Otra torta que nos sale cara

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Progresemos

Carlos Manuel Echeverría E.
cmecheverria@yahoo.com

Carlos Manuel Echeverría

Se nos acaba de anunciar con total naturalidad una nueva “torta” del aparato estatal costarricense, al perder un juicio ante una empresa constructora extranjera que demandó al Estado costarricense por errores de Acueductos y Alcantarillados que a su vez se defendió mal en el juicio. Entre indemnización e intereses se trata como de 8 millones de US$. Esto parece ser poco comparado a los errores de planificación y ejecución de proyectos o manejo de emprendimientos de gran envergadura del Grupo ICE, del MOPT, de JAPDEVA, de la banca estatal y en los últimos tiempos del Ministerio de Hacienda trasladando recursos en forma cuestionable a instancias financieras, de la malograda trocha, así como entre muchos casos más, los aguacates con México por ejemplo, sin pensar previamente las consecuencias de perder. Estamos decidiendo sobre si instalamos un ferrocarril de vecindad, idea que me parece vale la pena concretar, pero no a cualquier costo; INCOFER podría estar cerca de “jalarse una torta” sino se es cuidadoso.

Este problema de las tortas es endémico en el aparato estatal costarricense y eso que no estamos hablando de compras de equipos que no se utilizan y se pierden, así como de otras operaciones de compra, financieras o de remuneración cuestionables, como la reciente de pagos indebidos en el MEP. Quien sabe hasta qué punto estos errores sirven para tapar otro tipo de situaciones que por los montos tan grandes de aquellas no reciben la atención debida. Imposible no pensar en que las tortas conocidas es lo que se ve del barco en el agua, pero que queda mucho escondido debajo de la línea de flotación.

De cuanto estaremos hablando entre mala planificación y otro tipo de situaciones es difícil de determinar. Calculo al menos unos 30 mil millones de US$ le han costado a los costarricenses, algo así como la mitad de bienes y servicios que produce el país en un año.

La ciudadanía debe entender que el dinero en una economía es finito, si se quiere mantener la economía sana, sin inflación y sin desconfianza. El dinero responde a la producción y sirve para adquirir bienes y servicios, así como para estimular la economía cuando hay capacidad ociosa. Si el dinero se fue en tortas, es la ciudadanía la que termina como pato de la fiesta: el aparato estatal para financiar los procedimientos inadecuados le quita plata vía impuestos o vía inflación, el flagelo económico más terrible y destructivo.

Para los desaguisados en el manejo de la inversión pública en sus diferentes dimensiones, veo al menos las siguientes razones:

  1. Un tema de gestión deficiente desde los niveles de jefatura más altos, hasta los medios y bajos. El manejo de organizaciones públicas y privadas puede ir desde el mandar (ordenar y emitir castigos), el administrar (no añadir mayor valor agregado, vigilar que todo siga igual) y el de gestionar, que es el cumplir con la misión pero con una visión que permita la transformación hacia instancias superiores de efectividad. Obviamente uno espera que en el marco de la ley y promoviendo la transformación de ésta de ser necesario, se haga gestión efectiva en el sector público. Generalmente no es así.
  2. Hay buenas razones para dudar de la capacidad técnica de los cuadros que preparan licitaciones, elaboran proyectos, contratan consultoras para que los elaboren, etc, etc. Uno no puede evitar que la suspicacia se aproveche de uno. ¿Habrán situaciones de pérdida de moral, un bien social en Costa Rica? ¿Pérdida de ética, un bien personal en Costa Rica? Es muy posible. ¿Debilidad en la formación técnica que reciben nuestros funcionarios? Es también muy posible y en ambos casos que se generen comportamientos que ante lo laxo de las penas y la parsimonia del Poder Judicial, inviten al descuido o el mal actuar.
  3. Ha sido una funesta tradición que la Dirección Política no se ejerce bien desde la emisión de directrices de política al más alto nivel. La rectoría sectorial no es clara ni se ejerce correctamente, tal y como lo establece la Ley General de la Administración Pública. Es notable como en la alta jerarquía institucional hay oficiales que no entienden ni siquiera los límites de la autonomía en una institución autónoma, que por supuesto no es política, es administrativa.
  4. La organización sistémica del aparato estatal a nivel sectorial y regional es prácticamente inexistente, como lo es también la capacidad de planificación estratégica sistémica e institucional claramente disminuida a través de los años. Hay una incapacidad para desarrollar una visión y darle contenido al “ir hacia ella”.
  5. Un tema de zanahorias y látigo: no se premia específicamente por un logro y no se castiga por las tortas. Es más, no se sientan responsabilidades y menos se sanciona. Siempre es Fuenteovejuna la culpable y cuando se avanza en un caso como el del “cementazo” por ejemplo, llega un momento en que no se avanza, la fiscalía no explica ni da la cara, dándose a menudo malas investigaciones que hacen se pierdan casos a veces por tecnicismos o lo que es muy grave, por prescripción. Que algún jerarca renuncie por errores en su institución es en Costa Rica casi un sueño. Recordemos que la responsabilidad del jerarca no se delega.
  6. En las instancias públicas no existe conciencia del valor del dinero y de cómo las tortas afectan la economía. Pareciera con sus excepciones, que la jerarquía estatal o no conoce de economía o el cinismo llega a niveles absolutamente inaceptables.
  7. Se da una desconexión con el resto de la sociedad. Un aparato estatal que se volvió un fin en sí mismo, inamovible, intratable, que ya no sirve como lo concibió don Pepe Figueres en su modelo de economía mixta desarrollista y apoyando al sector privado, aderezado por la contribución del doctor Calderón Guardia en lo social.

