Los laboristas bajo una nueva dirección

Las esperanzas del Partido Laborista británico descansan en la creencia de que una combinación de política industrial ecológica y reforma del lado de la oferta puede curar el malestar económico británico. ¿Es esto un cuento de hadas?

James Stafford

En las próximas elecciones generales británicas, programadas para el próximo año (N. del E. se adelantaron para el 4 de julio de este año), el Partido Laborista está llamado a hacerse con el poder tras catorce años en la oposición. Sus dos principales rivales, el Partido Conservador y el Partido Nacional Escocés (SNP), se han hundido en el escándalo y la división. La debacle financiera desatada durante los cuarenta y nueve días de mandato de la ex Primera Ministra Liz Truss propulsó a los laboristas a una posición dominante en los sondeos de opinión nacionales, que su sucesor, Rishi Sunak, ha sido incapaz de mellar en el momento de escribir estas líneas. Una investigación policial sobre malversación de donaciones y la dimisión de la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, han minado al SNP en un momento en que la pandemia, la guerra y la vulnerabilidad conservadora han hecho que los argumentos a favor de la independencia parezcan mucho menos acuciantes que hace una década. Los resultados de los consejos locales y las elecciones parciales, desde los condados rurales de Yorkshire hasta las ciudades satélite de Glasgow, sugieren que los laboristas avanzan en todos los frentes.

Después de que las elecciones nacionales de 2015 y 2019 vieran cómo los laboristas eran derrotados en muchos de sus antiguos centros neurálgicos en Escocia y el norte de Inglaterra, es un alivio ver que las predicciones posteriores al Brexit de un realineamiento electoral permanente, al estilo de Estados Unidos, en cuestiones de cultura e identidad estaban lejos de la realidad. Desde las elecciones generales de 2017, cuando Jeremy Corbyn fue llevado a las puertas de Downing Street por una ola de sentimiento antiausteridad, amplios sectores del electorado británico han exigido en voz alta que se ponga fin a los implacables recortes de los servicios públicos -y al aumento de los impuestos y del coste de la vida- que han definido el gobierno conservador. Aprovechando las divisiones laboristas por el Brexit, Boris Johnson trató de ocupar esta posición con su manifiesto de «nivelación» de 2019, ofreciendo promesas vagas y en última instancia mendaces de inversión pública a las regiones postindustriales más partidarias del Brexit. El atrofiamiento de esa agenda por el COVID-19, la guerra en Ucrania y la pura incompetencia del Partido Conservador han dejado al electorado lo suficientemente agotado como para darle una oportunidad a los laboristas.

El laborismo después de Corbyn

La nueva dirección del partido bajo Keir Starmer, ex fiscal jefe que ha servido bajo gobiernos de ambos partidos, ha permitido a los laboristas beneficiarse rápidamente de las dificultades de sus rivales. El laborismo, proclamó Starmer poco después de su elección como líder del partido en 2020, estaba «bajo una nueva dirección». Tras intentar y fracasar en su intento de asaltar Westminster como un partido populista de izquierdas en las elecciones generales de 2017 y 2019, el partido se ha refundado ahora como una fuerza de estabilidad, buscando el permiso para gobernar de los intereses de seguridad, medios de comunicación y empresas que el predecesor de Starmer, Jeremy Corbyn, intentó desafiar. La versión insufriblemente cursi y mercantilizada de la identidad nacional que se ha convertido en hegemónica en Gran Bretaña durante la última década es ahora fundamental para la imagen que los laboristas tienen de sí mismos: en su conferencia anual del pasado mes de octubre, se colocó una bandera sindical en el centro de la tarjeta de afiliación del partido. Las empresas patrocinadoras acudieron en masa, atraídas no sólo por la creciente receptividad de los laboristas a los grupos de presión empresariales, sino también por su proximidad al poder. En el que fue considerado el mejor discurso de su liderazgo por una prensa nuevamente deferente, Starmer se quitó de encima el brillo que le arrojó un manifestante perdido y lanzó un llamamiento cautelosamente optimista para «recuperar el futuro de Gran Bretaña». El mensaje parece haber resonado. Abatidos por la caída del nivel de vida y el colapso de los servicios estatales, muchos votantes británicos se han cansado del tumulto político. Las feroces emociones de los años del Brexit han dado paso a una vacía y omnipresente sensación de conmoción, a medida que el alcance total de la decadencia social y económica forjada por el gobierno conservador se ha vuelto finalmente, innegablemente clara. La desilusión con los experimentos populistas ha dado lugar, a su vez, a una demanda de seguridad, algo que los laboristas están proporcionando a raudales.

