Nicaragua: El agotamiento de la dictadura

Y el rol crucial de la disidencia sandinista

Julio López Campos

El sandinismo da señales de distanciamiento y ruptura silenciosa con el orteguismo. Sumar esa fuerza disidente es tan importante como unir a las demás.

No se puede negar hoy que el actual régimen dictatorial se incubó desde la revolución sandinista. De su seno nació el danielismo, versión primaria y temprana del caudillismo, en el contexto del enfrentamiento con las agresiones reaganianas, que más tarde devendría en dictadura. Surgió facilitado por la correlación de fuerzas entre las tres tendencias del FSLN en la lucha contra el somocismo y, más adelante, creció durante la revolución, por la actitud oportunista de cuadros importantes y la indeterminación de una parte del liderazgo nacional, enfrascado en estériles y supuestas discusiones ideológicas que, sotto voce, se rumiaban en el FSLN y enmascaraban disputas internas de poder.

Ya fuera de la presidencia, y al mejor estilo estalinista, Ortega fue marginando, hasta excluir por completo, a quienes no se plegaron a su proyecto personal de control y poder, y terminó apropiándose del Frente Sandinista y las cúpulas de las organizaciones sindicales y populares, en aquel despelote posterior a la caída del campo socialista y la derrota electoral del sandinismo. Hay que reconocer la incapacidad del sandinismo crítico de prever lo que desde su seno se estaba gestando, y, sobre todo, la falta de continuidad de las distintas corrientes que surgieron a partir de 1990, para enfrentarlo de manera resuelta y sostenida desde adentro del FSLN.

Más tarde vendría el pacto de Ortega con el liberalismo ―que algunos al interior del FSLN quisieron teorizar como pacto anti oligárquico― que condujo al reparto de todas las instituciones y que sería decisivo para asfixiar a la embrionaria democracia que buscaba abrirse camino entre las disputas de la transición. Después vendría la alianza sin precedente con el sector empresarial y el gran capital, con rango constitucional; la aquiescencia de los partidos de oposición con lo que estaba pasando; el respaldo de una parte de los líderes de la Iglesia católica (Miguel Obando y Bravo); el evidente pragmatismo de Washington y de los organismos financieros internacionales, que consideraban funcional a sus intereses y políticas el “populismo responsable” de Ortega.

Todo ello fue acompañado con la abundancia de dinero concedido por la Venezuela de Hugo Chávez, que iba directo al bolsillo de los Ortega-Murillo; las migajas para planes y programas clientelares; los precios favorables de materias primas; las remesas y la inversión extranjera directa creciendo; luchas populares congeladas y dirigencias castradas; la macroeconomía neoliberal imponiendo estabilidad; un relato interno teñido de sandinismo y los aplausos unánimes de las izquierdas institucionales del continente.

Todos estos factores combinados hicieron posible el proceso de consolidación y despliegue de la dictadura de Ortega y Murillo. De 2007 a 2017, fue la década de su fortalecimiento y plenitud. Y hay que subrayarlo: no sería de ninguno de estos sectores que emergería la explosión social de abril de 2018 que abrió la crisis del régimen.

Y ahora… ¿dónde estamos?

Después de haber ganado un tiempo estratégico con negociaciones que no condujeron a ningún lado, y luego de la liquidación a plomo y fuego de la rebelión de abril, masacrando a un pueblo desarmado, la dictadura resolvió destruir, de manera gradual y de cualquier forma, todas las expresiones y posibilidades de existencia de vida política o social independiente del Estado y su control; se juró que nunca más permitiría el germen de posiciones autónomas e independientes y que conservaría su poder sin importar el precio.

Uno a uno, cayeron todos los islotes que, con sus particulares agendas, daban vida y movilizaban a gentes con posiciones propias. La única vida político-social que quedaba, en una sociedad civil expandida, fue siendo ahorcada. Más de 3000 de esos organismos plurales fueron desaparecidos del mapa. Sus responsables, exiliados, encarcelados, perseguidos; y sus miembros, dispersados o desaparecidos en el mar de la migración forzosa. Estas células, que en buena parte daban existencia a la sociedad civil en una precaria vida democrática, fueron liquidadas, aniquiladas, por la represión del régimen.

