La sombra del narcotráfico se cierne sobre la tranquilidad y el turismo de Costa Rica

Abril 22, 2023

Tomás Guevara
Houston Castillo Vado

voa
El plan del gobierno de Costa Rica es reforzar la seguridad pública, crear leyes para extradición de narcotraficantes y mejorar la cooperación ciudadana para hacer frente a la creciente ola de crimen organizado y violencia en el país. Houston Castillo / VOA

Lugareños y turistas señalan narcotráfico tras ola de homicidios; armas y mercado local de drogas agudizan el problema que ha puesto al gobierno en alerta máxima. La industria turística de Costa Rica recibió 2.3 millones de turistas en 2022 a pesar de la situación.

WASHINGTON / SAN JOSÉ — El aumento de homicidios año tras año en Costa Rica llegó en 2022 a tocar la marca roja de 656 asesinatos con armas de fuego, 68 muertes violentas más que en 2021, y unas 88 más que en 2020, lo que ha elevado las alertas de la ciudadanía y del gobierno en un país considerado un oasis para el turismo, un referente de la democracia en Latinoamérica donde no hay ejército y caracterizado por la tranquilidad.

Mientras recorría las calles del céntrico San José, la ciudadana costarricense Inés Poveda Sánchez le dijo a la Voz de América, al hablar de la situación del país, que en Costa Rica se está seguro dependiendo de las circunstancias.

“Sí han aumentado estos crímenes que se dan por las drogas, pero a usted no lo atacan si está segura del lugar por donde camina y con las personas con quien usted anda y a las horas en que usted sale”, explica Poveda.

Sus apreciaciones no se alejan de las de su compatriota Leonardo Hernández, quien comenta a VOA que la ola de crímenes que más preocupa son las balaceras y las fatalidades registradas que apuntan a las acciones del narcotráfico en el país.

“Ojalá que las autoridades grandes pongan atención porque toda la ciudadanía está pensando en este problema; y no sólo nosotros como ticos, sino todos los que vienen de turismo”, dice Hernández.

El motor del turismo

Los turistas sin embargo no ven un serio problema de inseguridad, aunque reconocen que hay “advertencias desde la población” e incluso de las autoridades y de los países de donde provienen, para «estar alertas».

La turista estadounidense Giselle Hernández, comentó a VOA que “la verdad al estar en lugares turísticos me he sentido muy segura”, aunque ve un contrapunto en la capital donde aumentan las recomendaciones sobre todo al visitar el mercado, pero que al haber crecido en México, “está acostumbrada” a entornos donde se debe estar «muy alerta».

Por su parte el turista estadounidense Rommel González, le dice a VOA que por el contrario, él lleva 11 años visitando cuantas veces puede Costa Rica y que hay mucha policía en las plazas y calles de la ciudad por lo que toma con cautela las alertas de seguridad que recibe. A su juicio la situación no es alarmante.

Costa Rica recibió en 2022 un total de 2 millones 349.537 turistas, según registros del Instituto Costarricense de Turismo, con un monto que superó en más de un millón a los visitantes de 2021, la institución gubernamental superó las expectativas de viajes a lo previsto para ese año post pandemia con estadounidenses en el porcentaje más alto de visitantes.

Pese a todo, el ministro de turismo, William Rodríguez, ha calculado que los esfuerzos conjuntos del sector privado y gubernamental están enfocados a igualar y en lo posible superar para este 2023 “los indicadores turísticos que el país tenía antes de la pandemia” de COVID-19.

El gobierno del presidente Rodrigo Chaves presentó este miércoles un ambicioso y amplio plan para revertir la criminalidad que afronta el país con la penetración del narcotráfico.

El trasfondo de la droga

El experto en seguridad y tráfico de drogas por Centroamérica, Douglas Farah, de IBI Consultants en Washington, en conversación con la Voz de América, expone las complicaciones para el país centroamericano convertido desde hace algunos años en puente de paso de los cargamentos de droga provenientes del sur en sus paradas en la ruta hacía México, EEUU y el mundo.

Farah dice que la primera etapa de la incursión del crimen organizado en Costa Rica se inició con operaciones “más ocultas” de crimen cibernético, pero poco a poco ha ido perneando hasta llegar a lo más letal: la droga, el aumento de armas en las calles, la conformación de estructuras criminales para agilizar el paso de los cargamentos, y lo más delicado, las disputas entre carteles.

La buena infraestructura logística de Costa Rica, los avances de la nación centroamericana con banda ancha para Internet y el sentido de acogida de turismo “al ser un país muy abierto al turismo” ha jugado en contra explica Farah.

A eso suma que el país no tiene ejército, por lo que salvaguardar la seguridad interna recae en su totalidad en la Policía Nacional, que no ha recibido cooperación exterior ni capacitaciones para enfrentarse un problema de esta magnitud.

