La ‘Tercera República’ reeditada

Cuando el porvenir se anuncia con nombre del pasado

Alberto Salas

Introducción

Costa Rica eligió a doña Laura Fernández Delgado como Presidente de la República para el período 2026–2030. Según el visualizador de resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, su partido obtuvo el 48,30% de los votos válidos, frente al 33,44% del Partido Liberación Nacional. La toma de posesión será el 8 de mayo. En su discurso de victoria, la presidenta electa afirmó que “nos toca a nosotros edificar la Tercera República” y presentó esa idea como un “cambio profundo e irreversible” (TSE, 2026; Reuters, 2026; Amelia Rueda, 2026; La República, 2026).

Sin embargo, justamente porque el concepto de “Tercera República” tiene historia en Costa Rica, conviene tratarlo con cuidado. Ya a inicios de los años noventa se utilizó como marco propositivo para replantear el Estado y su modelo de desarrollo; y más tarde, en la discusión sobre la reforma estatal, el término reaparece como una categoría para interpretar cambios institucionales y tensiones sociales (Ruiz Zúñiga, 1991; Solís Fallas, 2021).

De ahí que el debate de fondo no sea si el país necesita o no reformas —que sí las necesita—, sino qué tipo de reforma se propone, con qué reglas de deliberación democrática y con qué lectura histórica. Este artículo plantea, con ánimo constructivo, que la “Tercera República” ya fue anunciada —y en buena medida ensayada— durante la gran ola de ajustes y reconfiguración estatal de los años noventa y su estela en el 2000 (CEPAL, 2000; Lizano, 1999).

Contexto histórico: La crisis de los 80 y la necesidad de reformas

La severa crisis económica de principios de los años 80 (deuda externa, inflación descontrolada, colapso del modelo de sustitución de importaciones) dejó al Estado costarricense en una situación de quiebra fiscal y profunda ineficiencia. Los gobiernos de la década (Monge, Arias, Calderón) comenzaron, bajo presión de organismos internacionales (FMI, Banco Mundial), a aplicar medidas de ajuste y reformas neoliberales (apertura comercial, reducción del Estado). Sin embargo, existía una percepción generalizada de que estas reformas eran parciales, descoordinadas y generaban gran conflictividad social.

Durante la década de 1980, Costa Rica enfrentó una profunda crisis económica: inflación elevada, endeudamiento externo, recesión y una crisis fiscal que erosionó la capacidad del Estado para sostener el modelo social construido en la Segunda República. En ese contexto, los gobiernos de Luis Alberto Monge (1982–1986), Óscar Arias Sánchez (1986–1990) y Rafael Ángel Calderón Fournier (1990–1994) impulsaron programas de estabilización y ajuste estructural en coordinación con organismos internacionales (Lizano, 1999; Vega, 1996; CEPAL, 2000).

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) buscaron reorientar la economía desde un modelo centrado en el mercado interno hacia uno basado en exportaciones, inversión extranjera y apertura comercial. Esto incluyó reducción del gasto público, privatizaciones parciales, flexibilización laboral y cambios en el régimen fiscal y financiero (CEPAL, 2000; Vega, 1996).

En los años noventa, estas reformas se consolidaron con la adhesión de Costa Rica al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1990 (GATT por sus siglas en inglés) y su incorporación como miembro original de la OMC (1995), reforzando una estrategia de inserción internacional orientada a la competitividad externa (WTO, s. f.).

Objetivos centrales que se discutían:

1. El nuevo modelo se apoyó en incentivos a la inversión y exportación no tradicional, la expansión de zonas francas y la modernización de sectores estratégicos. Sin embargo, también implicó una gradual presión sobre el pacto social redistributivo y sobre la legitimidad de los mecanismos tradicionales de negociación política (CEPAL, 2000).
2. Adaptación al modelo de apertura comercial: Fortalecer la competitividad tras la adhesión al GATT (1990) y la futura creación de la OMC.
3. Débil sistema tributario: En paralelo, se enfrentó una crisis fiscal persistente: el Estado gastaba más de lo que recaudaba, con un sistema tributario poco progresivo y dependiente de impuestos indirectos. La deuda interna aumentó y se volvió estructural el déficit fiscal (CEPAL, 2000; Lizano, 1999).
4. Algunas leyes tributarias: La Ley 7543 de Ajuste Tributario (1995) fue un intento parcial por aumentar la recaudación, mediante reformas en renta e impuestos selectivos al consumo, y otras medidas de administración tributaria (Costa Rica, Ley N.º 7543, 1995).

Sin embargo, no resolvió el problema de fondo: la debilidad del sistema fiscal y la resistencia social y política a reformas profundas. Esto dejó al país con una estructura tributaria frágil que, con el paso del tiempo, se volvió insostenible (CEPAL, 2000).

