Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos

20 de agosto de 2020

Sra. Epsy Alejandra Campbell Barr
Primera vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo vicepresidente de la República

Estimada señora vicepresidenta, estimado señor vicepresidente:

En atención a su nota de fecha 14 de agosto (PV-M-2020-238 DSV-299-2020), y a la convocatoria “Costa Rica escucha, propone y dialoga” formulada por el gobierno de don Carlos Alvarado, adjuntamos nuestros aportes, como integrantes del Grupo Economía Pluralista, en el documento que hemos titulado: “La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República ‘Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga’”. Aclaramos que este documento ofrece un abordaje integral, en el cual se incorporan las facetas, estrechamente interconectas, de la reactivación, la creación de empleos y las finanzas públicas.

Atentamente,

Luis Paulino Vargas Solís, Fernando Rodríguez Garro, Daniel Vartanián Alarcón, Ana Rosa Ruiz Fernández, Edwin Zamora Bolaños, Jeannette Cordero Gamboa, Luis Carlos Olivares Martínez, Henry Mora Jiménez, Martín Gerardo Murillo Córdoba, Welmer Ramos González, María Leonela Artavia Jiménez, Rosberly Rojas Campos, Bernardo Aguilar González, Montserrat Ruiz Guevara, Osvaldo Ureña Jiménez, Pablo Abarca González, María Fernanda Vega Solano, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Hugo Cascante Mico, Mario Devandas Brenes, Greivin Salazar Álvarez, Giovanni Beluche Velásquez, Renzo Céspedes Vargas, Eugenio Trejos Benavides y Gustavo Mena Vargas.

La crisis del Covid-19:
Momento para refundar la estrategia de desarrollo y
recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos

Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República
“Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”

GRUPO ECONOMÍA PLURALISTA

1. Es un solo problema, no tres problemas sumados

Esta convocatoria lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, diferencia tres aspectos, solicitando respecto de cada uno de éstos, los aportes por parte de la ciudadanía. Los tres apartados, así diferenciados, son:

a. Finanzas públicas y acuerdo con el FMI
b. Reactivación económica
c. Creación y protección de empleos

Se comprende que para hacer operativa y viable la convocatoria, se hace necesario introducir algún ordenamiento conceptual y, por lo tanto, la definición de determinadas categorías de análisis. No obstante lo cual, advertimos que esta forma de plantear las cosas conllevan un riesgo importante, ya que, para todo efecto relevante, tanto desde el punto de vista político, como desde una perspectiva teórica y empírica, los tres aspectos forman parte de una sola problemática. No son tres cuestiones que se suman o superponen, ni tres cuestiones que discurren la una paralela a las otras, cada una por su propio cauce. Son tres facetas de una sola realidad compleja, entrelazadas e interrelacionadas a profundidad.

Las definiciones que se adopten en materia de finanzas públicas, inevitablemente afectarán –para bien o para mal– los esfuerzos en cada uno de los otros dos ámbitos. Los logros o ausencia de logros, en materia de reactivación y empleo, tendrán consecuencias importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reactivación y empleo, por su parte, son caras de una misma moneda, puesto que resultaría desatinado tratar de reactivar la economía sin poner un énfasis explícito muy potente, en la creación de muchos empleos. Vale decir: crecimiento de la economía con débil creación de empleos, es una opción que debe ser descartada ad-portas, sobre todo si el objetivo principal de todo esto es no solo superar la crisis económica, sino hacerlo de forma que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y democrática, capaz de proporcionar bienestar, calidad de vida y paz a sus habitantes.

Teniendo presente lo antes indicado, en este documento proponemos un abordaje integral, que se esfuerza por generar respuestas, coherentes y complementarias entre sí, en relación con las tres problemáticas que el gobierno ha planteado.

2. Acuerdo con el FMI

En reiteradas apariciones ante la prensa, algunas autoridades económicas –en especial Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central– han hecho públicas las que, al parecer, son las propuestas que el gobierno de Costa Rica está presentando ante ese organismo. Se ha dado a entender que es algo ya definido, sobre lo que no hay margen de negociación.

