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Julio 4, 2024
Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS – El poderoso grupo de presión armamentístico estadounidense justifica la ilimitada posesión de armas en Estados Unidos con una premisa tan errónea como cínica: las armas no matan a la gente, son las balas las que matan a la gente.
Las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra en Gaza se han dirigido, en primer lugar, contra Israel, por la matanza de más de 37 700 personas, en su mayoría civiles, y más de 86 000 heridos, en represalia por los 1200 asesinados por el grupo islamista Hamás en octubre, según las últimas estimaciones de funcionarios sanitarios de Gaza.
Y en segundo lugar, la culpa también recae directamente de Estados Unidos, el proveedor incontrolado de armas, incluidas las devastadoras bombas no guiadas de 2000 libras, al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Pero un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas culpa ahora a una tercera fuerza: Los fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusan de matar implícitamente a personas, junto con las instituciones financieras que financian a la mayoría de estos proveedores de armas.
«La transferencia de armas y municiones a Israel puede constituir graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y entrañar el riesgo de complicidad del Estado en crímenes internacionales, posiblemente incluido el genocidio», afirmaron el 20 de junio los expertos de la ONU, que reiteraron su exigencia de «detener inmediatamente esas transferencias»
En línea con los recientes llamamientos del Consejo de Derechos Humanos, los expertos de la ONU piden que se detenga la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel por parte de los fabricantes de armamento estadounidenses.
Entre ellos citaron a BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX y ThyssenKrupp.
Los expertos afirman que estos contratistas de defensa también deberían poner fin a las transferencias, incluso si se ejecutan al amparo de licencias de exportación existentes.
«Estas empresas, al enviar armas, piezas, componentes y municiones a las fuerzas israelíes, corren el riesgo de ser cómplices de graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario», afirman los expertos.
Este riesgo se ve agravado por la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, tras reconocer el genocidio como un riesgo plausible.
A ello se suma el pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando órdenes de detención contra dirigentes israelíes por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
«En este contexto, continuar con las transferencias de armas a Israel puede considerarse como proporcionar ayuda a sabiendas para operaciones que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y puede dar lugar a que se obtengan beneficios de dicha ayuda», indican los expertos de la ONU.
Ramzy Baroud, periodista y editor de The Palestine Chronicle, dijo a IPS que la declaración de los expertos de la ONU es importante, ya que pone de relieve el complejo papel de Estados Unidos en el apoyo, sostenimiento y beneficio del genocidio israelí en Gaza.
«A menudo pedimos, exigimos e imploramos a Estados Unidos que ponga fin a su apoyo a Israel, para que el genocidio llegue a su fin. Sin embargo, los expertos nos recuerdan que la implicación de Estados Unidos no se limita a la de la Casa Blanca y al apoyo militar y logístico directo o indirecto de Estados Unidos a Israel», señaló.
De hecho, dijo, el apoyo estadounidense se canaliza a través de múltiples actores, los que fabrican, transportan, ensamblan y mantienen las armas y municiones, una maquinaria militar multimillonaria que ha segado la vida de decenas de miles de palestinos.
«Estas empresas deben ser nombradas, avergonzadas, boicoteadas y responsabilizadas de todas las formas posibles. Deben comprender que sus acciones tienen repercusiones legales, pues son cómplices de los crímenes israelíes contra los palestinos», afirmó Baroud.
Según el especialista, estas compañías están prestando «a sabiendas» ayuda directa a Israel en su guerra genocida. Son plenamente conscientes del alcance de estos crímenes, tal y como se articula en el caso sudafricano contra Israel en la CIJ, y de la petición de órdenes de detención por parte del fiscal jefe de la CPI.
El siguiente paso racional es exigir responsabilidades a estas empresas, dijo Baoroud, qien también es investigador principal no residente del Centro para el Islam y Asuntos Globales (Ciga).
«Parece que no tienen umbral moral. Su búsqueda de beneficios supera con creces su preocupación por el hecho de que sus armas estén matando a miles de niños, mujeres y civiles en Gaza y en toda la Palestina ocupada. Deben enfrentarse a la justicia como partícipes del genocidio israelí en Gaza», consideró.
