poder Judicial debe asignar un numeroso contingente de su planilla, para resolver cobros judiciales derivados de la “esclavitud financiera”, a la que se encuentra sometido un elevado porcentaje de la población costarricense (deudores y fiadores). La contradicción a esa realidad administrativa es evidente, NO SE TIENE UN SÓLO FUNCIONARIO asignado a investigar, procesar o sancionar casos de usura y agiotismo.

El negocio financiero con tasas de usura es tan atractivo, que está limitando la oferta crediticia de productos novedosos y necesarios. Además de posponer mejoras en la eficiencia de las entidades del sector financiero, pues los altos costos son sufragados con ganancias desmedidas.

La alcahuetería del Estado, que ha permitido el cobro de tasas de usura, resta a los entes financieros incentivos para atenuar las tasas de interés de los créditos para la micro, pequeña y mediana empresa con:

■ Las Garantías Mobiliarias (Ley de Garantías Mobiliarias, N° 9.246) [4]

■ El Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) creado por la Ley N° 8.262, para fomentar y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la economía social, mediante el otorgamiento eficiente de avales, financiamiento de intangibles y servicios de desarrollo empresarial.

■ Avales del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) creado para financiar e impulsar proyectos productivos de las micro y pequeñas unidades productivas de los distintos sectores que no sean sujetos de los servicios de crédito de los bancos públicos (por los parámetros que dictan estas instituciones para medir y calificar el riesgo del deudor en su gestión ordinaria, así como por los criterios y las disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras -SUGEF-).

■ Los seguros agropecuarios que bajan el riesgo del deudor por causas ajenas a su gestión y que pueden ser mayormente adquiridos si las tasas de interés fueran razonables.

Las entidades financieras han minimizado o ignorado los instrumentos destinados a atenuar el riesgo. El libertinaje prevaleciente en el campo financiero ha encarecido las tasas de interés, llevándolas a montos de usura que, en vez de promover el emprendimiento y la inversión, se han transformado en un freno para el crecimiento económico de las familias costarricenses y del país en general.

Es indispensable que el país cuente con niveles razonables de tasas de interés, las cuales en todo caso no deberían sobrepasar el 30% anual.

Aspectos sociales

El mercado financiero de Costa Rica es imperfecto y se comporta como un oligopolio [5]. Es indispensable e inaplazable desarrollar los mecanismos para intervenirlo, con el propósito de proteger los intereses de los diversos grupos que integran nuestra sociedad, en particular de los más vulnerables, que son quienes más requieren de los instrumentos crediticios.

La sociedad costarricense es un mercado cautivo, no tiene otra opción que la oferta crediticia prevaleciente: no hay otra alternativa financiera.

Esta realidad ha ocasionado un elevado endeudamiento para todos aquellos que han necesitado recurrir al uso de los diversos instrumentos crediticios que, en su mayoría, se rigen con tasas de interés caprichosas y desproporcionadamente elevadas. Como resultado de esta dramática situación se han generado dos repercusiones altamente negativas: el empobrecimiento de la sociedad y la concentración de la riqueza.

Al mismo tiempo, se ha visto afectada la demanda interna, provocando una pérdida en el dinamismo de la economía. Este reducido crecimiento se expresa también en menos empleos, menos recaudación y menos obra pública.

Esta situación se ha transformado en un círculo perverso que estamos en la obligación de romper.

Aspectos internacionales

La mayor parte de la comunidad internacional ha establecido tasas de interés máximas, factor que ha favorecido el buen desempeño de esas economías. Veamos: Corea del Sur 24%, Japón 20%, Colombia 29%, Francia 21%, entre otros muchos países.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR)

¿Por qué no interviene el BCCR? Si lo hiciera tendríamos las mismas tasas interés de otras economías de las que dependemos, por ejemplo en los EE.UU. los intereses para créditos personales tienen un rango que oscila entre 5,99% y el 28,99% anual, dependiendo del monto y el plazo (entre US$ 4,000.oo y US$ 45,000.oo y plazos de 3 a 5 años). En Costa Rica los costos no son mayores (solo las jugosas ganancias que obtienen las entidades financieras).