En primera instancia, es obligatorio que el gobierno aclare con total franqueza, si eso es efectivamente así, porque de ser ese el caso, o sea, si ya hay un paquete de políticas que, en forma opaca y de espaldas a la ciudadanía, ha sido definido y no admite cambios, el ejercicio de diálogo propuesto pierde todo sentido. Sería una grave falta de respeto hacia la ciudadanía costarricense.

Al respecto, debe quedar claro lo siguiente:

a. Sabemos que un acuerdo de “Derecho de giro” o “stand-by” con el FMI, como el que presuntamente está siendo negociado, conlleva metas cuantitativas pero también compromisos de política. Cada una de estos detalles deben ser explicados con absoluta transparencia, y deben incorporar y respetar los criterios que emanen de la propia ciudadanía. De otra manera, la negociación será inaceptable e ilegítima.

b. No es aceptable que se aprovechen las conversaciones con el FMI para colar por la puerta de la cocina una agenda de privatizaciones. Previo a cualquier decisión sobre cualquier posible privatización, es indispensable un debate por aparte, bajo condiciones muy participativas, abiertas y equitativas. Mucho más que asuntos de técnica económica, son cuestiones que conllevan complejas facetas políticas e ideológicas, relacionadas con el tipo de sociedad a la que aspiramos y nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son asuntos muy polémicos, pero, sobre todo, terriblemente divisivos.

c. Pero, además, en su faceta presuntamente “técnica”, las privatizaciones no resuelven absolutamente nada. Los datos que los propios promotores de la idea aportan, muestran claramente que tan solo se le dará un insignificante mordisco a la deuda pública, al costo de agudizar las divisiones sociales y la polarización, y tan solo para favorecer algo que, claramente, es una muy inoportuna ocurrencia ideológica.

d. Se ha dicho que, además, la negociación con el FMI podría contemplar un incremento del IVA al 15%. Solicitamos que, de forma transparente, se le aclare a la ciudadanía si esto es cierto. Agregamos lo siguiente: en primera instancia, esto nos remite a un imperativo ético y político ineludible: por el carácter regresivo e injusto que le es intrínseco, es desde todo punto de vista inaceptable plantear posibles incrementos al IVA, sin antes plantear y avanzar en propuestas tributarias de índole claramente progresiva, que garanticen que cada quien aporte según sus posibilidades, y sin que, al mismo tiempo, se ofrezca una estrategia enérgica y precisa, así como un calendario de ejecución viable pero muy claro, para lograr dos cosas de primerísima importancia: la eliminación de todas aquellas exoneraciones que no respondan a objetivos sociales muy claros y deseables; y el más vigoroso combate a la evasión y la elusión tributaria.

e. Desde el punto de vista económico, y en el contexto de la profunda recesión que sufre la economía costarricense, el IVA sería el impuesto menos aconsejable, porque inevitablemente succiona poder de compra de los sectores de ingresos bajos y medios, lo que limitará su capacidad de consumo y, por lo tanto, agregará fuerzas depresivas en momentos en que, todo lo contrario, requerimos poner en marcha, fuerzas que den un empujón ascendente a la economía.

f. En cambio, impuestos de carácter progresivo, que canalicen recursos desde sectores de altos ingresos con elevados coeficientes de ahorro, hacia sectores carenciados que requieren urgentemente mejorar su consumo personal y familiar, y hacia necesidades que la propia crisis ha agravado, y que demandan por parte del sector público una atención urgente y prioritaria, contribuirían a atenuar la recesión económica, y aliviar las consecuencias humanas y sociales de la crisis.

g. Es igualmente desafortunada la idea de que el financiamiento externo que se obtenga, incluso el que provenga del FMI, deba refinanciar la deuda pública, cambiando deuda interna “cara”, por deuda externa “barata”.