El mensaje ha sido claro y brutal. La dictadura no permite ninguna forma de existencia social o política fuera de su control. La única alternativa es sumisión al régimen o desaparición. Sabemos que todas las libertades y derechos de los ciudadanos tuvieron la misma suerte.

Aparejado con este proceso, también avanzó durante esa década, el control y subordinación corrupta de los mandos militares y policiales. Ante el dilema del curso a tomar, claudicaron sin honor ni resistencia y optaron por la sumisión incondicional. Nicaragua fue vaciada de todas las expresiones de incipientes instituciones democráticas. Solo quedó la farsa de los “poderes del Estado” y, en el silencio y el miedo generalizado, el relato atropellante de la dictadura y de sus mediocres epígonos.

¿Hacia dónde vamos?

Una lectura literal de la descripción anterior podría conducir a gravísimos errores de deducción, lo que por cierto ocurre con frecuencia en la interpretación de los hechos. Podría dar la falsa imagen de la dictadura como un monstruo bicéfalo, poderoso e imbatible, y una sociedad sin esperanzas. Pero, nada más lejos de la realidad.

Cualquier persona que aprenda de las lecciones de la historia sabe que la existencia de un régimen dictatorial o democrático es viable y sostenible, siempre y cuando, las bases y fuentes de poder que lo sustentan se mantengan sólidas, siga contando con la adhesión y respaldo de la mayoría de sus ciudadanos o cuente, por lo menos, con el respaldo de una fuerza importante y beligerante en la sociedad. Y, desde luego, siempre que la población y sus funcionarios no comiencen a retirarle su apoyo, cooperación o respaldo.

Miremos someramente cómo estaban y cómo están hoy algunos de esos indispensables pilares de sustentación. Según la encuesta de CID Gallup de mayo 2015, tres de cada cuatro encuestados tenían opiniones positivas sobre Daniel Ortega (75%). Realmente un nivel muy alto de opiniones favorables. La señora Murillo también estaba en nivel similar, con el 70% de opiniones positivas. El binomio lucía con un fuerte e incontestable respaldo. Algo similar ocurría con la jefa de la Policía.

Otro dato más explícito: el 53% de encuestados apoyaba el desempeño de Ortega como presidente, teniendo ―según CID Gallup―, el índice de aprobación ciudadana más alto entre sus homólogos de los últimos diez años. Todo un récord. Es más, el 57% afirmaba que Ortega dejaría al país en muy buenas condiciones tras su tercer mandato. Para entonces, en pleno periodo de consolidación, el 52% identificaba al FSLN como el partido de su preferencia y su identificación con él era incuestionable. Y su mayor apoyo provenía de los habitantes metropolitanos, sobre todo, de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad.

Una rápida revisión de la última encuesta de CID Gallup, de julio 2023 muestra que el 61% de encuestados desaprueba la gestión presidencial de Ortega y sólo el 29% lo aprueba. Además, sólo el 13% se identifica con el FSLN como la agrupación política de su simpatía. Es importante observar los datos sobre la credibilidad de las instituciones: la Presidencia sólo tiene el 26%; el Ejército, 29; la Policía, 25% y el FSLN sólo el 25%. Según esta encuesta, Ortega sólo contaría con el 34% de opiniones favorables y el 54% desfavorable, y la señora Murillo con el 38% favorable y el 49% desfavorable. Balance incontestablemente negativo en ambos casos. Todo lo contrario de la encuesta de 2015.