El BCCR tiene instrumentos importantes para intervenir, por ejemplo grandes y consolidados bancos públicos. Pero no lo hace …

Argumentos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)

Posiblemente su mejor argumento sea el riesgo. Es decir, cobran a TODOS sus clientes una tasa alta, para cubrir a los malos pagadores. ¿Por qué no utilizan la clasificación crediticia de sus clientes y aplican tasas mayores a clientes de riesgo y menores a los clientes que cuidan su crédito? Sería un aliciente para mejorar la educación financiera del costarricense, la consecuencia para el “bien portado”, serían tasas de interés mejores. Los seguros ya aplican algo semejante, cada vez que se utiliza la póliza, ésta se penaliza.

Nos gustaría…

Nos gustaría que el mercado crediticio ofreciera tasas ajustadas a la actividad de que se trate. No pueden ser valuadas con la misma tasa de interés, actividades tan disímiles como el comercio, vivienda, agropecuario, consumo o inversión.

Promovemos el establecimiento de tasas enganchadas -indexadas- a una tasa de referencia y con un multiplicador por el riesgo del deudor.

Que las garantías mobiliarias que constituyen una garantía más factible para los micro, pequeños y medianos empresarios, fueran ampliamente aceptadas; que los recursos del Sistema de Banca de Desarrollo, el Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) y los seguros agropecuarios se utilicen para redimensionar las tasas de interés a la realidad particular de la actividad económica.

Apoyamos que las tasas de interés tengan una correspondencia lineal con la naturaleza de la actividad económica y su rentabilidad. El crédito es un instrumento que debe ser utilizado para promover el desarrollo y el crecimiento económico de toda la sociedad, no sólo como un generador de ganancias para los operadores financieros.

¿Se requiere educación financiera? Sin duda alguna, pero el gran asesor debe ser la entidad financiera, que tiene que actuar sin colocar trampas para conseguir “esclavos financieros”. Las entidades crediticias deben comprender que “sangrar” a sus clientes no es su negocio, deben ayudarlo a conseguir su desarrollo y prosperidad. La banca no puede ser un fin en sí misma.

¿Y la exclusión? Las tasas usureras son las responsables de tener en cobro judicial a casi un millón de deudores y una cifra el doble de grande compuesta por sus fiadores. Estas personas no sólo quedan en “Lista Negra”, sino que además pueden perder sus bienes por mucho menos de su valor real. Por otra parte, esta realidad se transforma también en el mayor sabotaje al emprendedurismo, ejecutado por una banca usurera, que con su accionar incrementa el número de costarricenses que han perdido su empleo, sus ingresos y hasta su esperanza en un futuro mejor.

Conclusión

A todos los empresarios se les exige eficiencia, pero el sector financiero quiere excluirse, cobrar antojadizamente y con dinero ajeno hacer “clavos de oro”. El problema es que no operan en otro planeta y están ahogando a las familias, aprovechándose del sistema judicial y ralentizando la economía nacional.

Se requiere un trámite urgente al Expediente Legislativo N° 20.861, que regula la tasa de interés máximo en Costa Rica, las que nunca deben de superar el 30%.

La justicia social no puede ponerse en sala de espera.

Para la reactivación económica, es indispensable contar con una banca nacionalizada que se constituya en el motor del desarrollo y que deje de ser la cripta de miles de personas, que no tienen oportunidad de actuar como agentes económicos, por estar condenados a la “esclavitud financiera” que promueven los grupos de mayores ingresos y sus aliados: el sector financiero privado.

Notas

1. El Foro LA ISLA es un Grupo de Conversación Política que se reúne en CEDAL (Centro de Estudios Democráticos para la América Latina) los días miércoles de 5:00 pm a 7:30 pm.

2. Artículo 243.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa, el que, aprovechado la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación, u otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.

La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato.

3. Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1971.

4. Artículo 21. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA .

5. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (La Gaceta N° 9.460 del 11 de febrero de 1978.

7. Mediante el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia; Nº 7472 de 20 de diciembre de 1994 amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la acción sea cometida en perjuicio de los consumidores, en los términos del artículo 2º de dicha ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas penas se aplicarán, según el monto del daño causado o el número de productos o servicios transados.

8. Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley «Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal»; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 236 al 243.

9. La competencia imperfecta es una situación del mercado en la que los vendedores o empresas que compiten, tienen cierto control sobre el precio debido a que ofertan productos diferenciados y/o limitan el suministro.