h. En primera instancia, ello pierde de vista que el endeudamiento en moneda extranjera, disminuye los ya restringidos márgenes de soberanía monetaria de que disponemos, y agudiza las posibilidades de que el país sufra presiones externas por parte de los inversionistas, y de desestabilización del tipo de cambio, con las muy negativas consecuencias que ello provoca.

i. En segundo lugar, se insiste en no reconocer, con apego a una ortodoxia anticuada y descontextualizada, que el Banco Central posee las herramientas técnicas y de política que le permitirían reducir las tasas de interés sobre las emisiones de deuda interna, a fin de propiciar de esa forma una reducción de los pagos por intereses. Es

j. irracional que se sigan pagando tasas de interés del orden del 8% sobre los bonos de deuda pública, y que esa situación sea observada desde lejos, con pasividad e indiferencia, por el Banco Central. Es su deber ineludible actuar, y no seguir propiciando una crisis fiscal cuyo detonante principal gira alrededor de los pagos por intereses a sectores rentistas.

k. Es igualmente necesario que el Banco Central ponga a punto, para su uso en caso necesario, mecanismos eficaces y expeditos de financiamiento del sector público, a bajas tasas de interés, que prevengan e impidan cualquier posible episodio de asfixia financiera y desestabilización de la institucionalidad pública. Traer a colación el peligro inflacionario es por completo desatinado: en un contexto de profunda recesión, con problemas del empleo extremadamente graves y fuerzas deflacionarias en pleno desenvolvimiento, lo que debería preocupar es precisamente la deflación –con su efecto de agravamiento de las deudas públicas y privadas existentes y, en consecuencia, de agravamiento de la recesión– y de ninguna manera la inflación.

3. Hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas

Hemos dicho que esta convocatoria al diálogo, parte de una concepción errónea, al fragmentar en tres partes, lo que claramente son distintas facetas de una sola problemática. Por ello mismo resulta imposible hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin al mismo tiempo hacerlo de reactivación de la economía y creación de empleos. Y si se pretende negociar con el FMI sin tener esto presente, festinando plazos y procesos, las consecuencias para la recuperación de la economía y el empleo, pueden resultar muy negativas.

a. Cualquier programa que se diseñe con el fin de mejorar la situación fiscal, lo mismo en relación con las medidas que se tomen del lado del gasto, tanto como las que se adopten del lado de los ingresos, debe graduarse para hacerlo compatible, por un lado con la urgente atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica, y por otro con los esfuerzos orientados a aminorar la severidad de la recesión y a propiciar la recuperación de la economía y los empleos.

b. En concordancia con lo anterior, enfatizamos que las políticas de austeridad, de inspiración estrechamente contable, son dañinas al menos desde tres puntos de vista: primero, porque mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública frente a una crisis que multiplica las necesidades que deben atenderse; segundo, porque cercenan la capacidad de liderazgo que el sector público debe ejercer para llevar adelante un exitoso programa de recuperación de la economía y creación de empleos; tercero, porque, en sí mismas, las políticas de austeridad agravan las tendencias recesivas de la economía.

c. La crisis multiplica y complejiza las demandas y necesidades que el sector público debe atender. Es un desafío que éste debe asumir a plenitud y con máxima convicción. Es tiempo, entonces, para avanzar en todas aquellas reformas que supriman gastos superfluos, y que permitan superar ineficiencias y entrabamientos burocráticos. Requerimos con urgencia, avanzar dialógica y respetuosamente hacia una reforma que, respetando los derechos laborales y la dignidad de las personas trabajadoras del sector público, eleve la eficiencia y productividad de los servicios públicos, y, sobre todo, la calidad de tales servicios.

d. Al país le urge una reforma tributaria progresiva, así como la supresión de cualquier exención tributaria que no esté claramente justificada por razones de equidad social, y la ejecución de un programa vigoroso de combate a la evasión y elusión tributaria.