El estilo despiadado de Starmer en la gestión del partido ha sido fundamental para allanar el camino hacia un gobierno laborista. Si la izquierda laborista fue marginada en los años de Blair, ahora ha sido prácticamente eliminada. Una vez que Corbyn dimitió, los diputados de izquierda que sobrevivieron al baño de sangre electoral de 2019 se mostraron incapaces de retener el control de la maquinaria del partido. De cara a las próximas elecciones nacionales, el cuartel general laborista ha estado trabajando asiduamente para impedir la selección de candidatos parlamentarios que pudieran refrescar la menguante banda de representantes de la izquierda que envejece. El propio Corbyn ha sido impedido de presentarse a la reelección en la candidatura del partido por el órgano de gobierno laborista, el Comité Ejecutivo Nacional (NEC), una decisión justificada en última instancia en términos de las «perspectivas electorales» predominantes del Partido Laborista en lugar de la controversia tóxica sobre el antisemitismo dentro del partido bajo su liderazgo. Los diputados que firmaron una declaración en la que se acusaba a Gran Bretaña de desempeñar un «papel de provocación» en la invasión rusa de Ucrania fueron advertidos de que debían retirar sus firmas o enfrentarse a la expulsión. Mientras que Joe Biden consideró oportuno ponerse en la línea de piquete con los trabajadores en huelga, Starmer amenazó con expulsar de su equipo de liderazgo a los diputados laboristas que hicieran lo mismo. Al alcalde corbynista de la región de North of Tyne, Jamie Driscoll, se le prohibió presentarse por el partido con el endeble pretexto de haber hecho una aparición pública en un teatro de Newcastle junto al director de cine Ken Loach, un crítico obsesivo y a veces ofensivo de Israel que había sido expulsado del laborismo en 2021. Por esos motivos, como ha señalado Aditya Chakrabortty, de The Guardian, el propio Starmer -que ha compartido tribuna pública con Loach en episodios del programa Question Time de la BBC- también debería ser expulsado.

Fuerza y fragilidad

Dado que decisiones como la deselección de Driscoll son procesadas por una maquinaria del partido firmemente controlada por la dirección, los opositores de izquierda a Starmer tienen poco o ningún recurso. Las divisiones sobre política, sin embargo, son harina de otro costal. En un sistema parlamentario, pueden ser fatales para la pretensión de un partido de gobernar si se extienden a un número suficiente de diputados. La insondable decisión de Starmer, más de un mes después de iniciada la guerra en Gaza, de exigir a sus diputados que votaran en contra de una moción que pedía un alto el fuego llevó a casi un tercio del Partido Laborista parlamentario -incluidas figuras prominentes del centro y la derecha del partido- a rebelarse. Resulta que no son sólo los incondicionales de Corbyn quienes se conmueven por las bajas palestinas, se preocupan por el retroceso electoral de los muchos votantes musulmanes laboristas o se muestran escépticos de que una guerra librada en estos términos y por este Gobierno israelí pueda ser beneficiosa para el Estado. Aquí, como en el caso de Jamie Driscoll, la impresión que se da es la de una operación calcificada y paranoica: una operación que no sólo ha desechado la plataforma política de izquierdas, sino también el estilo político integrador con el que Starmer se presentó inicialmente como candidato a la dirección del partido. Su implacable disciplina y rigidez es también una forma de fragilidad, susceptible de hacerse añicos al contacto con retos más complejos e intratables que la expulsión de los desacreditados y desmoralizados corbynitas laboristas.