La OCDE sin duda analizó este punto del desperdicio y mal uso de recursos estatales que no es del resorte exclusivo del presente gobierno, pero que en los más recientes ha sido especialmente notorio el inaceptable comportamiento.

¿Qué hacer a corto, mediano y largo plazo, en las tres dimensiones empezando de inmediato en los tres casos?

Dudo que el presente gobierno y el Poder Judicial le entren con genuina efectividad a corto plazo a los temas de corrupción pendientes y por transparentar, así como al establecimiento de responsabilidades para procesar por las tortas, pedir renuncias de persona incapaces de realizar gestiones efectivas, hacer de la justicia una pronta y cumplida a corto plazo y así sucesivamente.

Con visión de mediano plazo me parece que el Gobierno podría mejorar los estándares de contratación de los jerarcas institucionales, reestablecer fortalecida la organización sistémica del estado, validar la dirección política y la figura de la rectoría, reafirmar la convivencia entre la centralización, descentralización y la desconcentración, mejorar el conocimiento básica de la administración pública para quienes la detentan, así como darle vida nueva al alicaído sistema nacional de planificación a nivel sectorial y regional, con participación popular y visión estratégica, tal y como lo faculta y plantea la ley 5525 modificada, de planificación nacional y política económica.

Y a largo plazo, mejorar sustancialmente la capacidad de la Escuela de Administración Pública de la UCR al menos y carreras afines en ésta y otras instancias de educación superior, no están “dando la talla”. Valdría la pena incorporar para la gerencia pública, conceptos de gerencia privada que no deberían ser ajenos a la pública, más compleja que la otra en mucho. Aunque la medición de la rentabilidad en muchas instancias públicas se orienta más hacia la rentabilidad social que la privada, es inexcusable que en la pública no se haga el mejor uso posible de los recursos. Cada día las diferencias tienden a ser menores y me atrevo a pensar lo serán más aún en la época de la post pandemia cuando un nuevo paradigma a nivel mundial y nacional es predecible, ya que los ejes de rentabilidad social y privada tenderán a entrelazarse. Particularmente se debe mejorar la eficiencia en la gestión, en los temas de visión estratégica y elaboración de planes estratégicos, así como en la del análisis financiero sensible. Sobra decir que los jerarcas tienen que ser adecuadamente seleccionados y los parámetros de medición de rendimiento institucional y responsabilidad claramente establecidos. En países de la OCDE como Francia o Canadá por ejemplo, hay una fuerte tendencia de que quienes ocupan cargos de gestión y responsabilidad en el gobierno, sean graduados de las principales escuelas de Administración Pública.

La ciudadanía no debe permitir que la pandemia le absorba toda su atención, de tal forma que se deje pasar todo lo malo de nuestro aparato estatal y sistema de gestión política, que reitero, no es actuar solamente de este gobierno. En el caso de este servidor como ciudadano estoy atento a la jugada. Ya no damos para más metidas de pata.

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Ex viceministro-Subdirector de OFIPLAN y miembro de la COREC I.
Blog: http://carlosmanuelecheverriaprogresemos.com


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