e. La reforma tributaria debería diseñarse de forma que se minimicen sus posibles efectos sobre la inversión productiva generadora de empleos. Por lo tanto, debería recaer prioritariamente y de forma muy progresiva, sobre ingresos y patrimonios personales y familiares y sobre actividades que tienen dañinos efectos sociales y ambientales. Salarios, ganancias empresariales y dividendos, rentas y ganancias de capital, patrimonios físicos y financieros, formas suntuosas de consumo, herencias y sucesiones, actividades de carácter especulativo o que son ambientalmente contaminantes o depredadoras, deben tributar sobre una base muy progresiva. La tributación tiene que funcionar entonces como mecanismo para fortalecer el Estado social, lograr mayor equidad social y romper los mecanismos de perpetuación intergeneracional de las desigualdades.

f. Debe avanzarse efectivamente en la aprobación e implementación de los principios de renta mundial o universal y renta global.

g. Debe realizarse una revisión exhaustiva de las exoneraciones existentes, y suprimir todas aquellas que no tengan una clara y sólida justificación social. En particular, es importante revisar las exoneraciones de zona franca, por diversas razones: primero, en vista del muy dudoso balance de costos y beneficios que esas exoneraciones plantean; segundo, porque el país debe avanzar hacia una estrategia de desarrollo sustentada en altos niveles de productividad, no en estímulos espurios como la concesión de privilegios fiscales a favor de reducidos grupos de interés; tercero, porque se acumula evidencia que sugiere que las zonas francas están siendo utilizadas como mecanismo de evitación del pago de tributos, por parte de firmas que fundamentalmente producen para el mercado interno.

h. Es necesario establecer un calendario preciso, con objetivos y metas bien definidas, para avanzar, de forma enérgica y con resultados efectivos, en el combate a la evasión y elusión tributaria. Debe reconocerse que es un problema muy complejo, que, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de muy amplios alcances, cuyos frutos se verán gradualmente a lo largo de los años. Se requieren reformas legales, mejor infraestructura tecnológica y equipos humanos altamente calificados, pero, sobre todo, se requiere valentía, voluntad y decisión política.

i. Como parte del esfuerzo en procura de avanzar hacia un sistema tributario moderno, justo y progresivo, debe contemplarse un decidido esfuerzo de cooperación internacional, para el intercambio de información, inclusive el máximo y más eficaz aprovechamiento de los acuerdos de intercambio de información ya vigentes. Debe también fortalecerse la cooperación con el fin de logar la supresión de los paraísos fiscales y el combate a todas las redes transnacionalizadas de ocultación de la riqueza y evitación de impuestos. Es urgente frenar la competencia ruinosa entre los Estados y gobiernos, que les induce a reducir tributos para atraer inversión extranjera, con todas las múltiples consecuencias negativas que esto tiene para el cumplimiento de objetivos de inclusión, equidad social, y bienestar y calidad de vida para la población. Con ese fin, los gobiernos y estados del mundo deben avanzar hacia el establecimiento de estándares mínimos en materia de tributación, que uniformicen las obligaciones de las corporaciones transnacionales y de cualquier inversor, en cualquier localización alrededor del mundo. La ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), proporciona indicios de hacia dónde deben encaminarse esos esfuerzos.

4. Reactivación de la economía y generación de empleos.

Se hace preciso diferenciar dos momentos, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados: el esfuerzo más inmediato en procura de aliviar la recesión y atenuar sus efectos sociales y humanos; y el esfuerzo, más extendido en el tiempo, orientado a recuperar la economía y los empleos. Enfatizamos que es un solo proceso: lo primero no solo anticipa, sino que debe preparar el camino para lo segundo.