“Como se sabe, Costa Rica no tiene ejército, tiene una policía no tan desarrollada en asuntos antinarcóticos y con la inundación de droga que se les ha venido y ha ido creciendo el fenómeno, no tienen la capacidad para enfrentarlo en la costa y tampoco en el tráfico marítimo”, explica Douglas Farah.

Un artículo del centro de análisis en Washington InSight Crime, detecto en 2022 que la violencia se focaliza en las regiones donde hay disputas de territorios por los carteles.

InSight Crime consideró la provincia de Limón, en la franja atlántica del país “capital nacional de homicidios” al registrarse en esta región el mayor porcentaje de muertes por “el creciente flujo de cocaína que ha reanudado las disputas por el puerto principal, punto de salida de narcóticos del país”.

Este centro de análisis considera también que los choques entre bandas criminales y los atracos entre capos en la zona han elevado las alertas y obligado a las autoridades a desplegar recursos policiales para proteger a la ciudadanía.

“Una de las principales causas de la violencia es el puerto de contenedores de Moín, en Limón, que presenta dificultades para contener el flujo de cocaína”, el año pasado las autoridades arreciaron los operativos y lograron detectar unas cinco toneladas de cocaína en contenedores con destinos como Reino Unido, entre otros países.

InSight Crime analiza que los picos de homicidios han ido en aumento después de 2017, que se presentó la primera alerta roja.

Desde aquel año ha habido brotes esporádicos en Limón como epicentro y que “atizan una crisis de seguridad cada vez más arraigada, propiciada por la competencia entre grupos de narcomenudistas y distribuidores medianos por las rentas del narcotráfico”.

El espejo de Ecuador

Douglas Farah agrega que Costa Rica debe afrontar el problema cuanto antes, porque a la vista hay ejemplos de países como Ecuador, donde el crimen organizado comenzó operando sin afectar la seguridad, pero que hoy representa un agudo problema para el país sudamericano.

“Uno ve en Ecuador lo que puede pasar en Costa Rica, un país históricamente muy tranquilo, sin mucha violencia y ahora tiene una de las tasas de homicidios más altas en el hemisferio con el problema de las cárceles, de la violencia y no sólo eso, sino la entrada de mafias internacionales que hacen muy difícil afrontar el fenómeno», opina Farah.

Sin embargo, este experto destaca la participación ciudadana costarricense, que sigue siendo un valor fuerte para contrarrestar el problema, por la confianza que existe en la institucionalidad del país y sus capacidades.

Un factor que se debe cuidar al máximo –opina- porque se ha comprobado en la región que cuando el crimen organizado llega aumentan los índices de corrupción por las ingentes cantidades de recursos que mueve y eso a posteriori hace perder la confianza de la ciudadanía en el Estado.

Inés Poveda le dijo a VOA que como ciudadana costarricense es conciente que trabajar por la seguridad del país no sólo es responsabilida de la policía, de las ministros y del presidente de la república, sino «de todos los ciudadanos que debemos unirnos para prevenir la inseguridad».

Poderes de Estado afianzarían plan

La administración del presidente Rodrigo Chaves al presentar la estrategia de seguridad esta semana ante la crisis de violencia explicó que se trata de una reforma intensa donde deben participar los tres poderes de Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía y que sea sostenible para el futuro.

Además de reforzar el trabajo con 10.000 policías, se busca una mayor inversión en los cuerpos policiales, articular esfuerzos en todo el territorio y hacer reformas a nuevas leyes que tocará a la Asamblea Legislativa, así como impulsar una “Ley de Extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo”, aspectos que tocaría en su momento ventilar a la Corte Suprema de Justicia del país.

“Queremos una mejor Costa Rica para las próximas generaciones, y sólo luchando contra la criminalidad es que lo vamos a lograr (…) nuestra prioridad es la seguridad, y vamos a enfocar esfuerzos y recursos en lograrlo”, dijo el presidente Chaves al presentar el pliego de medidas que deberán dar resultados en un lapso no mayor a seis meses.

Una reingeniería en la funcionalidad de la policía permitirá tener resultados en el corto plazo, así como arreciar el reclutamiento de más efectivos.

«Se abrirá un proceso de reclutamiento extraordinario, la Administración disponía de plazas vacantes que no se podían nombrar, pero se modificó el proceso para acelerarlo, lo que permitirá el nombramiento de 400 nuevos policías en junio” anunció el Gobierno.

El pliego de medidas también incluye peticiones de refuerzo presupuestario a la Asamblea Legislativa para contratar unos 300 agentes más con lo que se sumarían 700 efectivos antes de concluir el año, y con un préstamo de 5 millones de dólares se creará el Centro de mando y Control de la Región Centroamericana para operar “con tecnología de punta” a disposición de la policía para combatir el crimen.

Voz de América

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