Las pensiones de lujo y sus recortes y el IVM de la CCSS

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto Zúñig

En las últimas semanas los costarricenses nos hemos venido enterando de las famosas “pensiones de lujo”, que a todos nos asombra y nos causa repulsión; en realidad no podemos creer como el Estado llegó a permitir estos excesos de que unos cuantos privilegiados reciban tan cantidad de dinero al mes, de pensiones que nadie creer que fueron cotizadas y que durante su vida laboral pudieran podrían alcanzar esos montos exorbitantes. Nos causa indignación que una élite de la ciudadanía se conviertan en una clase superior muy diferente al resto de los mortales que reciben pequeñas pensiones de los distintos regímenes de pensiones. Con suma complacencia y por información emitida por el Ministerio de Trabajo se ha informado que a partir de enero del 2017, las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional, les aplicara el recorte correspondiente hasta llegar al tope de los 3 millones de colones mensuales.

La Asamblea Legislativa aprobó las reformas y modificaciones legales correspondientes a este tipo de pensiones de lujo, donde se tienen enlistadas alrededor de 456 casos cuyos montos oscilan entre los 5 millones de colones a 16.3 millones de colones mensuales, que cancela Hacienda a través de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo. Resulta impresionante las “gollerías” que se permitieron a través de todos estos años; incluso que se permitiera que se heredaran a los hijos, lo cual quedó eliminado y solamente los menores de edad mientras tengan esa condición recibirán la pensión. Otro aspecto que se tomó en cuenta es la “retroactividad” y en esto debemos señalar que la Sala Constitucional ha venido emitiendo sentencias judiciales en contra de los derechos adquiridos y la no retroactividad de las leyes. En esto parece razonable en el sentido que no todo es eterno y pétreo y que no se pueda modificar. Todo lo contrario debe primar el principio superior del interés público y en este caso específico la sostenibilidad del régimen de pensiones.

Las reformas legislativas han seguido esta hoja de ruta de preservar la sostenibilidad del régimen de las pensiones y poder hacerle frente a los costos y pagos de la jubilación. Esto es la lógica financiera. Con estas reformas el ahorro sería de alrededor de 18 mil millones de colones a la DNP, y se le aplicarán a 20 mil pensionados con cargo al presupuesto. Incluso solamente 1745 pensionados consumían en conjunto el 15% de todo el presupuesto y representa 90 mil millones de colones. Para el 2017 el monto destinado a pensiones es de 600 mil millones de colones. Cualquier ciudadano responsable se preguntaría: como se llegó a este nefasto nivel de gollerías y que hasta da vergüenza, conocer que por ley unos cuanto privilegiados obtengan tal cantidad de dinero por mes sin habérselo ganado y lo peor que dichas pensiones de lujo tenían aumentos anuales de hasta un 30% de lo que se denomina “revaloraciones abusivas” que gozaban los exdiputados del antiguo régimen. Una barbaridad; si fueran ciudadanos de primera categoría y otros de segunda, tercera y cuarta categoría.

Todos estos privilegios se los recetaban los diputados de las distintas legislaturas, que por convenios políticos y acuerdos debajo de la mesa, fueron a través de los años aprobando leyes abusivas. Es similar a lo que sucede con la convenciones colectivas en las instituciones públicas, donde los jerarcas negociadores han sido extremadamente permisivos en ayudar a “sangrar” financieramente los presupuestos de las instituciones y que ahora se les está pasando la factura; porque se ha vuelto insostenible mantener tan alto el rubro de los gastos fijos en el presupuesto anual; y lo peor de todo, es que se lo trasladan a los consumidores que somos todos los ciudadanos que vivimos en el país. Algunos de los pensionados de lujo tienen presentados sendos recursos ante la Sala Constitucional contra las directrices N° MTSS-010-2014 y la MTSS-012-2014 que emitió el Gobierno de la República cuando inició, con el fin de regular los topes de las pensiones de lujo; no obstante actualmente están detenidas estas dos directrices a la espera de que la Sala Constitucional resuelva estos recursos. Esperemos que los magistrados sean consecuentes de no permitir estas gollerías y finalmente se les aplique el tope; conforme a la jurisprudencia de la retroactividad.

Por otra parte, hemos recibido la infausta y preocupante noticia de los problemas existentes para la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Durante varios años se han venido haciendo los estudios actuariales; y desde el año 2005 se realizó la última reforma parcial al IVM. No obstante no ha sido suficiente de esa fecha a la actualidad y es precisamente los estudios y diagnósticos realizados por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR); los que han encendido la luz de alarma, de que ha llegado la hora de entrarle en serio a mantener la sostenibilidad del IVM. Este régimen tiene en la actualidad 225.000 pensionados. Al 2050 se proyectan más de un millón de pensionados. La Gerencia de Pensiones tiene actualmente una cotización del IVM en un 9,16%; siendo un sistema de prima escalonada, y esto tiene que darse con un equilibrio con el número de cotizantes y se requiere fijar en un 15%. Se dice que en el mundo andan en más del 20% siendo el tope para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Se ha informado por parte de las autoridades de la CCSS, que la institución tomo 70.000 millones de colones de los intereses del fondo para aguinaldos de los pensionados; porque es insuficiente el 9,16% de aporte de los trabajadores, patronos y el Estado como son cuotas obrero-patronal para las pensiones de la Caja. La Gerencia de Pensiones de la CCSS está planteando el 15%. Actualmente el Régimen tiene 1,4 millones de cotizantes y 250.000 de pensionados. Considero más factible subir el porcentaje de la cotización; que la fatídica idea de subir la edad mínima de jubilación de 65 a 70 años. La UCR ha señalado que los ingresos del IVM serán insuficientes entre los años del 2022 y el 2028; y si no se hacen las modificaciones respectivas; se tendrían que echar mano del fondo de reserva de la CCSS. Si definitivamente según el estudio actuarial de la UCR; el IVM se ha convertido en insostenible; el Estado de forma eficiente debe entrarle a realizar las reformas necesarias para la sostenibilidad financiera. No se vale que los que seamos futuros pensionados; no tengamos certeza de lo que está sucediendo con los dineros que aportamos todos los meses de nuestros bolsillos.

La CCSS ha informado que una medida que podría tomar para fortalecer el IVM, es trasladar del régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) al sistema de la Caja. Se dice que se trata de 4,7 billones de colones que significa más del doble de la reserva del IVM que es el ahorro propiedad de los 2,4 millones de trabajadores cotizantes. También la Auditoría Interna de la CCSS propuso que el aporte obrero-patronal de dichos fondos se traspase directamente al IVM. Con estas medidas; la Auditoría Interna afirma que no sería necesaria tomar otras medidas sobre el IVM que afecten la contribución de los trabajadores, patronos y Estado. Este plan requiere una reforma legal a la Ley de Protección al Trabajador, que creó las pensiones complementarias en el año 2001. Finalmente todas estas propuestas están en el tapete y deben analizarse y tomarse decisiones claras e inmediatas que hagan sostenible financieramente todo el Régimen de Pensiones del IVM que administra la Caja Costarricense de Seguro Social. Estaremos monitoreando sobre las medidas que tomen las autoridades respectivas y así salir de la incertidumbre generada en los últimos años.

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