Hasta ahora, sin embargo, no hay señales de que el descontento incipiente sobre este único (aunque vasto) tema se transforme en una oposición organizada a la dirección. El movimiento sindical, que sigue siendo la pieza central indispensable de la coalición del partido, se ha mantenido en gran medida amistoso con los laboristas, en parte debido a la impresionante serie de reformas de la legislación laboral prometidas por la carismática líder adjunta de los laboristas, Angela Rayner. Su dinero ha seguido fluyendo hacia las arcas del partido, incluso cuando los grandes donantes privados y corporativos de la era del Nuevo Laborismo vuelven al redil. En el último recuento oficial, el número de afiliados había descendido significativamente desde el máximo alcanzado en la era de Corbyn, pero seguía siendo relativamente saludable, con casi 400.000 afiliados. (Dada la ahora abrumadora fuerza de la derecha del partido en las elecciones vitales para controlar el NEC, parece probable que la composición ideológica de los miembros haya vuelto a algo cercano a la media anterior a Corbyn: espasmódicamente abiertos a los llamamientos de la izquierda del partido, pero motivados en última instancia por la esperanza de victoria sobre los odiados conservadores. Anecdóticamente, algunos antiguos partidarios de Corbyn se han marchado y se han dedicado al activismo extraparlamentario en cuestiones de justicia climática o racial. Otros se han desvinculado por completo de la política. Los líderes del partido se alegran de su marcha. Según la portavoz de finanzas laborista, Rachel Reeves, muchos «nunca deberían haberse afiliado».

Bidenomics y el malestar británico

Todo esto podría llevarnos a concluir que el «proyecto Starmer» -como lo ha bautizado el escritor socialista Oliver Eagleton- consiste en poco más que un «viaje a la derecha». Sin embargo, esto es olvidar que la política puede tener más de dos dimensiones. La socialdemocracia productivista y corporativista articulada por Starmer y Reeves difiere casi tanto del liberalismo mesiánico de Tony Blair como del populismo de izquierdas de Corbyn. Los líderes laboristas son entusiastas de la política industrial, belicistas respecto a China y fieles a la narrativa progresista estadounidense de que las políticas de la administración Biden representan una importante ruptura con las ortodoxias económicas de los últimos cuarenta años. Mucho más que los conservadores, irremediablemente divididos entre las visiones nacionalista y libertaria de la economía política, el partido se siente cómodo hablando el lenguaje del «nuevo consenso de Washington». Su incipiente plataforma política representa un intento británico de adaptarse a una serie de nuevos paradigmas que están surgiendo en la gobernanza del capitalismo en Estados Unidos y la Unión Europea: la «reducción de riesgos» de las inversiones del sector privado en infraestructuras y proyectos de descarbonización, la «deslocalización» de la capacidad productiva y el «reequilibrio» de las economías hacia los trabajadores con menos ingresos y las regiones postindustriales.