Los datos anteriores los mencionamos únicamente para llamar la atención sobre un proceso de desgaste en curso de los pilares de sustentación del régimen. Por si ello no fuera suficiente, habrá que preguntarse si la represión generalizada sobre la Iglesia católica suma o resta fuerza de sustentación al régimen. Sin duda, tampoco se fortalece la alianza con el gran capital con el peso de la represión y las confiscaciones a Piero Coen. uno de los más importantes capitales del país. Incertidumbres y temores de la dictadura son ahora más que evidentes con sus recientes disposiciones legales y severas normas de control interno, que criminalizan la desafección o deserción de las filas policiales, su más importante instrumento cotidiano de represión.

Hoy nos encontramos con el nivel histórico más bajo de respaldo a la dictadura que hacen de Ortega y Murillo los personajes más repudiados del país. Más importante aún, ese proceso se viene operando de manera significativa al interior del sandinismo amplio, no orteguista y, sin duda, de manera silenciosa en los núcleos más cercanos que forman parte de las articulaciones estatales y políticas del régimen. Y, seguramente, avanza sigilosamente en el seno del Ejército y la Policía. En todo esto consiste la importancia estratégica de este fenómeno en curso. (Sugerimos ver detalles sobre el FSLN en artículo reciente de Manuel Orozco).

Aunque desde sectores de la oposición en el exilio algunos hacen hasta lo imposible para no reconocer el carácter determinante de esta fuerza de existencia real, la experiencia histórica sobre estas situaciones no da lugar a dudas. Para que caiga un régimen dictatorial como el de Ortega (sin recurrir al uso de la acción extranjera militar directa), tiene que haber un proceso de erosión y debilitamiento de las propias fuerzas tradicionales de sustentación. Y en Nicaragua ese proceso ya inició.

Si verdaderamente queremos derrotar a la dictadura y no pasar especulando únicamente con la eventualidad de un maltrecho y virtual proceso electoral que asegure el protagonismo de ciertos liderazgos en el exilio, es esencial tomar en cuenta y dar su justo lugar a las políticas que impulsen el distanciamiento de los funcionarios públicos con el régimen y reconocer la importante función del sandinismo no orteguista en esta tarea.

Si queremos de verdad lograr el objetivo estratégico de deponer a la dictadura, tenemos que asumir que necesitamos de la participación de todas las fuerzas antidictatoriales sin exclusiones. Pero, aun así, ello no sería suficiente. Es indispensable consensuar mínimamente lo que vendría después. Qué democracia queremos. Qué país queremos. Si se trata de una democracia sin exclusiones ni revanchismos. Incluyente, plural, respetuosa de las libertades y los derechos humanos, pero con justicia y, desde luego, sin impunidad.

El sandinismo está dando señales de distanciamiento y rupturas silenciosas con el orteguismo. Sumar esa fuerza disidente es tan importante como unir a todas las demás. No se trata de salir de perdonavidas diciendo que se será comprensivo con “los que han votado por el FSLN”. Se trata de socavar y debilitar los pilares de sustentación del régimen en su base política, en los aparatos estatales, policiales y militares. Se trata de estimular las más variadas formas de distanciamiento, obstrucción, no cooperación y ruptura con el régimen. Se trata de estimular la ruptura de estas fuerzas con el régimen y fortalecer en ellos la confianza y esperanza de un país mejor en el que alcanzamos todos.

Los discursos de odio antisandinista no pondrán fin a la fuerza que éste representa en un país llamado Nicaragua. El sandinismo es muy anterior al surgimiento del FSLN y seguro le sobrevivirá. Eso sí, con ese discurso sólo fortalecen al régimen y le facilitan el agrupamiento de sus bases. Es momento de tomar nota de los cambios silenciosos que se están operando en las bases de apoyo del régimen y de unir todas las fuerzas para profundizar el distanciamiento y la ruptura hasta derrocarlo.

Julio López Campos es un politólogo nicaragüense desterrado y desnacionalizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recientemente nacionalizado español. Fue director de Relaciones Internacionales del FSLN en los años 1980.

Fuente: https://confidencial.digital/ vía sinpermiso.info