a. Aliviar la recesión de la economía y sus consecuencias, comporta al menos dos facetas igualmente importantes, interrelacionadas entre sí:

i. Garantizar que, en lo posible, sobrevivan a la crisis las micro, pequeña y medianas empresas, así como los emprendimientos de la economía social, solidaria, cooperativa y de base comunal, que son el tipo de empresas más amenazadas por la crisis, y las cuales son fundamentales para la generación de empleos, la más democrática distribución del ingreso y la riqueza, el cuido de la naturaleza y el logro de un desarrollo regional equilibrado. Todo lo cual es crítico, a fin de restaurador el tejido social y económico de nuestra sociedad. Desde luego, y paralelamente, deben darse el apoyo que pudiesen requerir empresas más grandes afectadas seriamente por la crisis. Un instrumento necesario, posiblemente el más importante pero no el único, para lograr esto, es poner a funcionar un fondo de avales y garantías, algo que debió estar en operación desde hace meses, y que solo recientemente fue anunciado por el gobierno. Es indispensable que este fondo privilegie el tipo de empresas que anteriormente mencionamos, y que incluya disponibilidad inmediata de créditos para capital de trabajo, y, asimismo, amplios procesos de reestructuración de deudas, con reducción significativa de las tasas de interés y ampliación de plazos. Deberían también concederse períodos de gracias de amplitud apropiada, y beneficiar lo mismo a empresas formales e informales.

ii. Debe fortalecerse y ampliarse el programa del Bono Proteger, concebido como un esquema de subsidios altamente progresivos. Los montos que se entreguen a las personas en necesidad deberían duplicarse, o, cuanto menos, llegar a un monto equivalente al salario mínimo. Asimismo, es necesario mantener el programa todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto la situación sanitaria no se estabilice, la recesión económica no empiece a ceder y la creación de empleos no mejore de forma significativa. Un subsidio progresivo de esta naturaleza, permitirá atenuar la recesión de la economía, al poner capacidad de consumo en manos de quienes más urgentemente la necesitan, lo cual también aliviará las consecuencias humanas y sociales de la crisis. La mejor, y posiblemente la única forma de sostener financieramente este esquema temporal de subsidios es por medio de una impuesto progresivo, igualmente temporal, sobre los ingresos más altos, tanto del sector público como del privado, y tanto si son ingresos del trabajo como si provienen del capital, incluyendo las rentas, el cual podría complementarse con un impuesto generalizado sobre los patrimonios, incluidos los de tipo financiero, y sobre las transacciones financieras. Debe contemplarse seriamente la posibilidad de que el Bono Proteger sea un primer paso hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal.

b. Diseñar un programa de reactivación de la economía, centrado en la generación de muchos empleos en el plazo más corto posible, el cual debe diseñarse desde una agenda progresista, por lo tanto equitativa, inclusiva y ambientalmente responsable, animada por una visión de mediano y largo plazo propicia a la construcción de una economía de alta productividad, justa e inclusiva, y ambientalmente muy respetuosa y responsable:

i. Por lo tanto, no son aceptables de ninguna manera, las propuestas conducentes a deteriorar la calidad del empleo, lo mismo si se las pretende aplicar en el sector privado o en el público. Así como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas implica un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres, la pretensión de reducir las jornadas en el sector público es un completo disparate que, lejos de dar ningún aporte positivo, vendrá a agravar la crisis. Claramente se trata de propuestas que intentan recuperar la competitividad empresarial mediante medidas de “dumping social”, o, si se prefiere designarlas así, de “devaluación interna”, cuyas repercusiones son negativas desde todo punto de vista: porque redundan en menor productividad de la economía y las cuales, por su carácter regresivo e inequitativo, deterioran las bases indispensables para sostener la paz social. Si desde el punto de vista ético y moral es deplorable que se quiera aprovechar la crisis para empujar agendas regresivas como estas, debemos asimismo enfatizar que son propuestas políticamente torpes y económicamente erróneas.