En una serie de anuncios políticos cuidadosamente coreografiados y calificados de «misiones nacionales», los laboristas han prometido un «Plan de Prosperidad Verde», que incluye 34.000 millones de dólares de inversiones públicas anuales, una suma significativamente mayor, en términos del PIB británico, que los 37.000 millones de dólares de gasto anual previstos en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. El dinero se destinará fuera de Londres y sus ricos alrededores, y se canalizará a través de una empresa pública de generación de electricidad («Great British Energy»), un nuevo «Fondo de Riqueza Nacional» y una serie de créditos fiscales aún sin especificar para fomentar la creación de cadenas de suministro nacionales en la fabricación de turbinas eólicas, «acero verde» y baterías para vehículos eléctricos. Al igual que en la Unión Europea y Estados Unidos, el objetivo de estas inversiones es «des-riesgar» la transición energética y atraer capital privado: Reeves anunció recientemente el objetivo de que por cada libra de inversión pública realizada por el Fondo Nacional de la Riqueza, tres libras deberán proceder del sector privado. Sin embargo, los laboristas también quieren vincular las promesas de nuevas inversiones a una mejora del poder de negociación de los trabajadores. El partido se ha comprometido a derogar las leyes conservadoras contra la huelga y a reforzar la protección de los trabajadores autónomos y de los nuevos empleados. Quiere facilitar a los sindicatos la organización de nuevos centros de trabajo y la celebración de huelgas, y aspira a establecer niveles salariales más altos (más allá del actual salario mínimo británico, comparativamente sólido) a través de convenios colectivos sectoriales. Además, tiene planes ambiciosos, aunque menos definidos, para reactivar el gobierno local y reforzar la planificación económica regional, convirtiendo al Estado, tanto local como nacional, en un «socio» para atraer nuevas inversiones a aquellas partes del país que están aisladas del modelo de crecimiento británico centrado en Londres.

Este paquete de políticas está diseñado para descarbonizar simultáneamente la generación de electricidad británica para 2030, dar la vuelta a regiones postindustriales deprimidas y generar «el mayor crecimiento sostenido del G7». Esta última ambición es reveladora porque sugiere la ansiedad de los laboristas por el problema que ha estado acechando los comentarios políticos y económicos británicos durante los dos últimos años: la evaporación de un crecimiento significativo de los ingresos reales, la inversión y la productividad laboral desde la crisis financiera de 2008. El alcance del malestar económico de Gran Bretaña, evidente antes de la votación del Brexit pero agravado por ella, lo sitúa en una clase propia entre las grandes economías desarrolladas. Sólo Italia, lastrada por su tortuosa relación con la eurozona, lo ha pasado peor en la última década. Las esperanzas de los laboristas en lo que Starmer -anticipando no una, sino dos victorias electorales- ha denominado una «década de renovación nacional» se basan en la creencia de que una combinación de política industrial ecológica y reforma del lado de la oferta puede cambiar rápidamente esta situación. Se trata de una narrativa política convincente, que permite a Starmer situarse en una línea de líderes laboristas que se remonta a Clement Attlee, quien prometió modernizar la economía británica sobre una base equitativa. Sin embargo, también parece un enorme rehén de la fortuna.

Pintar de rojo la austeridad

El reto de crecimiento de los laboristas sería más fácil de afrontar si no hubieran dejado de lado preventivamente las herramientas más obvias de que disponen para generar aumentos del PIB a corto plazo: los impuestos y el gasto. El partido se ha comprometido a aplicar «reglas fiscales» inspiradas en las adoptadas por Gordon Brown en los soleados años noventa: reducción de la deuda pública en porcentaje del PIB, equilibrio del gasto «corriente» (es decir, en la prestación de servicios y prestaciones públicas) y endeudamiento sólo para invertir en proyectos de capital. La línea dura que la dirección del partido ha mantenido contra la actual oleada de huelgas del sector público británico estaba motivada por una severa negativa a dejarse arrastrar por los acuerdos salariales de médicos, enfermeras o profesores, que proceden del cubo de fondos que el Tesoro califica de «corrientes». El mismo ostensible rigor ha impedido al partido comprometerse a reformar un sistema de bienestar dickensiano que castiga a las familias más pobres de Gran Bretaña por tener demasiados hijos o mantener un dormitorio de invitados. Su aparente apertura al gasto de capital -potencialmente ilimitado, dependiendo de cómo se defina exactamente la inversión- se interpreta mediante ordenanzas abnegadas sobre una férrea disciplina fiscal. Incluso las generosas inversiones públicas prometidas inicialmente en el Plan Verde de Prosperidad se reducen mes a mes.