Norman Solomon, director ejecutivo del Institute para la Exactitud Pública, dijo a IPS que es difícil establecer una distinción clara entre el gobierno de Estados Unidos y los fabricantes de armas que le venden.
«Los dos están tan entrelazados que diferenciarlos es a menudo una distinción sin diferencia. La puerta giratoria de los individuos, en ambas direcciones, coloca a ejecutivos de armamento en puestos fundamentales del gobierno y viceversa», afirmó.
La magnitud de los beneficios militares, destacó, es abrumadora en la economía política y la cultura de la nación. Las corporaciones multimillonarias que dependen de la venta de armamento al gobierno participan directamente en un proceso rutinario de hacer literalmente el agosto en nombre de la obtención masiva de beneficios.
Solomon argumentó que llamar a estas empresas «contratistas de defensa» es un término equivocado, ya que lo que venden tiene poco que ver con la defensa en cualquier sentido significativo.
«El aumento de la venta de armas y los regalos a Israel son la continuación de una asociación entre el gobierno de Estados Unidos y los proveedores de armas con el propósito de ayudar a un aliado y cosechar aún más beneficios masivos», dijo.
A su juicio, «en tándem, el gobierno estadounidense y las empresas están proporcionando a Israel los medios para continuar con el asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza».
«El núcleo del problema es la falta de democracia y el excesivo poder de las empresas», sostuvo.
En términos morales, la culpabilidad es de gran alcance. Sin embargo, «de forma siniestra», dijo, los contratistas militares están haciendo lo que el capitalismo les permite hacer: tratar de maximizar los beneficios sin importar las consecuencias para los seres humanos y el entorno natural.
Por el contrario, en un sistema democrático, se supone que el gobierno responde al consentimiento informado de los gobernados, condiciones que ciertamente no se dan en Estados Unidos.
Mientras tanto, «en términos de derecho internacional y decencia humana, el gobierno de Estados Unidos y sus proveedores de armas son culpables de crímenes horrendos, que ayudan y agravan los de Israel», Dijo Solomon, quien también es director nacional de RootsAction.org y autor de «Hacer la guerra invisible: Cómo Estados Unidos oculta el coste humano de su maquinaria militar».
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de mediados de junio detalla seis ataques emblemáticos en los que se sospecha el uso de bombas GBU-31 (20000 libras), GBU-32 (1000 libras) y GBU-39 (250 libras) entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre de 2023 contra edificios residenciales, una escuela, campos de refugiados y un mercado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó 218 muertes en estos seis ataques, y dijo que la información recibida indicaba que el número de víctimas mortales podría ser mucho mayor.
«La exigencia de seleccionar medios y métodos de guerra que eviten o al menos minimicen al máximo los daños a la población civil parece haber sido violada sistemáticamente en la campaña de bombardeos de Israel», afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El informe afirma que la serie de ataques israelíes, ejemplificada por los seis incidentes, indica que las Fuerzas de Defensa de Israel pueden haber violado repetidamente principios fundamentales de las leyes de la guerra.
En este sentido, señala que los ataques ilegítimos cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, en consonancia con una política de Estado o de una organización, pueden implicar también la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Las instituciones financieras que invierten en estas empresas armamentísticas también están llamadas a rendir cuentas. Se insta a tomar medidas contra inversores como Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management y Citigroup.
También sobre Fidelity Management & Research, Invesco Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven’swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington y Wells Fargo & Company.
Si no evitan o mitigan sus relaciones comerciales con estos fabricantes de armas que transfieren armamento a Israel, podrían pasar de estar directamente vinculados a abusos contra los derechos humanos a contribuir a ellos, con repercusiones por complicidad en posibles crímenes atroces, señalaron los expertos.
«Las armas inician, sostienen, exacerban y prolongan los conflictos armados, así como otras formas de opresión, de ahí que la disponibilidad de armas sea una condición previa esencial para la comisión de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, incluso por parte de empresas privadas de armamento», afirmaron los expertos de la ONU.
También rindieron homenaje a la sostenida labor de los periodistas que vienen documentndo e informando sobre el devastador impacto de los sistemas de armamento sobre la población civil de Gaza.
También homanajea a los defensores de los derechos humanos y abogados, entre otras partes interesadas, que se dedican a exigir responsabilidades a Estados y empresas por la transferencia de armas a Israel.