ii. Consideramos positivas todas las propuestas encaminadas a simplificar trámites y aligerar los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. Advertimos que esto debe hacerse desde una posición muy vigilante y rigurosa: los trámites deben ser más simples y expeditos, pero no a costa de la trasparencia, el interés público, los derechos humanos ni el cuido del ambiente. Consideramos, sin embargo, que las mejoras que puedan introducirse en esta materia, a lo sumo podrían ser elementos coadyuvantes dentro del esfuerzo de reactivación de la economía y los empleos. Sería muy iluso suponer que este tipo de medidas, puedan, por sí solas, dar resultados significativos.

iii. Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la capacitación permanente, la formación técnica y profesional y, en general, una educación de muy alto nivel, es absolutamente deseable y necesario. Sin embargo, conviene no olvidar que las personas, incluso si mejoran su calificación, no conseguirán empleo si los empleos no existen. Es necesario crear las condiciones para que la economía aporte esos empleos.

iv. Por razones políticas, culturales y de estabilidad política y paz social, resulta necesario recuperar las nociones de soberanía y seguridad alimentarias, e incorporarlas como componente de gran importancia, dentro de nuestras estrategias de política económica. Debemos garantizarnos la provisión, segura y a precios razonables, de los alimentos básicos de nuestra dieta popular, de forma que, al tiempo que nos garanticemos una alimentación saludable, fortalezcamos la capacidad productiva, la eficiencia y productividad de nuestras agricultoras y agricultores, y hagamos de la producción de alimentos una ocupación que garantice calidad de vida a quienes la realizan. Para ello es muy necesario definir un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore y calendarice medidas de corto plazo y aplicación urgente, a la par de otras con proyección de mediano y largo plazo. Crédito, tecnología, capacitación técnica, mercadeo y fortalecimiento organizacional, son elementos necesarios dentro de esa agenda.

v. La reactivación de la economía y de los empleos requiere, asimismo, de la disponibilidad de crédito, en condiciones de tasas de interés y plazos lo más favorables posible. A corto plazo es necesario una actuación más enérgica por parte de las entidades reguladoras, empezando por el propio Banco Central, a fin de propiciar un más fácil acceso al crédito, priorizando aquel que impulse la inversión productiva y la creación de empleos, pero sin olvidar que el crédito se mueve a partir de la demanda, y que en el contexto de una economía deprimida, difícilmente habrá demanda de crédito. Es decir, el crédito generador de producción y empleo, cobrará mayor importancia cuando un apropiado programa de reactivación ponga en movimiento de nuevo a la economía, y genere los estímulos necesarios para que las empresas inviertan y expandan la producción y la contratación de más personal. A mediano y largo plazo al país le urge un replanteamiento fundamental en las formas de regulación de su sistema financiero, y en las orientaciones y énfasis del trabajo que éste realiza. Ha quedado en evidencia, y la crisis del Covid-19 simplemente ha venido a ratificarlo, que ese sistema no solo no tiene la eficiencia deseable, sino, y quizá más importante, no contribuye apropiadamente a la construcción de una economía más productiva y con mayor capacidad de generación de empleos, que asimismo promueva una sociedad realmente equitativa e inclusiva, y un desarrollo regional más equilibrado. En todos estos aspectos el sistema financiero de Costa Rica acumula múltiples déficits que es urgente corregir.

c. El esfuerzo de reactivación de la economía y recuperación de los empleos, debe incorporar, como elemento central clave, un amplio y ambicioso programa de inversión pública. En vista de la severidad de la recesión, la gravedad excepcional de los problemas del empleo, y el ambiente general de gran incertidumbre y temor, la única forma de darle un impulso a la economía, que la rescate del sopor que la paraliza y la lance en un movimiento ascendente, de recuperación sostenida y autoalimentada, es mediante una vigorosa acción impulsada desde el sector público a través de la inversión pública. Este programa debería incorporar las siguientes orientaciones o énfasis principales:

i. Un componente de corto plazo, de fácil y rápida ejecución y planificado para generar muchos empleos en el menor tiempo posible. Ello podría incluir acciones como las siguientes: reparación, mejora y ampliación de instalaciones educativas, de atención sanitaria, de cuido, deportivas, artísticas y comunales; parques y espacios públicos; reparación de caminos; obras de infraestructura urbana como aceras y alcantarillas, etc. De forma explícita deben incorporarse, como mínimo, los siguientes criterios y orientaciones: creación de muchos empleos para las mujeres y beneficio directo a las barriadas urbanas empobrecidas y marginalizadas, y a las regiones periféricas del país.