La cada vez mayor cautela fiscal de los laboristas, incluso en áreas supuestamente centrales para su programa de gobierno, se explica por su interpretación sesgada de los catastróficos fracasos de la administración Truss. El primer ministro británico que menos tiempo lleva en el cargo sembró el pánico en los mercados de divisas y de bonos del Tesoro al anunciar simultáneamente un programa masivo de subsidios a los costes energéticos de los hogares junto con recortes significativos de los impuestos de sociedades y de las rentas altas. Los efectos secundarios de la crisis se dirigieron con precisión a destruir el apoyo conservador básico entre los pensionistas y los propietarios de viviendas de más edad en edad de trabajar. Aumentaron los costes de los préstamos hipotecarios, que están vinculados al tipo de interés básico del Banco de Inglaterra, y pusieron en riesgo de quiebra varios de los principales fondos de pensiones. Aunque los laboristas no han tardado en aprovechar las oportunidades electorales creadas por esta extraordinaria serie de errores no forzados, parecen empeñados en aprender las lecciones económicas equivocadas. Truss y su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, basaron sus políticas en una serie de afirmaciones inverosímiles sobre la inversión empresarial que desencadenarían sus recortes fiscales. El Banco de Inglaterra, por su parte, no anticipó los efectos de sus propias subidas de tipos. Ninguna de estas condiciones tiene por qué aplicarse a un programa más cuidadoso de expansión fiscal orientado hacia la reparación social y la inversión estratégica, especialmente si se financiara, total o parcialmente, con impuestos sobre la contaminación, las rentas altas y la riqueza no ganada.

Sin embargo, argumentar a favor de este tipo de gasto es casi imposible dentro de los asfixiantes confines de la cultura política británica. En cada campaña reciente que los laboristas han perdido, los conservadores han logrado etiquetarlos con impopulares subidas de impuestos vinculadas al punto neurálgico de la política británica: la riqueza inmobiliaria. En 2010 y 2015, los laboristas fueron acusados de planear un «impuesto de sucesiones» y un «impuesto de mansiones» cuando pretendían recaudar ingresos de la inflación del precio de la vivienda británica. Del mismo modo, cuando los conservadores propusieron un gravamen sobre las viviendas de los ancianos receptores de cuidados durante su malograda campaña de 2017, el Partido Laborista de Corbyn aprovechó la oportunidad para tachar sus planes de «impuesto sobre la demencia.» El sesgo rentista en Gran Bretaña, recientemente mapeado en un incisivo libro del economista político Brett Christophers, descansa en el consentimiento popular de una cohorte envejecida de propietarios de viviendas tanto como en las maquinaciones arteras de una élite londinense de abogados y contables. Es el mayor obstáculo para una economía británica más dinámica y equitativa, y el más difícil de abordar electoralmente. El mejor esfuerzo de los laboristas, hasta la fecha, consiste en etiquetarse a sí mismos como «partido YIMBY» y prometer «derribar» los obstáculos a la construcción de nuevas viviendas (algo que ya preocupa a los grupos ecologistas). No es de extrañar, quizás, que sus políticas fiscales actuales sean casi totalmente simbólicas por naturaleza, recaudando poco dinero pero demostrando la desaprobación moral del partido hacia las escuelas privadas, el capital privado y los contribuyentes «no domiciliados».

Reducir el riesgo en Gran Bretaña

Cuando se le pregunta cómo espera el Partido Laborista reparar el chirriante sector público sin buscar un mandato electoral para nuevos impuestos o préstamos, Starmer responde que «el crecimiento es la respuesta» a los problemas de Gran Bretaña. La mera elección de un gobierno laborista, argumenta audazmente, desatará los espíritus animales de la innovación y el espíritu empresarial, estimulando un crecimiento suficiente para llenar las arcas públicas. Los líderes empresariales con los que se reúne Starmer están esperando a que surja un gobierno laborista fuerte para poder comprometerse a gastar miles de millones en proyectos que casualmente coinciden con las agendas del partido de inversiones bajas en carbono y equilibradas regionalmente, al tiempo que generan muchos beneficios imponibles. La razón por la que no lo han hecho en el pasado no se debe a nada difícil, como intereses materiales, dependencias históricas o relaciones de poder. Es simplemente, afirma Starmer, porque los incompetentes conservadores han estado al mando.

