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Oscar-René Vargas
El Pacto de marzo de 2019 entre el régimen con la cúpula empresarial y la dirección política de la época fue apoyado y avalado por los EEUU, OEA, Unión Europea, Vaticano, Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y otros poderes facticos internos y externos.
El Pacto consistió en la promesa del régimen de liberar a todos los presos políticos en junio de 2019 (no todos fueron liberados), la realización de elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021 (lo cual no se hizo) y posiblemente el compromiso de la Conferencia Episcopal de aceptar la expulsión de Monseñor Silvio Báez (2), así como la implementación de una política de apaciguamiento social para congelar las movilizaciones políticas y sociales con el objetivo de que el proceso electoral se enmarcara en un ambiente de bajas tensiones políticas.
Sin embargo, el régimen nunca redujo la política represiva en contra el ejercicio de las libertades básicas. Por lo tanto, el régimen ganó tiempo, logró reducir las movilizaciones sociales y retomó la iniciativa política interna que había perdido en abril de 2018, lo que le permitió que las sanciones internacionales se limitaran en retorica sin efectos políticos y económicos reales.
Ahora, Humberto Ortega propone: elecciones en el 2026, lo que permitiría al régimen legitimar las elecciones fraudulentas del 2021 y 2022, recuperar cierta credibilidad internacional, neutralizar el desprestigio político interno y ganar tiempo para llegar hasta el 2026 en el poder. Por su parte, la oposición recibe la promesa de elecciones libre dentro de 4 años. El pacto del 2019 le permitió ganar tiempo para llegar al 2021. Ahora, el objetivo es llegar al 2026 para terminar de crear las condiciones de la sucesión dinástica.
En el 2019 el objetivo fue anular a los movimientos sociales surgidos en el 2018 con la promesa de que el empresariado no iba a apoyar financieramente a las protestas sociales. Ahora, el Pacto propuesto por HO tiene el
objetivo de contrarrestar el proceso se implosión social interna que viven las instituciones del país, el partido de Ortega-Murillo y que también se desarrolla al interno de la población simpatizantes del gobierno que se hizo manifiesto a partir de noviembre de 2022 y que tiende a desarrollarse en los próximos meses por el deterioro de la situación laboral de alto desempleo, bajos salarios, la caída del poder de compra, la migración acelerada, la corrupción generalizada al interior del gobierno. Todo lo anterior se expresa en el rechazo que la población en general que se manifiesta en las encuestas de opinión. Rechazo que se ha incrementado por persecución a los sacerdotes, la condena al Obispo Álvarez y la represión a la feligresía católica en general.
Humberto Ortega acepta que el encarcelamiento de Monseñor Álvarez es una acción que debe ser enmendada porque no le conviene al régimen (en sus palabras, es la piedra en el zapato de Daniel Ortega) debido a repercusiones negativas nacionales e internacionales ya que, desde el Papa Francisco, las Conferencias Episcopales de América Latina y los gobiernos de España, Chile, Colombia y otros las ha rechazado y pedido su rectificación. Sin embargo, Humberto Ortega se abstuvo de señalar que el régimen mantiene la persecución a la Iglesia católica en todas sus expresiones (precesiones, sacerdotes, templos, etcétera) y no menciona el destierro y privación de ciudadanía de los reos de conciencia excarcelados.
Que posibilidades éxito tiene la propuesta de Humberto Ortega de convertirse en eje de la política nacional en el corto plazo. Muy pocas si tenemos en cuenta a las condiciones actuales. Las condiciones sociales (desempleo, bajos salarios, disminución del poder de compra de la canasta básica, desnutrición, etc.) son mucho más agudas que en el 2019. Al mismo tiempo, la población ha vivido la experiencia de que en cuatro anos no han mejorados sus condiciones, lo que ha provocado una migración masiva (3), se mantiene la represión generalizada sumada a la represión religiosa. Al mismo tiempo que, al interior del partido orteguista comienzan a aparecer fisuras que tiende a agravarse. A nivel económico, la tendencia es hacia el estancamiento por la falta de inversiones nacionales y extranjeras, incluyendo las repercusiones negativas de la guerra de Ucrania que han encarecido los insumos agropecuarios a nivel internacional. Todos estos elementos tienden ha acelerar el proceso de implosión interna del régimen que Humberto Ortega busca como contrarrestar con su propuesta de las elecciones hasta el 2026. (Artículo enviado por el autor, el 16-2-2023)
Notas de A l´encontre
[1] Humberto Ortega (1947), hermano de Daniel Ortega (1945), fue Ministro de Defensa de junio de 1979 a abril de 1990. Tras la derrota electoral del FSLN el 25 de febrero de 1990 frente a la candidata Violetta Barrios de Chamorro, Humberto Ortega organizó la reducción de las filas del ejército y su transformación en el Ejército de Nicaragua, oficialmente según criterios constitucionales. Actualmente es un empresario millonario con negocios en Costa Rica. [2] Monseñor Silvio Báez criticó abiertamente la violenta represión del gobierno de Ortega en 2018. En octubre de 2018, Ortega acusó a Silvio Báez de planear un golpe de Estado. Una operación de manipulación de los servicios de Ortega fue para “probar” estas supuestas intenciones. Todo se derrumbó a raíz de una investigación periodística. El obispo dijo que Laura Farnsworth Dogu, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, le dijo en 2018 que era el objetivo de un complot de asesinato. Luego se mudó a Miami. Sin embargo, el 4 de abril de 2019, Báez fue recibido por el pontífice en Roma. Y el 10 del mismo mes, Báez anunció que el papa Francisco le había pedido que se mudara a Roma por tiempo indefinido. (ed.) [3] Nick Miroff, en un artículo del Washington Post del 21 de febrero, destaca el interés político de la administración Biden en obstruir la afluencia de migrantes centroamericanos, citando explícitamente a Nicaragua, además de Cuba y Venezuela.