ii. En el mediano y largo plazo, los programas de inversión pública deberían priorizar la transición hacia energías limpias, tecnologías verdes, vivienda accesible a clases medias y populares, transporte público, acueductos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y equipamiento para los servicios educativos, sanitarios y de cuido; la consolidación de encadenamientos productivos, incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción y elevación de la productividad; el desarrollo urbano ordenado; el desarrollo regional equilibrado, con especial atención a las regiones periféricas más rezagadas y empobrecidas; inversión en investigación científica e innovación tecnológica; consolidación de condiciones que propicien una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente más limpio y espacios de convivencia social más saludables y disfrutables.

iii. Teniendo presente que con motivo de los anuncios sobre políticas de reactivación que el gobierno de Carlos Alvarado hizo públicos el 4 de mayo de 2020, se dijo que se disponía de financiamiento por un monto superior a los dos billones de colones, esto, más los recursos provenientes de fondos proveídos en condiciones ventajosas por diversos organismos multilaterales, deben orientarse hacia el financiamiento de estos programas de inversión pública, con una mirada prospectiva que contemple planes al menos a cinco años plazo, los cuales podrán llevarse adelante sin afectar el déficit fiscal. Además, todo ello permitirá crear condiciones para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al dinamizar la economía, elevar la productividad y generar muchos empleos.

iv. Nuestra economía arrastra un problema de dualismo estructural a nivel productivo, que dificulta seriamente las posibilidades de construir una economía más sólida, inclusiva y ambientalmente responsable. Existen sectores muy dinámicos y competitivos ligados al mercado externo, que tan solo tienen muy débiles vínculos con la economía nacional, los cuales están amparados a regímenes especiales que les conceden generosos subsidios. Tal es el caso de la Zonas Francas. En este grupo se ubican algunas grandes empresas nacionales y, sobre todo, corporaciones transnacionales. El resto de la economía es el que proporciona la mayor parte del empleo y, asimismo, la mayor parte de los ingresos tributarios que permiten sostener los servicios públicos. Es, en gran parte, un tejido productivo conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la economía social y solidaria. Este sector está vinculado principalmente al mercado interno, y ha sido pospuesto, y en muchos sentidos olvidado, por las políticas de los gobiernos. Su productividad y competitividad se ven perjudicadas por el escaso acceso a la innovación tecnológica a todo nivel, el crédito y a la capacitación técnica, y asimismo se les dificulta incorporarse en cadenas internacionales de mercancías, puesto que, de hecho, tampoco a lo interno se han logrado desarrollar encadenamientos productivos que permitan optimizar el uso de la dotación de recursos de que el país dispone. Bajo las actuales condiciones de crisis, este sector se ha visto duramente afectado, por lo que los procesos posteriores de recuperación de la economía, deberán incorporar un esfuerzo muy serio por reconstruir, sobre bases renovadas, ese tejido productivo.

v. El impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones destinadas principalmente a zonas francas, se han visto históricamente beneficiados por las políticas de promoción desarrolladas desde COMEX-PROCOMER, las cuales incluyen la activa implicación de CINDE, una agencia privada que, sin embargo, tiene a cargo la ejecución de importantes políticas públicas. Se ha carecido de una institucionalidad similar que promueva e impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos social-solidarios. Debe pensarse en la creación de una agencia que coordine los esfuerzos orientados a ese fin, y en un sistema, flexible, eficiente y expedito, que articule las diversas políticas e instituciones que deberían coopera en ese cometido, y el cual debería también establecer mecanismos muy transparentes y participativos de coordinación con el sector privado.