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Por Marisa Kohan*
La decisión de Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto en junio pasado parece haber levantado el dique que mantenía bajo control demandas históricas del nacionalismo cristiano norteamericano. Una corriente de pensamiento que agrupa a un amplio espectro de la sociedad estadounidense, incluidos los grupos supremacistas blancos y aquellos que, enarbolando el sagrado derecho a la libertad religiosa, no dudan en utilizar los poderes del Estado para obligar a toda la población a seguir los dictados de su doctrina.
La derogación de la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 había legalizado el aborto a nivel federal, supuso un retroceso de 50 años y tuvo como reacción inmediata la promulgación de leyes restrictivas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Más de un docena de estados aprobaron poco después normas tan restrictivas que han hecho casi imposible abortar, incluso si existe malformación del feto o si el embarazo es fruto de una agresión sexual. Varios territorios han implantado políticas del latido fetal, que establecen que cuando se escuche el latido no puede realizarse el aborto, o plazos de apenas seis semanas para poder interrumpir el embarazo, un plazo tan corto que muchas mujeres ni siquiera son conscientes de estar embarazadas, lo que suponen de facto una prohibición casi absoluta.
Algunos estados han incluido además en su legislación la prohibición de acceder a medidas de prevención, como la conocida como píldora del día después, o la posibilidad de que las mujeres accedan a cualquier tipo de método farmacológico para abortar. Recientemente, un juez de Texas intentó prohibir en todo el país la venta y distribución de mifespristona, uno de los dos fármacos que se utilizan en abortos famacológicos. El Tribunal Supremo acordó finalmente mantener su venta mientras examina el fondo del asunto.
Leyes contra LGTBI, matrimonios interraciales y migrantes
En los últimos meses, diversos estados han promulgado, además, leyes para prohibir los tratamientos para personas trans; los matrimonios LGTB; libros de texto, películas o materiales educativos cuyos contenidos tengan que ver con la igualdad, la diversidad o la sexualidad. Algunos, incluso, han comenzado acciones para prohibir o poner trabas a los matrimonios interraciales.
Organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ, como Human Right Campaign, han denunciado que hasta mediados de febrero pasado se habían presentado en todo el país unas 340 leyes contra los derechos de las personas de este colectivo, una cifra que supera las 315 que hubo a lo largo de todo el año pasado.
Uno de los estados punteros en la promulgación de estas leyes anti-derechos es Florida, cuyo gobernador republicano, Ron DeSantis, acaba de lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el año que viene. DeSantis se ha convertido, de facto, en uno de los gobernadores más conservadores de todo Estados Unidos, impulsor de los postulados más reaccionarios contra los derechos de las mujeres, la población LGTBI, los migrantes y el control de los contenidos que promuevan la igualdad o la diversidad en las escuelas.
Una ley prohibe libros y películas sobre diversidad sexual
El pasado 19 de abril, la Junta de Educación de Florida aprobó una nueva ley (conocida como Don’t say gay) que prohíbe a los profesores la inclusión de cualquier contenido sobre igualdad e identidad sexual y de género en las aulas. El estado sureño ya contaba con una ley que restringía estos contenidos en los primeros años de primaria, pero ahora la nueva norma los hace extensivos hasta el último año de secundaria. Es decir, a alumnos de hasta 18 años.
A pesar de que la ley aún no ha entrado en vigor (tenía un plazo de un mes para hacerlo), varios profesores han sido sancionados o cuestionados por haber utilizado material considerado por algunos padres como no apropiado. Es el caso de Jenna Barbee, una profesora de quinto grado de una escuela del condado de Hernando, Florida, que hace unos días puso a sus alumnos la película de Disney Mundo extraño, que tiene un personaje de animación que es gay, aunque esto no es el centro de la cinta. La maestra afirma que la película no tiene contenido sexual, y que la escogió como parte del currículum sobre el medio ambiente y ecosistemas.
A raíz de la denuncia de un solo progenitor sobre este visionado, el departamento de Educación abrió una investigación a la profesora por «adoctrinamiento» e interrogó uno a uno a los alumnos, un hecho denunciado por la profesora y por otros activistas, que consideran que esta actuación está causando una angustia innecesaria en alumnos que no habían visto nada especial en la película en relación al personaje gay.
Esta censura viene a sumarse a otras denuncias, como la ocurrida en el condado de Pinellas (Florida), donde los responsables de Educación anunciaron que eliminaban de las escuelas y de las librerías el libro Ojos azules de la Premio Nobel de literatura y premio Pulitzer Toni Morrison, después de que un padre denunciara un acto sexual violento incluido en el libro.
A finales de marzo, la directora de un colegio en Tallahassee, la capital de Florida, fue obligada a dimitir después de que un progenitor denunciara que los niños habían estado expuestos a pornografía por ver una fotografía del David del escultor renacentista Miguel Ángel en una clase de arte en sexto grado.
Disney anuncia que no invierte en Florida
Disney, que tiene uno de sus principales centros en Florida, mantiene una dura disputa con su gobernador. Hace unas semanas, el coloso de la industria del entretenimiento se posicionó públicamente contra la ley que prohíbe la enseñanza de educación sexual y temas de género en las escuelas. Esta semana, directivos de la empresa anunciaron que cancelan los planes de construir un nuevo complejo en dicho estado, en el que tenían previsto invertir más de 1.000 millones de dólares.
Según una reciente encuesta del Pew Research Center, un 45% de los estadounidenses cree que su país «debería ser» una nación cristiana. Seis de cada diez adultos (incluidos siete de cada diez cristianos) sostienen, de hecho, que los fundadores de Estados Unidos tenían la intención de que así fuese. Crece, de hecho, la corriente que aboga por poner fin a la separación entre Iglesia y Estado. Una separación que, de facto, es cada vez menos sólida gracias a las leyes aprobadas por los legisladores ultracristianos.
La próxima disputa presidencial en 2024 en Estados Unidos está buscando el voto entre este amplio grupo de población y haciendo aflorar posiciones cada vez más conservadoras, como la de DeSantis, uno de los candidatos mejor posicionados para arrebatar la candidatura presidencial republicana a Donald Trump.
La ofensiva legislativa ultraconservadora es vista con recelo incluso por organizaciones como el Center for Religion and Civic Culture, integrado por personas de distintos credos religiosos, que hace unos meses alertó sobre esta inquietante tendencia: «Una teocracia [en Estados Unidos] sería algo malo para todos, incluidos los nacionalistas blancos cristianos». Según su análisis, para imponer sus mandatos religiosos al conjunto de la población, el ultranacionalismo cristiano necesita recurrir a políticas totalitarias que restringen la libertad individual; y esto viola el fundamento básico de la cultura política estadounidense.
* Marisa Kohan es una periodista española de origen argentino especializada en género, cooperación al desarrollo y Derechos Humanos. Desde 2017, escribe y coordina la información sobre igualdad y género en el diario Público.
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