Actores clave y sus posturas

El proceso fue notable por intentar congregar a actores tradicionalmente antagónicos:

• Sector Empresarial Organizado: Liderado por CADEXCO (Cámara de Exportadores de Costa Rica), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y grupos de pensamiento neoliberal como ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico). Eran los principales impulsores de una reforma profunda, rápida y orientada al mercado. Veían al Estado como un obstáculo para la competitividad.
• La “Tercera República” fue, en los años noventa, una idea asociada a la modernización del Estado: racionalización institucional, reformas administrativas, apertura económica y un rediseño del pacto social. En esa época, el término circuló tanto como propuesta de futuro como categoría de interpretación de la reforma estatal (Ruiz Zúñiga, 1991; Solís Fallas, 2021).
• Partidos políticos: El Partido Liberación Nacional (PLN), en el gobierno con José María Figueres Olsen (1994-1998), fue el gran impulsor político de este proceso. Figueres llegó a la presidencia hablando de la «nueva frontera» y del «cambio para seguir igual», y vio en la Tercera República el marco para su proyecto modernizador. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) apoyaba en general las reformas desde la oposición. Los partidos de izquierda (como Fuerza Democrática) se oponían radicalmente.
• Academia e intelectuales: Figuras como el economista Eduardo Lizano (Presidente del Banco Central) fueron claves en el diseño técnico de las reformas. Otros intelectuales aportaban al debate sobre la gobernabilidad y la democracia.

  El proceso y los espacios de diálogo

  La «Tercera República» se impulsó a través de varios mecanismos:

  • Foros y comisiones tripartitas: Espacios donde gobierno, empresarios y sindicatos discutían proyectos de ley.
  • El «Grupo de los 20»: Un espacio informal pero muy influyente de líderes empresariales, políticos, académicos y algunos sindicalistas que se reunían para discutir el rumbo del país.
  • Entre 1994 y 1998 se activaron espacios de concertación —formales e informales— donde se discutieron rutas de apertura comercial, reformas del Estado y sostenibilidad fiscal. La narrativa oficial apelaba a un “nuevo pacto” que modernizara el aparato estatal sin romper con la tradición democrática del país.
  • Presión desde organismos internacionales: El Banco Mundial y el BID condicionaban préstamos a la implementación de reformas (ajuste estructural), lo que daba urgencia y marco técnico al proceso.

  Logros y resultados concretos

  El proceso, a pesar de su ambición, tuvo resultados mixtos y parciales. Algunas reformas se lograron, otras fracasaron estrepitosamente:

  • Éxitos relativos:

  • En los años 90 hubo ajustes tributarios (p. ej., Ley 7543 de 1995), pero el IVA como tal se aprobó décadas después con la Ley 9635 (2018) y su implementación en 2019.
  • El “Combo ICE” fracasó, pero la discusión sobre apertura sectorial persistió. Años después, la apertura y competencia en telecomunicaciones y el mercado de seguros se materializaron con la Ley General de Telecomunicaciones N.º 8642 y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N.º 8653, ambas de 2008 (Costa Rica, Ley N.º 8642, 2008; Costa Rica, Ley N.º 8653, 2008).
  • Modernización del Sistema Financiero: Se permitió mayor participación privada en la banca.

  • Fracasos estruendosos:

  • Privatización del ICE (Proyecto «Combo ICE»): Uno de los momentos más críticos fue el “Combo ICE”, un paquete de reformas impulsado por el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998–2002) en el año 2000, orientado a reestructurar el ICE y abrir el sector eléctrico y de telecomunicaciones. La protesta social fue masiva y sostenida, y obligó a retirar el proyecto (Menjívar Ochoa, 2012).
  • Aunque el IVA como tal se aprobó décadas después con la Ley 9635 (2018) y su implementación en 2019, la semilla de la reforma estaba plantada desde esos años, generando tensiones que se acumularon hasta explotar en el siglo XXI (Costa Rica, Ley N.º 9635, 2018).
  • Reforma del Sistema de Pensiones (Capitalización Individual): No prosperó, manteniéndose el sistema de reparto.

  Legado y evaluación

  La “Tercera República” implicó un cambio profundo del sistema político costarricense: crisis de representación, debilitamiento del bipartidismo tradicional, emergencia de nuevos partidos y fragmentación legislativa. El modelo de concertación de élites se volvió menos eficaz para gestionar conflictos sociales y reformas estructurales (Lehoucq, 1998; Solís Fallas, 2021).