¿Se trata de un cuento de hadas para consumo público o de un relato honesto de cómo piensan los laboristas que se desarrollarán las cosas una vez que lleguen al poder? Es cierto que el espacio político a la izquierda del actual Partido Conservador es casi infinito y abarca a muchos de los propietarios del capital británico. Al mismo tiempo, es vital comprender hasta qué punto Gran Bretaña, a diferencia de Estados Unidos, carece de una clase capitalista arraigada nacionalmente en un sentido significativo. Las personas que agasajan a los dirigentes laboristas son, en general, testaferros de grandes multinacionales y empresas de gestión de activos que sólo tienen un interés marginal en el Reino Unido. La reincorporación al mercado único europeo -el mayor incentivo que los laboristas podrían ofrecer para invertir en Gran Bretaña- está políticamente descartada, dada la enorme representación de los antiguos votantes del Leave en las circunscripciones indecisas. El resultado es una dependencia peligrosamente desequilibrada. Dado que el Partido Laborista ha aceptado el Brexit y la austeridad como elementos inamovibles de la vida británica, necesita cantidades inverosímiles de buena voluntad por parte de los inversores privados para garantizar sus objetivos no sólo directamente, en materia de política industrial ecológica, sino indirectamente, en materia de crecimiento y, por tanto, de ingresos para los servicios públicos. ¿Qué querrán a cambio esos inversores? ¿Cuántas viviendas sociales menos en las nuevas construcciones? ¿Qué cambios en la política laborista sobre derechos sindicales? ¿Qué participación en los ingresos de los proyectos públicos de energía o infraestructuras?

Este es el punto en el que podemos empezar a entender cómo funcionan en tándem las estrategias políticas y económicas de los laboristas. Con una disciplina implacable, el equipo de Starmer ha establecido un férreo control sobre el Partido Laborista y se ha negado a ofrecer a los conservadores ningún resquicio para proseguir su habitual campaña contra el «tax and spend» izquierdista. Esperan así conseguir una mayoría en los Comunes lo suficientemente amplia y flexible como para hacer lo que sea necesario para impulsar la inversión en la economía británica, devolver a su sociedad una cierta salud y ganar la reelección. En otras palabras, los laboristas han diagnosticado el malestar británico como una crisis de invertibilidad causada por la escalada del riesgo político, y se han posicionado como el agente más eficaz para eliminar ese riesgo. Al hacerlo, ha confundido los dictados políticos autoimpuestos con las limitaciones económicas objetivas, con consecuencias de las que será difícil escapar una vez que el partido tenga que dejar de hacer campaña y empezar a gobernar. El peligro de este enfoque es que aboca a los laboristas al fracaso. El tumulto político de Gran Bretaña es evidentemente una consecuencia, además de una causa, de su estancamiento económico de una década. El estado calamitoso del país puede hacer que las próximas elecciones sean una victoria fácil, pero si los laboristas toman el poder, los problemas del país se convertirán en su responsabilidad más o menos de la noche a la mañana. Si el partido no puede señalar mejoras rápidas y tangibles en el nivel de vida y los servicios públicos, se convertirá en el último objeto de burla de los votantes. En medio de sus alegres anticipaciones de victoria, los laboristas harían bien en recordar ese viejo dicho británico: «Lo que es salsa para el ganso es salsa para el ganso».

James Stafford es historiador de la Europa moderna y profesor adjunto en la Universidad de Columbia. Fue editor de Renewal: A Journal of Social Democracy de 2015 a 2020.

Fuente: Revista Dissent Winter 2024