Laura Chinchilla Miranda
Me complace, aunque no me sorprende, la resolución que ha comunicado el Juzgado Penal en la que se me exonera de cualquier responsabilidad sobre la construcción de la Ruta 1856. Resulta doblemente significativo el que haya sido la misma Fiscalía la que ha solicitado dicha exculpación de cargos, luego de un análisis exhaustivo de varias fuentes de información y de varios años de indagación. Destaco que la jueza a cargo concluye que en todo momento actué con la urgencia que la situación ameritaba, cumpliendo con “lo establecido en la Constitución Política y en las leyes del país”. A continuación unos extractos de sus conclusiones:
Resolución Judicial sobre actuación de Laura Chinchilla en caso de la Ruta 1856 «Trocha Fronteriza»
“No hay prueba de que la firma se hizo para que funcionarios corruptos distrajeran fondos públicos en colusión con los empresarios, sino el motivo fue realizar acciones para facilitar los procesos de contratación de las empresas para la construcción de rutas de acceso a la zona del conflicto, dada la violación de la soberanía costarricense por parte del gobierno de Nicaragua. Su actuar fue apegado a derecho, participando de forma rápida, estableciendo mecanismos de control para poder mantener la soberanía del país, y no existe prueba de que la expresidenta de la República tomara dicho acuerdo para afectar la economía del país, para sustraer o distraer fondos del estado y tener ella algún beneficio económico. (…) el país se encontraba en estado de emergencia debido a que el gobierno de Nicaragua estaba invadiendo al territorio nacional, agrediendo de esta forma la soberanía costarricense, por lo que se debía actuar de forma rápida para que no se agudizara la situación, lo que denota que se cumplió con lo establecido en la Constitución Política y en las leyes del pais.”
EXPEDIENTE: 17-000005-1218-PE
No podía ser de otra manera, puesto que más allá de las consideraciones técnico-jurídicas, fui yo quien recibió de un grupo de ciudadanos que depositaron en mi su confianza, el reporte de los hechos irregulares; fui yo quien invitó a los denunciantes a reunirse con mis asesores legales para analizar la información; fui yo quien instruyó a esos asesores a levantar actas y a elaborar una denuncia formal ante las autoridades judiciales; fui yo quien solicitó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, a presentar dicha denuncia ante el Ministerio Público. Esta actitud, no había tenido precedentes en nuestro país.
Como resultado de la denuncia recibida y canalizada por parte de mi despacho y gracias al trabajo realizado por fiscales y policías del OIJ, se lograron identificar a 26 presuntos responsables y formular acusación en su contra.
Lamentablemente, personas cuyo único interés era golpear políticamente mi gestión, inventaron justificaciones para presentar una denuncia en mi contra, la cual hoy se confirma que no tenía sustento alguno.
Aprovecho esta circunstancia para recordar lo siguiente:
1. La justificación de la construcción de la Ruta 1856, estuvo sólidamente respaldada en dos hechos extremos que todo el pueblo de Costa Rica conoció: la invasión del ejército de Nicaragua de Isla Portillo en Isla Calero, y la urgencia por atender a las comunidades del Caribe Norte que en esas mismas fechas se vieron fuertemente impactadas por un evento climático que las dejó incomunicadas, dado que el ejército nicaragüense nos impedía la navegación por el Río San Juan.
2. La Ruta, no fue una “obra fallida”, fue una obra que se concretó en beneficio de la soberanía nacional y de las comunidades fronterizas. La misma fue concebida desde el inicio como un camino rústico -nunca como una autopista como algunos siguen diciendo- que conectara las comunidades de la frontera norte del país. Para el año 2012, se habían construido 108 kilómetros de camino transitable entre el Mojón II y el Delta del Río Colorado, y se habían habilitado más de 380 kilómetros de caminos de acceso a la Ruta 1856 que tuvieron un impacto positivo en la vigilancia del territorio nacional y en la situación de los pobladores de las zonas.
3. La inversión de más de 21 mil millones de colones fue usada, mayormente, de manera adecuada. El monto malversado de esa obra fue de 968 millones de colones según lo ha determinado la Fiscalía General, lo que representa tan sólo el 4,6% del monto total invertido.
4. La Corte Internacional de Justicia en su sentencia emitida a finales del año 2015 avaló tácitamente las medidas que tomó mi administración para resguardar la vida, la seguridad y las condiciones ambientales en el cordón fronterizo, entre ellas la construcción de la Ruta 1856.
En nombre de aquellos ciudadanos que en el año 2012 actuaron correctamente atreviéndose a denunciar los hechos ante mi, y con la autoridad que me da el elevadísimo costo político que tuve que pagar por haberme atrevido a “tomar el toro por los cuernos” y ayudar a concretar una denuncia ante la Fiscalía General, hago un respetuoso pero enfático llamado a las autoridades judiciales para que se avance sin más dilación, con la acusación que la Fiscalía ya formuló contra 26 personas como supuestos implicados en las irregularidades que tuvieron lugar.
Seguiré defendiendo las razones que nos llevaron a construir el camino fronterizo, y seguiré también abogando por que se haga justicia y se castigue a quienes traicionaron una de las obras más emblemáticas en uno de los momentos más difíciles en la defensa de nuestra soberanía nacional.
– Expresidenta de la República
Coincido casi en todo con doña Laura, no me cabe duda que ella no fue parte de esta oscura alianza entre personeros de CONAVI y empresarios deshonestos por estafar al Estado, tengo claro que es una persona proba. Lo que no comparto es considera 968 millones como una bicoca, ¿qué no se hubiera hecho con ese monto?, y también, debe reconocerse que la obra fue improvisada, carente de los mínimos estudios técnicos.