  1. Demostró los límites del consenso: Mostró que, en la democracia costarricense, por más que las elites políticas y económicas acuerden una agenda, la movilización social organizada (sindical y comunitaria) tiene un poder de veto formidable. No siempre alcanza para producir reformas estructurales si no existe legitimidad social y procesos de participación creíbles. La movilización ciudadana demostró capacidad de veto político cuando percibe que el rumbo se define sin ella
  2. Reformas incompletas: El Estado costarricense se reformó de manera híbrida. Se modernizó en áreas fiscales y comerciales, pero mantuvo intactos sus pilares sociales (instituciones autónomas, monopolios públicos clave, Caja Costarricense de Seguro Social). Esto creó tensiones permanentes entre eficiencia mercantil y solidaridad social porque sencillamente “refundar” el Estado sin resolver la pregunta central: ¿qué se moderniza, para quién, y con qué salvaguardas? No es posible.
  3. Agotamiento del modelo de concertación: Los grandes pactos “desde arriba” quedaron debilitados cuando el país entró en ciclos de alta conflictividad y desconfianza. Desde entonces, la “concertación” dejó de ser una palabra neutra: para unos, es gobernabilidad; para otros, es sinónimo de acuerdos cerrados. La lección no es renunciar al diálogo, sino comprender que el diálogo sin representación social efectiva termina perdiendo autoridad moral. El fracaso del «Combo ICE» envenenó el clima político por años, haciendo muy difícil cualquier intento posterior de reforma estructural mediante grandes pactos.
  4. Concepto historiográfico: Hoy, los historiadores y politólogos usan el término «Tercera República» para analizar ese período de transición y conflicto (décadas de 1990 y 2000), más que para describir un proyecto logrado. “Tercera República” funciona también como categoría de análisis: describe una transición, un período de reacomodo y disputa sobre el modelo de Estado y desarrollo. hay que explicar la continuidad histórica y justificar con claridad qué sería, en términos concretos, “tercera” y qué sería realmente “república” en sentido institucional.

  En resumen, la «Tercera República» fue la gran iniciativa reformista de la Costa Rica de los 90, un intento de pacto nacional para rediseñar el Estado tras la crisis. Su impulso vino de una coalición de gobierno, empresarios y tecnócratas, pero encontró su muro infranqueable en la resistencia sindical y social, encabezada por ANEP, que defendió el legado de la Segunda República.

  Desde la historiografía política, se puede interpretar la “Tercera República” como una etapa de transición: el paso del Estado social fuerte de la Segunda República hacia un Estado más regulador, más abierto al mercado y más dependiente de la gobernanza multinivel (Ruiz Zúñiga, 1991; Solís Fallas, 2021; CEPAL, 2000).

  La enseñanza mayor sobre todo para la juventud es sencilla y exigente a la verdad ya que los sectores sociales logran movilización con cohesión, no cuando se confunde el impulso con el eslogan. Si la “Tercera República” va a ser más que una consigna, debe construirse con memoria histórica y con acuerdos que no le teman a la ciudadanía organizada, sino que la incorporen como sujeto político.

  El llamado contemporáneo a una “Tercera República” puede ser, entonces, una invitación legítima a renovar instituciones y recuperar confianza. Pero para que no sea un eslogan reciclado, debe reconocer que parte del tránsito ya ocurrió —con logros, costos y conflictos— y que el país aprendió, a veces con dolor, los límites del consenso cuando se intenta reformar sin suficiente deliberación y escucha social (Menjívar Ochoa, 2012; Solís Fallas, 2021).

  Conocer esa historia no es un ejercicio académico: es una condición práctica para no patear dos veces la misma piedra. La movilización y cohesión social —cuando sienten amenazados derechos, servicios o símbolos nacionales— ha sido un contrapeso decisivo. Si el nuevo gobierno desea una transformación de verdad, su mayor oportunidad está en construir acuerdos verificables y transparentes, con participación social, y con memoria histórica (Ruiz Zúñiga, 1991; Solís Fallas, 2021; Menjívar Ochoa, 2012).

  Referencias bibliográficas

  Amelia Rueda. (2026, 2 febrero). “Nos toca a nosotros edificar la tercera República”, dice Laura Fernández tras ganar las elecciones. AmeliaRueda.com.

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2000). Reformas estructurales y política económica en Costa Rica (LC/L.1360). CEPAL.

  Costa Rica. (1995). Ley N.° 7543: Ley de Ajuste Tributario. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), Procuraduría General de la República.

  Costa Rica. (2008). Ley N.° 8642: Ley General de Telecomunicaciones. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), Procuraduría General de la República.

  Costa Rica. (2008). Ley N.° 8653: Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), Procuraduría General de la República.

  Costa Rica. (2018). Ley N.° 9635: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), Procuraduría General de la República.

  La República. (2026, 5 febrero). Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. La República.

  Lehoucq, F. (1998). Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad Nacional (EUNA).

  Lizano, E. (1999). Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica, 1982–1994. San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica.

  Vega, M. (1996). Cambios en la sociedad costarricense en la década de los 80: ajuste estructural y crisis. Revista de Historia, 33, 35–54.

  Menjívar Ochoa, M. (2012). El “Combo ICE”: una prolongada huelga general y un movimiento social de origen sindical que desembocó en la insurrección popular. Revista de Ciencias Sociales, 135-136(I-II), 55–69.

  Reuters. (2026, 1 febrero). Fernandez overwhelmingly wins Costa Rica presidency as populist project secures new term. Reuters.

  Ruiz Zúñiga, Á. (1991). La Tercera República: Ensayo sobre la Costa Rica del futuro. San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano Cultura y Desarrollo.

  Solís Fallas, A. (2021). Reforma del Estado y fundación de la Tercera República. San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

  Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). (2026). Resumen de resultados (SVR2026): Elecciones Nacionales 2026.

  World Trade Organization (WTO). (s. f.). Costa Rica: Member information. Recuperado el 7 de febrero de 2026.

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